La Camila y San Pablo: dos bandas de Bello que cambian de jefes, más no de territorio. La Policía no las quiere desmantelar

Imagen de una iglesia en la vereda Granizal de Bello.
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Por: Unidad Investigativa de Análisis Urbano

Bello, Antioquia, 28 junio de 2022.- Desde hace años se habla del poder criminal en Bello, doce grupos armados actúan en su territorio, uno más está por confirmarse su presencia, muchos de ellos son mencionados diariamente por la institucionalidad y los medios de comunicación, unos más que otros, son estos: El Mesa, Los Pachelly, Niquía-Camacol, Los Chatas, Los Peludos, El Mirador, Oficina del Doce, Los Triana, La Camila, San Pablo, Las AGC e incluso el ELN, que estaría haciendo presencia en el municipio, pero no territorialmente.

También se rumora que las disidencias están construyendo su espacio allí, todavía no está confirmado, pero parece cierto.

La Unidad Investigativa de Análisis Urbano ha logrado conocer que hay dos bandas en Bello que poco se mencionan, son solo visibles por algunas capturas de mandos, algunos presuntos “jefes”, “soldados” y decomisos, luego vuelven y desaparecen del radar institucional, lo anterior no significa que no se mantengan activas en los territorios ejerciendo el control social total, cobrando tributos y realizando todo tipo de actividades criminales para fortalecer sus arcas, al parecer tienen fuertes nexos con sectores de la institucionalidad.

Esas bandas son La Camila y San Pablo, ambas cambian de coordinadores (jefes) continuamente, sus verdaderos “Patrones” no se desvelan, a la inteligencia estatal poco le interesa mostrarlos, tan solo se conforma con perfilar siempre a los mismos o a aparentes mandos, algunas veces con el solo ánimo de ganar recompensas, felicitaciones y ascensos o de desviar la atención.

Este informe especial tiene como objeto poder adentrarnos en la operatividad y funcionamiento de estas bandas y tratar de demostrar porque la estrategia de seguridad no funciona y ellas, las bandas siguen tranquilas en el territorio a pesar de las “capturas, decomisos y control institucional”.

Para conocer la banda San Pablo es necesario adentrarnos en su historia, la Agencia de Prensa Análisis Urbano ha venido publicando sendos informes desde hace seis años, la respuesta institucional ha sido casi nula, pareciera que la connivencia legal e ilegal fuera la constante en los nueve sectores que componen este territorio del municipio de Bello.

Antecedentes

El 19 de julio de 2016 esto fue lo que encontramos en la vereda Granizal, “Análisis Urbano ha emprendido otra investigación periodística, esta vez la hará sobre la vereda Granizal, del mismo municipio. En este lugar, compuesto por nueve sectores, reina el paramilitarismo asociado a bandas paramilitarizadas, la sorpresa es mayor cuando se ha descubierto que quienes gobiernan el territorio al parecer no son las bandas de Bello sino una de las más poderosas de la ciudad de Medellín…”

Nueve sectores en la vereda Granizal que viven el yugo paramilitar

El 3 de agosto de 2016, mostramos una realidad que se ha querido ocultar, “¿Dónde queda la vereda Granizal?, pregunta obligada que hacemos a la hora de iniciar este trabajo de investigación periodística y denuncia; la respuesta es clara y precisa, se encuentra ubicada en límites con la ciudad de Medellín, más concretamente con el barrio Santo Domingo Savio, todavía hoy se considera una zona vulnerable en todos los sentidos. Pobreza, desigualdad, violencia y criminalidad, entre otras problemáticas la agobian. Es a todas leguas una zona rural que limita con lo urbano.”

El 22 de agosto de 2016, reiteramos que, “Y es tan cierto que los paracos son amos y señores de la vereda que todo presuntamente está bajo su control, la generalización de la vacuna es el mejor ejemplo de esta afirmación que hacemos. La efectúan bajo el pretexto de que así evitan que otros criminales le roben a la comunidad. “A la gente le sacan dinero por todo”, concluye un habitante.”

El 5 de marzo de 2019, Análisis Urbano volvió a demostrar que el fortín del agua comenzó en el año 2009, en el sector Manantiales de Paz, cuando esta banda entró a la comunidad orquestada por la Oficina, organización que dirige criminalmente el 80% del Valle de Aburrá. Ellos se cogieron ese espacio, empezaron el monopolio con la energía y luego con el agua, teniendo su punto de mando en el lavadero donde está ubicada la estatua de la virgen.

