Columna de opinión
POR: Monkey D, Dragon*
Algo pasa con la sociedad Medellinense y su noción sobre vida y muere. El chip nuestro se encuentra determinado por la muerte violenta desde que sabemos que existen múltiples posibilidades de que podamos ser liquidados por cualquier delincuente en las calles del centro o de la periferia de la ciudad de Medellín, pero también la gente sabe que en esta ciudad cualquier motivo puede ser causal de homicidio.
Al lado de los homicidios, los suicidios son una de las principales causas de Muerte en la ciudad, siendo la segunda ciudad después de Bogotá con mayor número de suicidios registrados para el 2013 (Cifuentes Osorio, 2013), y es normal que en sociedades con presunciones de modernidad las personas se sientan desintegradas socialmente y opten por conductas anómicas como el suicidio. Sin embargo esto no deja de ser preocupante, porque en primer lugar el suicidio es algo extraordinario pues es un hecho social artificial producto de la intervención humana; por el otro, es una respuesta implícita a la incapacidad del Estado de ayudar a resolver los problemas materiales y existenciales de sus individuos. Como veremos más adelante, no solo preocupa el suicidio del individuo que busca resolver su problema existencial, este cuando es ejecutado por el suicida, en algunos casos genera riesgos a la vida de terceros y afectación sicológica. En el edificio la alpujarra de Medellín, cada individuo que se lanza al vacío se quita la vida pero pone en peligro la vida de quien transita por allí.
En este orden de ideas, en el presente artículo queremos dar una opinión breve sobre los casos de suicidios que “se vienen” dando en el edificio la alpujarra de la ciudad de Medellín. Para esto tocaremos dos aspectos básicos. 1. La deficitaria defensa que tienen los individuos de escasos recursos para una defensa objetiva y sin discriminación por parte de un juez imparcial. 2, el escaso interés de la rama judicial y el ministerio de justicia para la prevención de suicidio en las instalaciones de un edificio del gobierno.
El acceso a una justicia proporcional:
Colombia es un país de contradicciones en cuanto a la administración de justicia se refiere, la aplicación de la ley es implacable dependiendo el estrato social del condenado. Cómo ya han señalado algunos columnistas el hurto de un caldo de gallina es casi proporcional al genocidio de un partido político, mientras un jefe paramilitar paga 8 años de prisión por cientos de homicidios el robo de dicho caldo acarrea 4 años de cárcel. La justicia es implacable para quienes no tienen como acceder a los servicios de un buen abogado; es importante señalar que en un país en dónde todas las universidades tienen programas de derecho, lo que se busca es sacar abogados rápidamente sin la menor formación humanística y a la vez en muy pocos casos sin la debida formación técnica de su campo de saber, esto es lo mas fatal para el ciudadano que requiere un servicio de calidad.
Viendo que el acceso a la justicia es tan difícil para los grupos sociales más desfavorecidos, se promulgaron las reglas de Brasilia, un concilio de jueces y abogados que promueve el derecho a la igualdad y la no discriminación de aquellas personas que no pueden acceder efectivamente a la justicia de los países de la región, es por esta razón que las reglas de Brasilia en las sección 1 dicen que estas “tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial” estos jueces de américa latina fueron conscientes de las grandes dificultades que tienen los ciudadanos de escasos recursos a un sistema judicial imparcial, diligente y ponderado.
En un sistema jurídico como el colombiano entendemos que el adagio de que “la ley es para los de ruana” aplica perfectamente. Poder acceder a los buenos servicios de un buen abogado es complicado, por dos razones fundamentalmente, la primera porque pagar un buen abogado resulta costoso y segundo porque la mediocridad con la que están graduando a los abogados es tan inusual que estos prefieren que los inocentes confiesen delitos que no cometieron para poder sacar un caso rápido y así abogados y fiscales van resolviendo con celeridad ciertos casos.
Esta dificultad que tienen las personas de escasos recursos de acceder a un sistema judicial efectivo en el contexto de Medellín (para no decir que todo Colombia) significa que el castigo del Estado por un delito es doble, porque las condiciones infrahumanas en que viven los condenados son de las peores del continente, no sólo se condena al individuo se condena a sus familias, un castigo simbólico y a la vez real que llevan miles de familias a sus espaldas. En las cárceles hay culpables de hechos atroces, y también gente incauta que por asuntos del azar terminan allí.
Dadas las cosas de esta manera, en Medellín algunos sindicados y condenados, llevados por el estrés han llegado a optar por acortar el suplicio de la condena y la tortura del encierro en condiciones miserables. Por esta razón, ha habido muchos que se tiran por las ventanas del edificio de justicia. Este edificio caluroso, con un ascensor escalofriantemente antiguo que algún día (y el día esté lejano) podrá generar una tragedia es dónde se condenan a los ciudadanos de la ciudad. De ese edificio lúgubre y con un calor asfixiante muchos deciden partir hacia la muerte rápida y violenta.
Nos parece preocupante que ninguna alcaldía, gobernación, gobierno nacional y rama judicial haya hecho nada por impedir estos sucesos que poco a poco empezarán a crecer por efectos de mimetismo. El suicidio en este edificio acarrea un riesgo adicional que levemente mencionamos arriba y es que si bien el suicida tiene el derecho a decidir cuándo dejar de vivir (si uno no puede elegir vivir dignamente por lo menos puede elegir cuando irse de este mundo), también es cierto que la caída de un suicida encima de un transeúnte es un peligro que no tenemos por qué asumir los ciudadanos que si queremos vivir.
El edificio de justicia de Medellín no puede ser un patíbulo a plena luz del día, no podemos tolerar la exigua solidaridad y compromiso con la vida de los administradores de justicia y del Estado para con los reos, sindicados y condenados, pero mucho menos para quienes de manera desprevenida deambulan a diario por esta plaza. Por eso proponemos que se coloque una red que ataje los cuerpos que se precipiten al vacío en la parte de debajo de las ventas, o que se pongan rejas externas en el edificio y hasta se ponga un sistema de enfriamiento que permita mantener las ventanas canceladas, para que así podamos evitar estos hechos escabrosos.
*Ciudadano de a pie.
