Nursultán, 21 de febrero de 2022.- El Gobierno de Kazajistán espera tener a mediados de marzo resultados preliminares de la investigación abierta sobre los violentos disturbios de enero pasado, que provocaron cerca de 240 muertos, 4.600 heridos y unas 10.000 detenciones.
Según explicaron hoy varios responsables del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, aún hay 470 personas arrestadas relacionadas con 3.193 procesos penales, que incluyen actos terroristas (46), asesinatos (94) y acciones violentas (45).
Destacaron que esos disturbios empezaron como una protesta pacífica ante el encarecimiento del gas licuado y después, cuando se habían decretado medidas para evitar esa subida de precios, comenzaron en varias ciudades, de un modo sincronizado y coordinado, ataques de extrema violencia «que en muchos casos fueron actos terroristas que pretendían desestabilizar el país».
El vicefiscal general, Bulat Dembayev, lamentó cómo se aprovechó una protesta popular para realizar estos ataques desde un único mando, que pretendía, según dijo, tomar el poder económico y social del país y que mostró su capacidad para bloquear la distribución de la energía o los medios de transporte.
Además, afirmó, pretendían dejar sin abastecimiento a la población de las zonas afectadas, especialmente en Almaty.
En esta última ciudad, antigua capital de la república, unas 20.000 personas participaron en los disturbios y los actos violentos, aseguró.
En total, los ataques «destruyeron» en distintas ciudades 1.466 negocios y edificios, 71 de ellos oficiales, y se incendiaron, o se dañaron seriamente, 700 vehículos, incluidos 345 de los que utilizan los servicios de emergencia o la policía y 116 propiedad de civiles.
En distintas ciudades se produjeron «protestas inusuales» en las que participaron «personas que fueron a una manifestación pacífica, otras que fueron víctimas del extremismo violento, otras que eran pequeños delincuentes y saqueadores, y, un cuarto grupo, que eran terroristas que planeaban tomar el poder», enfatizó Dembayev.
Además, en estos disturbios se robaron 3.388 armas de fuego, incluidas 1.629 pistolas de varias tiendas de caza, dentro de los saqueos a edificios oficiales, centros comerciales, sucursales bancarias y vehículos del Servicio de Fronteras del Comité de Seguridad Nacional y de la policía.
De estas armas, sólo se han recuperado 967 unidades y los daños estimados superan los 250 millones de euros.
10.000 DETENCIONES, 4.353 HERIDOS Y 238 MUERTOS
Según los datos aportados este lunes, como resultado de los disturbios, 4.353 ciudadanos resultaron heridos, incluidos 3.393 empleados de las fuerzas del orden (78 %), mientras que murieron 238 personas, 19 de ellas policías o militares.
De las 10.000 detenciones iniciales, permanecen encarceladas 470 personas, de las que «35 pertenecían a bandas religiosas», y ya se han completado y mandado al juzgado para su instrucción casos criminales contra 86 detenidos.
El viceministro de Interior, Erzhan Sadenov, explicó que entre los 20.000 participantes en los disturbios había ciudadanos de distintas nacionalidades, «muchos de ellos terroristas que dispararon contra la policía, que estaba desarmada cuando las concentraciones eran pacíficas, y que después actuaban como auténticos profesionales, retirando los cuerpos de los fallecidos de su bando para que no pudieran ser identificados posteriormente».
Además de los 3.193 casos de penal abiertos (terrorismo, asesinados y disturbios), se han decretado medidas preventivas sobre 158 personas que fueron detenidas en primera instancia y que ahora no pueden abandonar el país.
De estas 10.000 detenciones para abrir diligencias, cerca de la mitad no recibieron ninguna sanción y más de 3.300 han motivado la apertura de procesos civiles.
INVESTIGACIÓN DE POSIBLES CASOS DE VIOLENCIA POLICIAL
Hasta la fecha, la fiscalía ha recibido 363 denuncias de ciudadanos sobre métodos ilegales de investigación y violaciones de los derechos de los ciudadanos durante las jornadas de incidentes por parte de los agentes de policía.
En base a 188 de estas denuncias, los fiscales han iniciado una investigación previa a las eventuales acciones legales ante posibles torturas o abusos de poder, y ambos responsables destacaron que Kazajistán perseguirá estás acciones y aplicará todo el peso de la ley si se han producido estos delitos.
Semanalmente, la Oficina del Fiscal General y el Ministerio del Interior brindan información sobre las medidas tomadas para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos que han caído en la órbita criminal o han sido arrestados por faltas administrativas.
EFE
