Bogotá, 19 de agosto de 2022.- La Defensoría del Pueblo de Colombia reportó este viernes que entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año se presentaron 122 asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, lo que supone un aumento frente a las mismas fechas de años anteriores.
Se trata de 32 homicidios más que en la misma fecha de 2021, cuando se habían reportado 90, y 16 más que en 2020, cuando se contabilizaron, de enero a julio, 106.
Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, los líderes comunales representan el mayor número de muertes violentas en todo el país este año con 33 casos, seguido muy de cerca de indígenas, ya que se registraron 27 casos, y comunitarios (25 casos).
«Los homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos representan una grave afectación en contra de las comunidades y la democracia», aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo, tras la presentación de estos datos en Pasto, capital de Nariño (suroeste).
Precisamente este departamento es uno de los que más homicidios concentra, con 17, solo superado por Cauca (19) y seguido por Antioquia (12) y Putumayo (11). El 93 % de los asesinados eran hombres, mientras que un 7 % eran lideresas o defensoras.
La Defensoría hizo un llamamiento a que el Estado les brinde «las garantías necesarias para el ejercicio de su labor, ya que es vital para garantizar el bienestar y los derechos humanos en las regiones».
La Defensoría del Pueblo es la única organización estatal que ofrece cifras sobre este crimen, que degrada el tejido social de los territorios, y la cifra facilitada es incluso superior a la que ha reportado el del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que tiene un observatorio donde reporta homicidios de líderes y que ha contabilizado 114 en lo que va de año.
El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la semana pasada a todo el mando militar y policial, que vele «por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de lideres sociales».
Y puntualizó que «la comisión de masacres y su impunidad en jusrisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos».
EFE