Anteriormente organizaciones sociales cobraban quinientos pesos por el mantenimiento del agua, pagando fontanero, luego las bandas se subieron a la parte de arriba y rompieron el tubo para hacer control sobre el saneamiento básico, empezaron con dos mil pesos hasta este momento que está a cinco mil pesos, incluso, amenazaron con subir la cuota a ocho mil pesos. Las denuncias no sirven ante una institucionalidad paquidérmica y corrupta…”

El 11 de marzo de 2019, en plena guerra urbana en el municipio de Bello, volvimos a denunciar la caótica situación que vivía La vereda Granizal, lugar donde sus habitantes parecieran ser los esclavos de la banda criminal que allí opera con tranquilidad, “ Mientras la situación de incertidumbre se mantiene día y noche en las mencionadas comunas, en otras zonas de Bello, las más olvidadas, el crimen se la está gozando, literalmente, debido al poder territorial, militar y control ciudadano que tienen. Nadie los molesta, pareciera que más bien los ampararan. Las denuncias ciudadanas, las investigaciones periodísticas, la presencia esporádica de la institucionalidad con capturas, decomisos, para nada han servido. Al parecer no interesa desmantelar estructuras y bandas criminales. El caso concreto lo vive la vereda Granizal.”

En todos estos años de denuncia, nada ha cambiado, solamente vemos una institucionalidad que sube y baja perfiles de jefes criminales y poco o nada se preocupa de encontrar los verdaderos “Patrones del crimen”.

Año 2022, volvimos a retomar el caso de la Vereda Granizal y debemos decirlo francamente, sectores de la institucionalidad han permitido que los criminales forjen su “Paraíso criminal” a costa de miles de habitantes pobres. 

Vereda Granizal de Bello, el territorio al que las autoridades no van por temor

Cansados se encuentran los habitantes de la vereda Granizal del Municipio de Bello con el incremento de las extorsiones, las vacunas, el microtráfico y las amenazas generadas por Alias “Yarley”, delegado de la Oficina de San Pablo para controlar la vereda Granizal del municipio de Bello y quien recientemente salió de la cárcel.

De miles maneras las comunidades han intentado realizar las denuncias ante la Alcaldía del Municipio de Bello, a la Policía y el Ministerio Público, pero la sorpresa es que se encuentran con unas autoridades que no solo permiten que continúe la delincuencia, sino que también, omiten funciones constitucionales, por lo tanto, esta zona seguirá siendo una zona sin “Dios y sin Ley”. Este comportamiento de omisión interinstitucional ayuda a que el crimen urbano-rural delinca con total impunidad sometiendo cada vez más a los habitantes de esta vereda.

El acceso al agua de las casi 25.000 personas que habitan esta vereda es de control total del grupo armado de la Oficina de San Pablo al mano de alias “Yarley”. Cada familia debe pagar a los delincuentes semanalmente cerca de $10.000 para que el agua llegue desde un nacimiento natural a sus viviendas que ha sido arrebatado a la comunidad por intimidaciones con las armas.

Este delito de lesa humanidad es de total conocimiento del señor Alcalde de Bello Oscar Andrés Pérez Muñoz, el Personero Bernardo García, de la Policía del Valle de Aburrá, de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación quienes deberían tener una responsabilidad por omisión ante las graves denuncias de la población. La impunidad seguirá y estás comunidades seguirán siendo las primeras víctimas.

Pero con la salida de la cárcel de alias “Yarley” la situación se sigue complicando para estos habitantes. Por orden de este integrante, se han impuesto en la vereda nuevos cobros económicos de vacuna, ahora son más constantes, las presiones aumentaron para estas comunidades y cada habitante debe pagar y hacer lo que orden el grupo, si no, se ve obligado a abandonar el lugar e incluso puede perder la vida.

¿Dónde están las autoridades?

Una de las primeras medidas empleadas por este delincuente, fue cambiar y ubicar estratégicamente las denominadas “plazas de vicio”, esto con el fin de optimizar la venta de drogas ilícitas y además, ha logrado aprovecharse de la vulnerabilidad de muchos jóvenes sin oportunidades que han encontrado refugio en la drogadicción.

