La CIDH señala que la situación de «ataques» a la prensa salvadoreña puede empeorar

San Salvador, 3 diciembre.- El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, advirtió este jueves que la situación de supuestos ataques y acoso a la prensa por el Gobierno de El Salvador puede «empeorarse».

La CIDH realizó una audiencia en la que representantes del gremio periodístico del país centroamericano denunciaron «el sombrío panorama de la libertad de expresión en El Salvador».

«Se han denunciado por parte de la sociedad civil asuntos que están bastante mal, delicados y graves, pero también hay que advertir que esto puede empeorarse y que hay suficientes países en la región que nos muestran hacia donde se podría llegar», señaló Vaca en una de sus intervenciones.

Añadió que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y cuatro medios de investigación plantearon «serios cuestionamientos al cumplimento de estándares (internacionales) por parte del Estado salvadoreño».

«Debo decir que las respuestas del Estado no son suficientes para desvirtuar lo que plantea la sociedad civil» y que las acusaciones «se ven complementadas con preocupaciones que desde la relatoría hemos hecho», añadió el experto.

Vaca, tras escuchar las intervenciones del gremio periodístico y de representantes del Ejecutivo de Nayib Bukele, invitó al Gobierno a «reconducir el tono y la actitud de garantía de la liberta de expresión.

«El tono y la actitud no es plantear que la voz del Estado es una forma de complementar y objetivizar lo que se dice, porque es una forma distinta de decir que la voz correcta es la oficial y cuando sólo asumimos la voz oficial como la voz correcta, estamos ante síntomas muy graves de deterioro de la deliberación pública», advirtió.

LAS ACUSACIONES

La presidenta de la APES, Ángelica Cárcamo, aseguró durante la audiencia que «el panorama del gremio de periodistas ha empeorado con la llegada de Bukele al órgano Ejecutivo» en junio de 2019.

Apuntó que la APES registra entre el inicio de su mandato y noviembre del 2020, un total de 98 supuestas violaciones a la libertad de prensa, que se centran principalmente en «declaraciones estigmatizantes, discursos de odio contra periodistas y medios de comunicación por parte del presidente y sus funcionarios».

Además, señaló que se han denunciado «restricciones al ejercicio periodístico, retrocesos en el acceso a la información pública» y el uso de la compra de publicidad gubernamental como «premio» o castigo» contra los medios.

Por su parte, el director del medio digital El Faro, José Luis Sanz, denunció el supuesto seguimiento de periodistas de este periódico y la intervención de sus comunicaciones que fueron hechas por el Gobierno, de acuerdo con «fuentes diplomáticas y del mismo Ejecutivo».

La periodista Karen Fernández pidió, en nombre de las organizaciones y medios, que la CIDH exhorte al Gobierno de Bukele a «que cese inmediatamente la persecución y ataques» y «que se detengan las campañas de acoso, intimidación, amenazas y acciones administrativas ilegales en contra de la prensa independiente».

LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL

El asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, José Ángel Pérez, aseguró que las declaraciones del presidente Bukele y de otros funcionarios señaladas como ataques son para «plantear objetivamente los hechos que han sido presentados por la prensa».

«Es ahí donde cabe la reacción u oportuna intervención que pudiera tener algún funcionario aclarando algunos conceptos que han sido dados por la prensa» en uso de su «libertad de expresión», acotó.

Añadió que las declaraciones de Bukele «a lo que van es a la búsqueda de generar una opinión pública más objetiva de los aspectos que deben ser considerados» en las publicaciones de los medios.

Aseguró que, a su juicio, «estamos ante un panorama de tensión entre el derecho a la libertad de prensa y la posibilidad de completar la información que se brinda» y eso vuelve «legítima» la opinión de los funcionarios.

La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó a mediados de noviembre un informe en el que se identificó como «principales responsables de violaciones relacionadas al derecho de la libertad de expresión y de prensa» al presidente Bukele y algunos de sus funcionarios.

El documento señala que, valiéndose de sus cargos, han «amedrentado» y «denigrado» el trabajo de los periodistas, «pudiéndose deducir la probable comisión de hechos constitutivos de delitos».