La «ceguera» del Gobierno colombiano frente a la violencia contra defensores de derechos humanos impide ver la dura realidad de un país en el que 124 de ellos fueron asesinados en 2019 y se registraron 844 agresiones, según un informe divulgado este domingo.
En su informe «La ceguera», el Programa Somos Defensores sostiene que 2019 fue el año con más agresiones en la última década, lo que muestra el difícil escenario en que se mueven quienes defienden los derechos de las comunidades y grupos sociales en el país.
«Al referirnos a la ceguera estamos haciendo alusión a una violencia muy fuerte que ocurrió durante 2019 y que la gente de los territorios denunció todo el tiempo a pesar de que no hubo una respuesta efectiva por parte del Gobierno», dijo a Efe la coordinadora del Sistema de Información del Programa Somos Defensores, Sirley Muñoz.
El título del informe está inspirado en el libro «Ensayo sobre la ceguera», de José Saramago, y en él se menciona «el velo» que, a juicio de la organización, ha caído «de manera intencional» sobre la administración del presidente colombiano, Iván Duque, para impedir que vea la realidad y reaccione frente a la violencia que mata y persigue a quienes trabajan en las comunidades.
Por ello, a pesar de las numerosas denuncias de que «están matando y persiguiendo a sus líderes y que cada vez hay una presencia más fuerte de los grupos armados y disputas territoriales entre estos, el Gobierno con su ceguera lo niega», manifestó Muñoz.
ASESINATOS Y AGRESIONES
Si bien el año pasado hubo una disminución de los asesinatos, que pasaron de los 155 en 2018 a 124 en 2019, se constató un aumento significativo de agresiones tales como amenazas, atentados y detenciones ilegales de defensores de derechos humanos, casos que subieron de 805 a 844.
Estas situaciones «hacen pensar que es muy probable que en el siguiente periodo suban los asesinatos porque se trata de una advertencia de lo que puede pasar», aseveró Muñoz.
Para sustentar esa teoría, la experta del Programa Somos Defensores mencionó que «solo entre enero y marzo de 2020 han sido asesinadas 47 personas frente a las 25 del mismo trimestre del año pasado».
Además, preocupa el hecho de que durante la cuarentena obligatoria, que en Colombia comenzó el pasado 25 de marzo para prevenir la propagación del coronavirus, «los grupos armados hayan sido los que tomaron el control a través de la fuerza y las amenazas» en algunas regiones.
NÚMEROS ROJOS
Según Somos Defensores, las 844 agresiones contra líderes en el país durante 2019 representan la «vulneración del derecho a la vida, libertad e integridad de personas con diferentes tipos de liderazgo, entre las que se encuentran indígenas, comunitarios, campesinos, ambientales, comunales, educativos, afrodescendientes, sindicales, víctimas y LGBTI».
Estos hechos muestran que después del acuerdo de paz firmado en 2016 entre la entonces guerrilla FARC y el Gobierno los líderes siguen enfrentando situaciones angustiosas junto a sus familias, integrantes de sus colectividades o comunidades.
Incluso Somos Defensores cree que esos casos están ocurriendo «más que en tiempos de la negociación (de paz) o del mismo conflicto armado interno hace una década».
INDÍGENAS EN EL BLANCO
En «La ceguera» se precisa que entre los agredidos el año pasado hubo 271 indígenas, 128 defensores de derechos humanos, 97 líderes comunitarios, 87 campesinos, 66 pertenecientes a comunidades negras, 45 representantes de víctimas, 21 dirigentes sindicales, 13 ambientales, siete académicos o del sector estudiantil, cinco de la población LGBTI y cuatro mujeres, entre otros.
A Somos Defensores le preocupa el incremento de los ataques contra el liderazgo indígena, toda vez que en 2019 hubo 148 agresiones en el convulso departamento del Cauca, en el suroeste del país.
También fueron denunciados ataques en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela, en donde hubo 22 agresiones, seguidas de 14 en Antioquia y 13 en Chocó, ambas regiones del noroeste colombiano.
«Estos lugares se caracterizan por históricas disputas por las tierras, control territorial de grupos armados como paramilitares, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos residuales de las antiguas FARC», aseveró la organización en su informe.
A la hora de establecer las presuntas responsabilidades de los 844 casos de agresión, Somos Defensores señaló que el 47 % corresponde a grupos paramilitares, el 34,2 % a agentes desconocidos, el 13 % a disidencias de las FARC, el 4,2 % al ELN y el 3,5 % a miembros de la fuerza pública.
Frente a todo lo anterior, Muñoz aclaró que «el informe ‘La ceguera’ es un esfuerzo por analizar el contexto y visibilizar la crítica situación a la que se exponen quienes deciden defender los derechos humanos en el país».
Por esto, una parte importante de la publicación es el reconocimiento a cada uno de los hombres y mujeres cuya vida fue interrumpida por quienes vieron en ellos obstáculos para desarrollar intereses particulares y políticos en los territorios.
EFE
