“La actuación de los grupos paramilitares de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o ‘clan del Golfo’) se realiza en connivencia con la Fuerza Pública asentada en el río Atrato y en muchos otros sectores de la región del Pacífico, esto contradice la legitimidad de un gobierno que postula como principio de intervención la legalidad”.
Este fragmento hace parte de la carta que el líder social y comunitario de Bojayá Leyner Palacios entregó este miércoles al presidente Iván Duque, en la reunión que sostuvieron en la Casa de Nariño días después de que Palacios fue amenazado en Chocó para que se fuera del departamento con su familia.
En la carta entregada al presidente Duque en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Palacios asegura que la presencia de “más de 300 hombres armados” en la comunidad de Pogue y otras vecinas al río Bojayá “acrecentó el horror dado que en algunas comunidades, meses anteriores, este grupo armado ha agredido física y sexualmente a mujeres, entre otras acciones”.
Palacios, secretario de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, dijo que detallaría estas situaciones en el diálogo privado.
Además de la presencia paramilitar, el líder bojayacense también se refirió a la de la guerrilla del Eln. Dijo que su “copamiento del territorio (…) se ha ampliado generando zozobra y riesgo eminente en nuestras comunidades por sus acciones de guerra como la creciente instalación de minas antipersonas”.
Ante esta situación, Palacios calificó como “preocupante” que la explicación del Gobierno Nacional sobre lo que pasa en la región se restrinja a hablar del narcotráfico, “pues es sabido que históricamente este conflicto en la región, además del narcotráfico, ha estado asociado a la implantación de un desarrollo inducido, como la minería a gran escala, la agroindustria de la palma aceitera y megaproyectos de infraestructura”.
Por eso, continúa, las soluciones a la inestabilidad de la región deben partir, para el líder Palacios, “de la autonomía sobre el uso y control del territorio por parte de los pueblos indígenas y afrocolombianos de la región”.
Las acciones que esperan
Palacios enumeró seis “respuestas esperadas” del Gobierno Nacional frente a la crisis del territorio del Medio Atrato.
La primera es la implementación total del acuerdo de paz, sobre la cual aseguró que hay consenso en toda la región. Reclamó las circunscripciones electorales especiales para las víctimas que no se aprobaron en el Congreso e insistió en las garantías de seguridad, la sustitución de cultivos ilícitos y la “persecución efectiva de la cadena del narcotráfico”.
En segundo lugar, pidió “retomar la resolución del conflicto armado mediante la vía negociada” con el Eln. Es decir, que se retome la negociación en condiciones “viables y con gestos bilaterales”. Asimismo, en la tercera respuesta esperada, habla de generar condiciones normativas para el sometimiento de los grupos paramilitares, como las AGC, y “poner en marcha acciones concretas de desmantelamiento de esas estructuras”.
A continuación, Leyner Palacios hizo un llamado al Presidente para insistir en la desvinculación de niños y niñas del conflicto para que se acabe el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales y sin “manipulación por sectores de la Fuerza Pública”.
En sintonía con eso, pidió investigar de forma exhaustiva los “patrones de connivencia con el paramilitarismo” y solicitó que esta tarea esté en manos de la Procuraduría General de la Nación y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Finalmente, pidió una misión a Tumaco, Guapi, Buenaventura, Istmina, Quibdó, Apartadó, Riosucio, Bojayá y Bahía Solano de esa Comisión con otras instituciones con el objetivo de identificar acciones específicas y seguir compromisos como los de protección colectiva pactados con líderes sociales.
Palacios le pidió a Duque que el Ejército y otros funcionarios respeten los testimonios de los pobladores, pues “han estado desmintiendo y minimizando la palabra de quienes vemos y padecemos la presencia, en número, zonas y agresiones de los actores armados en la región”.
Dijo que con estas declaraciones “se evade la responsabilidad por parte del Estado y se pone en mayor riesgo a la población civil”; además, que se vulnera la legitimidad misma del Estado al poner en tela de juicio la confianza de las comunidades vulnerables hacia este.
Palacios recordó en su comunicación que ya le había enviado al Gobierno una carta, cuando se hizo la entrega digna de las víctimas de la masacre de Bojayá, en noviembre del 2019.
En esa, le recordaban a Duque que durante su administración la Defensoría del Pueblo había emitido dos alertas tempranas y cinco informes de consumación de riesgos.
También puso de presente que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado las violaciones de los derechos humanos en Bojayá.
Y que las organizaciones afro, indígenas y la Diócesis de Quibdó han emitido comunicados y denuncias sobre esta situación durante el gobierno de Duque.
Palacios le dijo al Presidente que todavía están esperando respuesta a esa carta.
Tomado de El Tiempo
