A la disputa entre el expresidente Álvaro Uribe y el sistema judicial colombiano le ha salido un nuevo tablero de ajedrez. Uno internacional, con énfasis en Washington.
Esta semana nacieron, casi en simultánea, dos iniciativas que buscan promover lo que sus fundadores llaman la verdad de la investigación que adelantó la Corte Suprema contra Uribe por supuesta manipulación de testigos, y que hoy lleva la Fiscalía, y que lo tiene bajo arresto domiciliario.
La primera en estrenarse fue Free Uribe, una campaña que fue lanzada por DCI Group, firma de relaciones públicas ubicada en la capital estadounidense que fue contratada por el expresidente para que lo ayude a difundir su versión de los hechos.
A las pocas horas surgió la Plataforma Internacional de Monitoreo, que está conformada por cinco organizaciones de derechos humanos con énfasis en lo jurídico cuyo objetivo, sostienen, es garantizar la “independencia e imparcialidad” del proceso.
Ambos lanzaron sus campañas con cuentas en redes sociales que han ido creciendo como la espuma en los últimos días. Free Uribe ya contaba, hasta el cierre de esta edición con casi 3.500 seguidores en Twitter mientras que la Plataforma sumaba más de 13.000 en la misma red. Y si bien sus argumentos son diametralmente opuestos, coinciden en el corazón de la estrategia: que Washington puede ser clave en el curso de este enfrentamiento.
El diario El Tiempo conversó con representantes de ambos bandos para conocer sus planteamientos. Pero, sobre todo, para tratar de explicar por qué consideran que la comunidad internacional es clave en un proceso cuyo desarrollo e implicaciones está en Colombia.
De acuerdo con Kevin Ivers, vicepresidente de DCI Group, Free Uribe nació porque existen grupos que llevan años tratando de desprestigiar al expresidente y borrar un legado que es ampliamente reconocido en Washington.
“Uribe fue un líder no solo en Colombia sino para todo el hemisferio occidental, que trabajó en sociedad con republicanos y demócratas en este país para derrotar el narcotráfico internacional. Y frente a eso hay consenso en Washington. Pero se quiere destruir ese legado a través de un proceso que desde el comienzo está lleno de irregularidades, mentiras y violaciones al debido proceso¨” afirma Ivers.
Según este, detrás de todo está el senador Iván Cepeda y una agenda política que lo que busca es reversar el ‘Plan Colombia, legalizar la droga e instaurar un régimen de izquierda radical en alianza con las Farc, un grupo que, dice, aún es considerado terrorista por EE. UU.
“Lo que quieren hacer Cepeda y las Farc es imponer un régimen marxista en Colombia y por eso han lanzado esta campaña sin fundamentos contra Uribe, porque lo ven como un obstáculo para sus planes. Y por eso es importante desmentir las falsas acusaciones y que se conozca la verdad”, sostiene Ivers.
Washington, dice Ivers, tiene que prestar atención porque lo que intentan hacer Cepeda y sus aliados podría tener serias consecuencias no solo para Colombia sino para la región.
Según este, muchos en la capital estadounidense y en la comunidad internacional no le estaban prestando atención a este caso y de allí la necesidad de mantenerlos informados.
Desde su aparición en redes, Free Uribe ha publicado seis despachos y en su página web incluyen los “hechos” del caso al igual que perfiles de quiénes acusan a Uribe y sus nexos con las Farc. En uno de esos despachos sostienen que a Colombia ha llegado la guerra de las leyes o warfare, que –dicen– es la estrategia que usan los grupos cuando no pueden llegar al poder a través de las armas y recurren a la manipulación de los sistemas judiciales para imponer su agenda. Algo parecido a lo que hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.
En otro cuestionan la independencia judicial en Colombia a la luz de la noticia de que César Reyes, magistrado de la corte que procesó a Uribe, tuvo un contrato con el gobierno de Juan Manuel Santos por unos 200 mil dólares dos años antes de llegar a esta dependencia.
En el caso de la Plataforma Internacional de Monitoreo, está compuesta por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), Abogados sin Frontera (Canadá), Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, y el National Lawyers Guild.
Si bien la iniciativa como tal fue anunciada en enero de este año, su componente público y en redes sociales, según dice, solo comenzó a operar esta semana, luego de que apareció Free Uribe.
De acuerdo con Gimena Sánchez, la encargada del programa de Colombia en Washington, la campaña surgió por dos razones. Una jurídica y otra política. La jurídica, dice Sánchez, es garantizar la independencia judicial, pues el país ya cuenta con una larga historia de intentos por manipular este tipo de procesos. Y pone de ejemplo las interceptaciones de las que fueron objeto magistrados de la Corte como Iván Velásquez, al igual que periodistas, y otros cuando investigaban la parapolítica durante el gobierno de Uribe.
“Acá hay una larga historia de maniobras sucias para intimidar a magistrados, testigos, opositores políticos y abogados de derechos humanos que trabajan en estos casos. Y por eso es necesario una veeduría de abogados internacionales», afirma Sánchez. Algo que se sigue repitiendo como demostró este año el nuevo escándalo de espionaje que sacude a las fuerzas armadas.
En lo político, afirma, se quiere contrarrestar los años de cabildeo que hicieron Uribe y sus aliados en Washington para vender una imagen distorsionada de una Colombia donde no había conflicto armado y disminuían los ataques contra defensores de derechos humanos gracias a sus políticas.
“Vemos que la tendencia ha sido de tratar de maquillar la información para la comunidad internacional para confundir y desacreditar a quienes legítimamente están haciendo su deber de que haya investigación y justicia. Entre ellos el senador Cepeda. Y es esencial que haya una mirada independiente y fuera de Colombia sobre lo que pasa e informar a otros interesados, especialmente al Congreso de EE. UU y a la prensa”, sostiene.
Para ella, Washington es clave, pues las élites colombianas le dan mucho valor a la relación bilateral y porque existe un componente de ayuda económica para la lucha contra las drogas y un gran intercambio comercial que pesa mucho y le otorga a EE. UU. un rol muy influyente.
“Los políticos en Washington tienen la responsabilidad moral de exigir que se sea justo en este tipo de casos y se protejan los derechos humanos”, apunta.
Ambos grupos sostienen que sus campañas están apenas comenzando y ya preparan nuevas estrategias para generar impacto en la capital estadounidense
Tomado de El Tiempo
