Panamá debe entregar esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) un informe sobre la situación de los casi 2.000 migrantes irregulares varados en un albergue en la zona fronteriza con Colombia, tras denuncias de organismos internacionales de que se encuentran hacinados y en riesgo de contagiarse masivamente del COVID-19.
La CorteIDH pidió ese informe a Panamá el pasado viernes, un día después de que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) solicitara ante el tribunal regional «medidas provisionales de protección a favor de las personas migrantes retenidas en el centro La Peñita», situado en la provincia panameña de Darién.
«En La Peñita no hay condiciones adecuadas, hay un hacinamiento realmente grave, no hay suficientes condiciones sanitarias para el aseo y eso implica que no existen condiciones para tomar las medidas de distanciamiento para evitar el COVID-19», dijo este lunes a EFE la directora jurídica de Cejil, Gisela De León.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que la capacidad máxima de la estación migratoria de Darién «es de 200 personas», pero «reportaron que actualmente hay 1.766 personas migrantes retenidas, lo cual refleja una sobrepoblación de alrededor del 783 %», citó en un comunicado el Cejil, una ONG consultora ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
La ONG refirió además que la Defensoría del Pueblo panameña «ha constatado» que en la estación migratoria de La Peñita «faltan colchones, agua, asistencia médica y algunos alimentos”, situación que ya se evidenciaba anteriormente, pero que se ha agravado en el contexto de la pandemia».
«Lo que nosotros estamos pidiendo es que el Gobierno panameño cumpla con los estándares internacionales de protección de derechos humanos» en materia de personas migrantes, entre los que están «privilegiar medidas que no tengan que ver con la detención» ya que el estar «confinados en un espacio limitado es uno de los factores de riesgo de contagio de Covid porque no hay distanciamiento», dijo la jurista.
De León indicó que cuando el Cejil presentó su solicitud ante la CorteIDH «había casi 20 personas migrantes detenidas» en el albergue de Darién «que habían sido diagnosticadas con COVID-19».
De acuerdo con cifras oficiales difundidas a inicios de este mes de mayo, al menos 33 migrantes varados en Darién dieron positivo de COVID-19 y se encontraban aislados en carpas levantadas en la estación temporal de Lajas Blancas, situada en Darién.
El Cejil también busca que el Estado panameño garantice la «provisión de servicios de salud incluyendo tratamiento del COVID-19, es decir, tratamiento y aislamiento si fuera necesario».
«Queremos prevenir la violación de las derechos de estas personas migrantes a través de esta medida protección, y también de los funcionarios que están trabajando con ellas. La propagación del COVID-19 en detención no solo puede afectar a las personas en detención si no a la comunidad circundante, a los funcionarios que entran y salen» del albergue, dijo De León.
LO QUE HARÁ LA CORTEIDH TRAS RECIBIR EL INFORME DE PANAMÁ
El Estado panameño cuenta con plazo hasta el 14 de mayo para remitir a la CorteIDH la información que esta le solicitó el pasado viernes sobre la situación de las personas migrantes que permanecen en la estación migratoria La Peñita en el Darién, indicó el Cejil.
En base a ese informe, «la CorteIDH puede adoptar medidas provisionales, que sería obligar al Estado a tomar medidas adicionales, o puede tomar esa información en el marco de la supervisión de la sentencia que la Corte ya tiene contra Panamá en el caso Vélez Loor», explicó De León.
El Cejil pidió las «medidas provisionales de protección a favor de las personas migrantes retenidas en el centro La Peñita en el marco del proceso de supervisión de la sentencia en el Caso de Jesús Vélez Loor», argumentado ante la CorteIDH que «Estado de Panamá ha incumplido su obligación de disponer de establecimientos (para migrantes) adecuados, medida dictada» por ese tribunal regional en el 2010.
El ecuatoriano Jesús Vélez Loor fue detenido en noviembre de 2002 en Panamá por orden de autoridades de migración del país, que le acusaron primero de vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y luego de ser peligroso para el orden y la seguridad pública panameña.
El ecuatoriano fue liberado en 2003 y en el 2010 la CorteIDH falló a su favor condenando a Panamá por tratos crueles e inhumanos y estableciendo una indemnización de 59.000 dólares y que se derogara decreto ley que condenaba a los migrantes y por el que fue detenido.
EFE
