Los partidos españoles llegan al inicio de la campaña electoral, que comienza esta medianoche, con la vista puesta en las tensiones independentistas de Cataluña y con reproches cruzados sobre el bloqueo político que ha impedido formar gobierno y obligado a nuevos comicios parlamentarios el próximo 10 de noviembre.
Los partidos se afanaron este jueves en pedir el voto útil y convencer a los indecisos y abstencionistas para que voten en las que serán las cuartas elecciones generales en cuatro años.
Y la campaña, más corta que otras por ser una repetición electoral, comienza con críticas de electoralismo al jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, después de que la Junta Electoral Central le abriera el miércoles expediente por utilizar la sede de la Presidencia del Gobierno para una entrevista televisiva reciente, difundida también en una web oficial.
Esta nueva convocatoria electoral es resultado de la gran inestabilidad política que vive España desde diciembre de 2015, con un Parlamento cada vez más fragmentado y gobiernos débiles tanto de centroderecha como de centroizquierda.
Y será la segunda vez que se repiten unas elecciones (la primera vez fue en junio de 2016) porque los partidos parlamentarios no consiguen ponerse de acuerdo para formar un gobierno, aunque sin ninguna seguridad de que la próxima convocatoria electoral sirva para desatascar el bloqueo.
El socialista Sánchez ganó los comicios del 28 de abril pasado con 123 de los 350 diputados del Congreso, pero no pudo asegurarse el voto favorable o la abstención de otras fuerzas, según los casos, para repetir en el cargo, así que, pasados los plazos legales, se convocaron nuevas elecciones.
Las encuestas siguen dando vencedor al Partido Socialista (PSOE), pero con una mayoría que seguiría siendo insuficiente para que Sánchez repita fácilmente al frente del Ejecutivo, así tendría que negociar con otras fuerzas, aunque las posibles combinaciones de mayorías parlamentarias se antojan complicadas.
El líder socialista intentó que el Congreso lo respaldara en julio para seguir al frente del Ejecutivo, pero la negociación entre el PSOE y la coalición izquierdista Unidas Podemos (UP) fracasó en un ambiente de desconfianza mutua y de bloqueo político.
Aunque hubieran llegado a un acuerdo, Sánchez habría necesitado también al menos la abstención de grupos minoritarios como los independentistas catalanes y nacionalistas vascos.
VOTO ÚTIL
Sánchez responsabilizó repetidamente de la situación al resto de partidos, también de la derecha, por no facilitar con una abstención su investidura como presidente del Gobierno después de las elecciones de abril, y se ha esforzado en reclamar ahora una mayoría «suficiente» para «derribar el muro del bloqueo».
En un acto electoral en Sevilla, el líder socialista pidió hoy que se vaya a votar «en masa, con más fuerza y más rotundidad», para poder completar una legislatura de cuatro años.
Con una abstención al alza, según las encuestas, Sánchez demandó que ningún voto se quede en casa, convencido de que los socialistas lograrán revalidar el Gobierno, y acusó a la derecha de centrar su proyecto en frenar al PSOE para que no obtenga una mayoría suficiente.
También en Sevilla, el líder de la oposición, el conservador Pablo Casado, advirtió este jueves que cualquier voto que no vaya para el Partido Popular (que sube en las encuestas) el próximo 10 de noviembre solo servirá para investir al candidato socialista Sánchez.
Consideró que Sánchez está «inhabilitado para ser candidato si sigue defendiendo la plurinacionalidad» porque no puede ser presidente «alguien que no cree en la nación» española, en alusión a la propuesta territorial federalista de los socialistas.
DESAFÍO INDEPENDENTISTA CATALÁN
Cómo frenar o resolver el desafío independentista creciente de las autoridades y parte de la sociedad de la región autónoma de Cataluña es uno de los asuntos que más ocupa a los partidos españoles desde hace tiempo, un asunto que también sirve para atacarse entre ellos con vista a las elecciones.
Las tensiones independentistas se recrudecieron a partir del 14 de noviembre pasado, cuando el Tribunal Supremo español condenó a nueve líderes soberanistas catalanes a penas de prisión por el proceso secesionista ilegal de 2017.
En este ambiente, el Ejecutivo español aprobó este jueves un decreto sobre seguridad digital, que luego tendrá que convalidar el Congreso, que permitirá actuar sobre las páginas del gobierno regional de Cataluña y de organizaciones soberanistas para frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce como la «república digital» catalana.
Pero este decreto es una de las «medidas de parcheo» que demuestran la debilidad del Gobierno para hacer frente al problema que existe en Cataluña, aseguró hoy el partido opositor Ciudadanos (liberales), que está la baja en las encuestas.
EFE.
