San Salvador, 20 de septiembre de 2021.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Estado de El Salvador que brinde información sobre una reforma que cesa a los jueces sexagenarios, incluido uno que lleva la causa penal por la masacre de civiles en la remota localidad de El Mozote durante la guerra civil (1980-1992).
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) informó este lunes en un comunicado de prensa que la Corte IDH solicitó que, a más tardar el próximo viernes, el Estado salvadoreño «remita un informe actualizado y detallado en el que se refiera a la adopción de dicha reforma».
Señaló que, ante esta solicitud, el Estado pidió una prórroga.
La solicitud de la información se da luego que las organizaciones Tutela Legal «María Julia Hernández» y el Cejil informaran a la Corte IDH de la reforma que, según las entidades, representa un obstáculo más en la investigación, juicio y sanción de la masacre cometida en 1981.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó y mandó a publicar la polémica reforma que cesa a los jueces sexagenarios y a los tengan 30 años de carrera.
La reforma a la Ley de la Carrera Judicial fue publicada en la edición del 14 de septiembre del Diario Oficial y es el último paso para que entre en vigencia y se concrete la remoción de los juzgadores.
Uno de los jueces que será cesado es Jorge Guzmán, quien resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que investigara y determinara si el presidente Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército, en los que se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la matanza de El Mozote en 1981.
El juzgador ordenó la reapertura de la causa por dicha masacre en septiembre de 2016 tras la anulación de la ley de amnistía.
Además, elevó los cargos que enfrentan más de una docena de militares retirados a crímenes de lesa humanidad.
Los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas promovieron la reforma como una medida para depurar el sistema judicial y combatir la corrupción, pero el texto del decreto avalado no menciona las supuestas prácticas corruptas y únicamente apunta que es para «modernizar» la ley.
