Ciudad de Panamá, 1 junio.- La audiencia preliminar del caso Lava Jato en Panamá, para decidir sobre el llamamiento a juicio por lavado de dinero a 33 implicados, entre ellos los socios fundadores del bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo conocido como Papeles de Panamá (Panama Papers), se pospuso este martes, por tercera vez, y fue reprogramada para el 2022.
La ausencia de cuatro defensores impidió la instalación de la audiencia por parte del Juzgado Tercero Liquidador, y la nueva fecha agendada para su celebración es del 20 de marzo al 7 de abril de 2022, declaró a los periodistas la fiscal superior, Isis Soto.
El caso de la Fiscalía panameña involucra a 41 imputados, y en esta audiencia preliminar se solicitaría «el llamamiento a juicio para 33» de ellas «por blanqueo de capitales a través de la operación Lava Jato» y el sobreseimiento de las otras, de acuerdo con la información oficial.
Soto recordó que esta investigación comenzó en el 2016 «producto de hechos noticiosos» en el marco de la operación Lava Jato en Brasil que vinculaban «a una oficina de abogados en Panamá que daba estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedentes de actividades ilícitas», y que la Fiscalía cuenta «con los elementos probatorios que acreditan el hecho y la vinculación».
Por su parte, Ramón Fonseca Mora recordó a los periodistas que «ya van dos» suspensiones» de esta audiencia preliminar, y opinó que de seguir así la situación los imputados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) «no van a ser llamadas a juicio porque no vamos a llegar a esa etapa».
«¡Nosotros queremos salir de esta vaina ya!», aseguró el socio fundador del bufete Mossack Fonseca, y sostuvo que este caso en su contra es «político, amañado y sin pruebas».
Al ya extinto bufete panameño, explicó Fonseca Mora, se le acusa «de haber vendido sociedades anónimas que fueron usadas en Brasil para el Lava Jato.» Según publicó algún medio panameño, recordó Fonseca, «esa sociedad había sido para comprar un apartamento para (el expresidente brasileño Luiz Inácio) Lula da Silva».
«Pues se confirmó de que Lula no era dueño de ese apartamento sino una pobre señora que era cliente de nuestra oficina en Sao Paulo. Se equivocaron de piso, Lula estaba en el piso de abajo (…) nos metieron en un proceso que no tiene ni pies ni cabeza», agregó.
Guillermina McDonald, la defensora de Mossack y Fonseca Mora, recalcó que el caso Java Jato en Panamá está basado «en investigaciones realizadas en Brasil, (un país) que no conoce la ley de sociedades anónimas panameñas, que la satanizó con un propósito muy claro, porque no tuvieron fruto (las investigaciones) dentro de Brasil porque el juez (Sergio) Moro estaba totalmente politizado».
«La tesis de nosotros es que no se ha cometido ningún tipo blanqueo de capitales, ninguna de las fases de blanqueo de acuerdo con las fases que plantea la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), y no hay tipicidad en cuanto a lo que dice nuestra norma penal» panameña, agregó la defensora.
Como titular del juzgado decimotercero federal de Curitiba, Moro fue el responsable por la Lava Jato, que desmontó una gigantesca red de empresarios y políticos que desviaba recursos de la petrolera estatal Petrobras, mayor empresa del país, y envió a prisión al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
La Corte Suprema de Brasil ratificó en abril pasado la decisión adoptada por uno de sus jueces, que anuló las condenas dictadas en primera instancia contra Lula, por considerar que Moro no actuó de forma imparcial.
Además de Lava Jato, Mossack y Fonseca Mora son procesados en Panamá por el escándalo de las empresas «offshore» conocido como Papeles de Panamá (Panama Papers), que involucró a personalidades de todo el mundo que supuestamente intentaban ocultar fortunas y evadir impuestos.
«Nosotros también queremos probar en este juicio que vender sociedades anónimas panameñas no es un delito, se hace todos los días y se hace todos los días en el mundo entero, porque el mundo camina con sociedades anónimas», dijo Fonseca Mora.
