Bogotá, 19 dic – La Cancillería colombiana y la compañía Thomas Greg & Sons no llegaron este martes a una conciliación para evitar un pleito judicial por la anulación de una licitación para fabricar pasaportes, lo que puede costar al Gobierno más de 117.000 millones de pesos (unos 29,7 millones de dólares de hoy).
En una audiencia que duró solo 10 minutos en la Procuraduría (Ministerio Público), las partes no se pusieron de acuerdo y se declaró nulidad en el proceso, por lo que se espera una millonaria demanda por parte de Thomas Greg & Sons.
Esa empresa pretende que se declare nula la resolución con la que el Ministerio de Relaciones Exteriores determinó como desierta la licitación pública para la expedición de pasaportes que previamente les había sido adjudicada.
La compañía quiere que «se condene» al Estado a pagar a la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por varias empresas incluida Thomas Greg & Sons, «la utilidad dejada de percibir».
El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, ya había revelado el fin de semana en una entrevista con la revista Semana que no iba a conciliar y que asume la responsabilidad de lo que ocurra en este caso.
Lío familiar
En una columna del pasado 10 de diciembre en Cambio Colombia, el periodista Daniel Coronell denunció que el director jurídico de Asuntos Internacionales de la Cancillería, Juan Carlos Losada, y Jorge Leyva, hijo del ministro, se reunieron en París con «personas interesadas en la licitación de los pasaportes».
Esto según declaraciones de la exdirectora de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, Martha Lucía Zamora, quien salió del cargo el lunes luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, le pidiera la renuncia tras un rifirrafe con el canciller Leyva, que supuestamente le recriminó a los gritos por no apoyar su posición.
«No puedo hablar del contenido de la reunión (en París)», dijo Zamora a la emisora W Radio, donde añadió que «si se investiga y se llega a saber quiénes estuvieron allí» se podrán saber cosas sobre una nueva licitación de los pasaportes pues, en su opinión, «hay temas que deben ser conocidos por las autoridades judiciales».
El canciller Leyva se ha defendido de las denuncias de Coronell alegando que él es libre de reunirse con su hijo cuando quiera.
«Mi hijo y yo nos encontramos donde nosotros queramos, así como Coronell se encuentra con su familia en dónde se le dé la gana», expresó Leyva la semana pasada en el Congreso.
Licitación desierta
La decisión de declarar desierta la licitación se tomó después de que Thomas Greg & Sons fuera señalada por otras compañías, que advirtieron que no existe libre competencia en la adjudicación del contrato de pasaportes, al que todavía le restaban tres años.
Al comienzo de la licitación se presentaron empresas grandes como la encargada de los documentos oficiales para Francia o Perú, pero todas se retiraron argumentando que no había garantías para competir por ese contrato.
Ante estas sospechas, la Cancillería decidió suspender el pasado 12 de septiembre la audiencia de adjudicación en la que se iba a definir si la licitación seguía en poder de Thomas Greg & Sons o si por el contrario se declaraba desierta por la falta de oferentes.EFE.
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