Llama la atención, que muchos padres de familia y todos los habitantes claman y rechazan en medio de la desesperanza que el incremento en el consumo de “drogas” adquirido por la población juvenil cese, pero la desescolarización y el impacto psicológico por diversos factores sociales como la exclusión social, el hambre, la pobreza, la miseria, el desempleo sigan ganando la batalla vinculando de forma directa al consumo de drogas o a engrosar las filas de la delincuencia organizada.

Tal vez, a muchos políticos y funcionarios públicos del municipio de Bello o del país, no conozcan los sectores como el Regalo de Dios, Manantiales de Paz, El Pinar, Oasis de Paz, no les diga nada, pero es el asentamiento más grande del país con las peores condiciones humanitarias e higiénicas para la ciudadanía.

De nada han servido las acciones populares, los fallos de la Corte de Estado que busca proteger y regresarles la dignidad a estas personas.

El tema del acceso al agua es fundamental. Las comunidades lograron que Empresas Públicas de Medellín prestara el servicio gratuito de llevarlos en carrotanques agua para llenar diferentes tanques y bidones que la comunidad ha instalado en varios sectores y viviendas. Es decir, fue la misma comunidad la que busco alternativas para tener la posibilidad de llevar agua a sus hogares, nunca encontraron alivio en los pilares fundamentales de los derechos consagrados en la constitución, los cuales deben ser asumidos por la Alcaldía Municipal.

Pese a esto, grupos armados buscan dañar los bidones o hurtarlos. Por lo tanto, las personas deben recurrir a proveerse y pagar por el agua de los ilegales, que además no es tratada y se ha demostrado científicamente que tiene residuos de materia fecal y otras sustancias dañinas para el organismo.

Si la Alcaldía de Bello, la Policía y la Personería Municipal asumieran el compromiso de cuidar a estás comunidades, éstas podrían abastecerse cada 48 horas de los carrotanques que lleva gratuitamente EPM, llenar sus bidones de 1.000, 2.000 y 5.000 litros para satisfacer sus necesidades.

El viacrucis de estas comunidades no termina allí. El ingreso de carrotanque se ha vuelto imposible debido a que la emergencia invernal acabó con las vías. Fruto de ello, han sido los esfuerzos comunitarios los que han logrado que las vías sean mejoradas.

Este territorio es tan excluido que ni existe en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Bello, una deuda histórica 

Alias “Yarley” acostumbra emborracharse en varios sectores con otros integrantes de la estructura y algunas mujeres menores de edad. En medio su embriaguez realiza disparos al aire y genera pánico entre la población.

Las violaciones a los derechos humanos son una constante en la vereda Granizal.

La salida a estás problemáticas sociales conciernen directamente a las autoridades municipales, departamentales y nacionales que tienen que cumplir con implementar un plan de mejoramiento integral ordenado por la Corte Constitucional, que exhorta a las instituciones a aplicar los recursos suficientes y la infraestructura para garantizarle los mínimos vitales para estas 25.000 personas.

Mientras tanta omisión, siguen en alto riesgo todas estas comunidades.

Desde Análisis Urbano y Corpades dejamos constancia que se pueden presentar homicidios, masacres, desapariciones forzadas, uso, utilización y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes, confinamientos, desplazamientos forzados, agresiones y violencias basadas en género, torturas, etc.

Así mismo, la Alerta Temprana de la Defensoría 036-2019 advierte que el contexto de amenaza es producido por el control hegemónico en los asentamientos ubicados en Granizal y Nuevo Jerusalén.

Los sectores en alto riesgo son los comerciantes, transportadores, defensores de derechos humanos, docentes, integrantes de organizaciones comunitarias, mujeres, niños y niñas; población LGTBI, víctimas conflicto armado y habitantes de esta vereda.

Serán responsables el alcalde de Bello Oscar Andrés Pérez Muñoz, el Personero Bernardo García, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y las demás instituciones de cualquier acción que ocurra contra la población de la vereda Granizal, toda vez, que es mencionado y denunciado por la población, por la AT032-2019 y por estos medios de comunicación que defienden los derechos humanos.

Próxima entrega: Banda La Camila pareciera anquilosada en el pasado, según la institucionalidad no renueva su jefatura, ¿inteligencia o acomodamiento institucional?

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