Bogotá, 2 ene – El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, alertó este martes al Gobierno del presidente Gustavo Petro que el Estado no debe financiar a grupos armados ilegales, a propósito de la discusión sobre el sostenimiento de la guerrilla del ELN a cambio de que abandone los secuestros con fines económicos.
«No puede ser el Estado el que financia grupos armados ilegales y mucho menos si no han terminado o llevado a buen puerto un proceso de paz», advirtió Camargo.
El funcionario añadió que «el bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley».
La semana pasada, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) aseguró que la suspensión de los secuestros con fines económicos por parte de esa guerrilla, que negocia la paz con el Gobierno, está condicionada al cese al fuego y a la búsqueda de financiación para su supervivencia.
El jefe del ELN, alias ‘Antonio García’, hizo esa declaración después de que las partes anunciaran, tras un ciclo de reuniones en México, que la guerrilla dejaría los secuestros con fines económicos y se plantearan posibilidades para financiar a ese grupo armado ilegal.
En este contexto, Camargo indicó que «la vida humana no tiene pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable».
«Seguiremos como institución nacional de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado», dijo Camargo, quien añadió que «reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto a la dignidad humana».
El funcionario añadió: «Lo mínimo que le pido en nombre de los colombianos al presidente Petro es que como Gobierno tenga una postura ceñida al respeto por los derechos humanos como condición básica para el acceso a una negociación que favorezca a los colombianos».
Según Camargo, «cortar de raíz el crimen del secuestro es posible, pero no como lo quiere imponer el ELN», frente a lo que alertó que «de ser llevado a la realidad tal despropósito, téngalo muy presente, señor presidente, dejaría un legado para que las demás estructuras armadas al margen de la ley le encuentren provecho: cometerían crímenes contra la ciudadanía para sacarle ladinamente dinero al Estado».
El defensor del Pueblo manifestó que aceptar «semejante chantaje como forma válida de negocio y financiación en el desarrollo de los diálogos sería permitir que en el país todo entre a ser negociado», y trasladaría un mensaje «macabro»: «delinquir sí paga» y que «incluso la vida y la dignidad tienen un precio de mercado».
EFE
