San José, 1 marzo.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó este lunes una audiencia de tres días sobre una demanda contra el Estado de Paraguay acerca de la destitución de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia en un juicio político en el año 2003, lo que habría violado la independencia judicial.
La demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el Estado es responsable por una serie de violaciones a los derechos de Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea, quienes fueron destituidos sin motivos.
El agente de la CIDH, Edgar Ralón, explicó en la audiencia, que se lleva a cabo de manera virtual, que entre los derechos vulnerados se encuentran el de contar con una autoridad competente, el derecho de defensa, el de garantías judiciales y el de contar con un juez imparcial.
«En 2003 luego de que el presidente de la República (Nicanor Duarte) realizó declaraciones indicando que si hacía falta se tenía que pulverizar el Poder Judicial corrupto, las víctimas fueron sometidas a un juicio político ante la Cámara de Diputados, el primero en la historia de Paraguay», detalló Ralón.
El agente afirmó que en este caso, la sanción de destitución emitida en diciembre de 2003 se basó en «criterios de discrecionalidad política, lo que afectó el principio de independencia judicial».
Según la demanda, el motivo de la destitución fue «mal desempeño», lo que favoreció altos niveles de discrecionalidad.
En la audiencia rindió declaración Bonifacio Ríos Ávalos, quien al momento de su destitución ejercía como presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El exfuncionario judicial relató que fue destituido junto a otros magistrados, quienes ya fallecieron, en un contexto en el que el Gobierno impulsaba una cambio en altos puestos del Poder Judicial por motivos políticos para poder impulsar una reforma constitucional que permitiera la reelección presidencial.
Según Ríos, se negó a apoyar un pedido expreso del expresidente Nicanor Duarte para destituir altos cargos del Poder Judicial y a partir de entonces recibió ataques del Gobierno que culminaron en el juicio político.
Ríos calificó la resolución política para su destitución como «un engendro jurídico, un adefesio que estableció un procedimiento de destitución sin motivación ni razonamiento».
«Tenemos un sistema politizado y es un riesgo muy grande para la administración de justicia», expresó.
Ríos pidió a los jueces de la Corte Interamericana una sentencia contra el Estado paraguayo para que se reformen los procesos de selección y de sanción de los altos cargos del Poder Judicial, con el fin de limitar la influencia política.
Por ejemplo, solicitó que la evaluación o el juzgamiento de los magistrados esté a cargo de personas con experiencia y conocimiento judicial y que se emita una ley en Paraguay que establezca causales y motivos claros para la destitución de ministros.
La audiencia ante la Corte Interamericana continuará el martes y finalizará el miércoles.
Los jueces escucharán a testigos y peritos propuestos por los representantes de las víctimas y por el Estado, y al cierre de la audiencia los alegatos finales orales de las partes.
Cuando finalice la audiencia comenzará a correr un plazo de un mes para que las partes presenten sus alegatos finales escritos y a partir de entonces los jueces emitirán una sentencia dentro de los siguientes meses.
La CorteIDH tiene su sede en Costa Rica pero debido a la pandemia de la covid-19 las audiencias las lleva a cabo por vídeo conferencia.
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