Bruselas, 12 julio.- La Comisión Europea (CE) espera que la evaluación del plan de recuperación de Hungría, que debería haber terminado hoy, tarde aún algunas «semanas» puesto que Budapest aún debe resolver problemas ligados a las recomendaciones que viene haciéndole Bruselas en materia de Estado de Derecho o licitaciones públicas.
«Creo y espero que será cuestión de semanas, pero esto no depende de la buena voluntad de la Comisión Europea», dijo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Eurogrupo celebrado hoy en Bruselas.
El Ejecutivo comunitario había informado esta mañana a través de una portavoz de que aún no han concluido el análisis del plan de reformas e inversiones presentado por Hungría para recibir los 7.000 millones de euros que le corresponden del fondo de recuperación europeo y que, si esta evaluación fuese a tardar semanas, y no solo unos días, propondrán a Budapest extender dos meses más el plazo para pronunciarse sobre el documento.
«Tenemos un numero de problemas conectados con nuestras recomendaciones específicas para el país, dirigidas al entorno empresarial, el Estado de Derecho o los mecanismos de licitación pública», dijo Gentiloni, recordando que éstos deben resolverse puesto que la regulación del fondo exige que los planes aborden «todas o un conjunto significativo» de las recomendaciones de Bruselas al país en cuestión.
Añadió que los problemas con Hungría «no pueden reducirse» a la discusión sobre la polémica ley anti-LGTBIQ+ adoptada por el Gobierno de Viktor Orbán, a pesar de que Bruselas «desaprueba completamente» esta medida.
El «pilar» del debate, explicó, son las recomendaciones emitidas a Budapest, que son anteriores a esta legislación. «Este es el asunto que por razones legales tenemos que subrayar en la evaluación del plan húngaro», dijo.
Una vez que el Ejecutivo comunitario recibe los planes de recuperación tiene dos meses para evaluarlos, un periodo durante el cual puede hacer observaciones o pedir aclaraciones sobre los mismos a los Gobiernos que, por su parte, pueden hacer cambios en sus planes.
De ser necesario, la Comisión y el Estado en cuestión pueden pactar ampliar otros dos meses el periodo de evaluación del plan, pero para ello se necesita el acuerdo de ambos.
La discusión sobre el plan de recuperación de Budapest ha surgido a raíz de una ley planteada como una medida contra la pedofilia, pero que en la práctica prohíbe, entre otras cosas, hablar de homosexualidad a los menores en colegios o medios de comunicación, lo que discrimina al colectivo LGTBQI y viola además otras normas comunitarias, según advirtió Bruselas.
La medida generó el inusual rechazo de 17 líderes comunitarios en la cumbre europea de junio, incluido el español, Pedro Sánchez, y ha llevado a la Eurocámara a pedir que la CE solo apruebe el plan si comprueba que no ayudará a aplicar este ley y, por tanto, que el presupuesto europeo no contribuirá a la violación de los derechos fundamentales.
