Lima, 31 de agosto de 2023.- La Comisión de Ética del Congreso de Perú aprobó este jueves por unanimidad investigar tres denuncias de oficio contra el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, por presunta contratación irregular al beneficiarse de una ley y por el supuesto uso de sus asesores para mejorar su imagen en las redes sociales.
En una sesión extraordinaria, los 17 parlamentarios participantes votaron a favor, sin votos en contra o abstenciones, iniciar las pesquisas contra Soto, que asumió su cargo como presidente del Congreso el 26 de julio.
Una de las tres denuncias es la presunta contratación de la hermana de la madre de su hijo como miembro de su oficina congresal, y se tendrá que determinar si este hecho vulnera la ética parlamentaria.
La segunda es por el presunto uso de aportes de sus trabajadores para mejorar su imagen en redes sociales, y la tercera denuncia es por presuntamente haberse beneficiado de la Ley 31751, que modifica la suspensión del plazo de prescripción en un caso de peculado y falsificación.
Tras el final de la sesión, el presidente de la Comisión de ética, Diego Bazán, del partido derechista Avanza País, afirmó que «irá hasta el final», en cuanto a la investigación contra Soto, del partido conservador Alianza para el Progreso (APP).
«La garantía es que iré hasta el final, seré contundente, incluso la votación por unanimidad demuestra que hay la voluntad de que se investigue e iremos hasta el final, porque no queremos omitir nada», dijo Bazán.
El 23 de agosto, la Fiscalía de Perú anunció que ha iniciado una investigación preliminar contra Soto, como presunto autor de un delito contra la Administración pública.
«La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Alejandro Soto Reyes, en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública – concusión», indicó el Ministerio Público en un mensaje compartido en la red social X, antes Twitter.
El delito de concusión implica el cobro de impuestos o tasas arbitrarias por parte de una autoridad o funcionario público en provecho propio.
La investigación también comprende a una de las trabajadoras de su despacho congresal, Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, «como presunta cómplice del referido delito».
Un reportaje periodístico emitido este domingo reveló otra acusación que se suma a las que Soto ha recibido desde que asumió el cargo el 26 de julio.
Dicha investigación mostró que trabajadores del presidente del Parlamento supuestamente entregaban parte de su salario mensual a pagar publicidad en redes sociales a favor del congresista.
Este viernes Soto dio una conferencia de prensa para defenderse de las acusaciones periodísticas y de parlamentarios por supuesta corrupción y afirmó que no tiene ninguna sentencia, ni acusación judicial pendiente.
Rechazó «categórica y contundentemente» haber recortado sueldos de sus asesores y haber recibido a proveedores en su despacho.
«No tengo ningún temor (…) No le temo a la (moción de) censura porque sé lo que estoy haciendo, lo que estoy probando y lo que estoy demostrando», dijo sobre la moción de censura que el congresista Roberto Sánchez ha redactado y está en proceso de recoger firmas de respaldo.
EFE
