La CIDH registra 1.614 detenciones «arbitrarias» de opositores en Nicaragua

Managua, 3 diciembre.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este jueves que ha registrado 1.614 detenciones «arbitrarias» de opositores en Nicaragua, en el marco de la crisis social, política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018.

«La CIDH logró establecer que 1.614 personas han sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018», indicó ese ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un informe.

El informe, denominado «Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018», señala que ese número «representaría una fracción de un universo mayor, difícil de proyectar debido a la ausencia de información oficial y otros factores relacionados con la dinámica de las detenciones arbitrarias».

La CIDH explicó que fijó en 1.614 las detenciones «arbitrarias» tras consolidar un registro mediante el análisis de la información parcial aportada por el Estado, datos recabados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cifras y análisis aportado por organismos internacionales, información obtenida de organizaciones de la sociedad civil, testimonios de las víctimas, entre otros.

ACTOS DE TORTURA Y/O TRATO CRUEL

En el informe, ese organismo advirtió las graves condiciones a las que han estado sometidos los detenidos, y que «se constata el tratamiento de estas personas como objeto de «intercambio» y «negociación» con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social y condicionar las acciones de la oposición y la sociedad civil».

Asimismo, la CIDH identificó la afectación particular contra mujeres y la determinación de patrones comunes en casos de violencia sexual que podrían constituir actos de tortura y/o trato cruel, inhumano y degradante, «que indicarían que fueron perpetrados como una herramienta adicional de castigo, represión y humillación, especialmente cuando eran identificadas como lideresas o por haber prestado ayuda a las personas heridas en las manifestaciones».

En el informe, el ente también criticó el papel del sistema de justicia nicaragüense «en el contexto de la criminalización al facilitar y avalar la persecución judicial y criminalización en el marco de la crisis de derechos humanos en el país».

También observó «la persistencia de una práctica sistemática de afectaciones a los derechos de los familiares de personas detenidas y la grave situación de las personas excarceladas debido a la falta de información de su situación jurídica y la continuación de actos de hostigamiento, amenazas, asedios, estigmatización y vigilancia permanente».

«IMPOSICIÓN DE UN ESTADO POLICIAL»

«Ante la persistencia de una práctica de detenciones arbitrarias y la imposición de un estado policial que mantiene cerrados los espacios de participación democrática en Nicaragua», la CIDH instó al Estado a dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas con miras a promover el restablecimiento del Estado de Derecho y el goce efectivo de los derechos humanos.

Además, reiteró su disposición para colaborar técnicamente para dichos efectos.

La CIDH señaló que el informe fue construido principalmente desde las voces de las víctimas, «quienes denunciaron la grave situación que vivieron, la dinámica de las detenciones, la realidad de su privación de libertad, la ausencia de respuestas de la justicia nacional y las consecuencias en sus vidas personal y familiar».

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.