La elección del fiscal general en Guatemala reduce la credibilidad en la Justicia

Fotografía de archivo en la que se registró a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, quien es la principal favorita a ocupar de nuevo el cargo, en Ciudad Guatemala (Guatemala). EFE/Edwin Bercián
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Ciudad de Guatemala, 27 de abril de 2022.- La elección en marcha del fiscal general en Guatemala para el periodo 2022-2026, un puesto clave para la lucha anticorrupción en el país centroamericano, ha reducido aún más la credibilidad en la Justicia, de acuerdo con la visión de varias fuentes con conocimiento del tema.

El listado de seis candidatos finales al puesto tiene como favorita a la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien busca su reelección, pese a haber sido sancionada en 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de “obstruir” la Justicia en casos de alto impacto en Guatemala.

Al respecto, el arzobispo de la Ciudad de Guatemala, Gonzalo de Villa, no tuvo reparos el pasado domingo, durante su misa habitual, en cuestionar la situación que atraviesa el país centroamericano en referencia a la Justicia.

“¿Tiene credibilidad la administración de Justicia hoy? Por más vueltas que le doy, yo no veo que tenga credibilidad”, afirmó de Villa.

“Y esa falta de credibilidad de la administración de Justicia, que tiene que ver con el Ministerio Público, con la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el mismo Congreso, nos remite a decir que vivimos en una situación en que nos callamos, pero a la vez tenemos miedo”, añadió.

Las palabras del religioso español, nacido en Madrid en 1954, se registraron después de que el 22 de abril se cerrara la penúltima fase del proceso de elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026.

Dicho proceso está a cargo de una Comisión de Postulación, formada por los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país, además de diversos funcionarios, incluida la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

El trabajo de la Comisión de Postulación concluyó ese 22 de abril cuando entregó el listado de seis candidatos al presidente del país, Alejandro Giammattei, quien debería elegir a uno de ellos para ocupar el cargo por los próximos cuatro años.

UN PROCESO “LLENO” DE “VICIOS”

El proceso de designación del nuevo fiscal general “no ha sido legítimo y ha estado lleno de anomalías y vicios”, señaló a Efe el activista Gabriel Wer, director del Instituto 25-A, una organización nacida de las protestas anticorrupción en Guatemala durante 2015.

“Lo preocupante del proceso de elección es que desde un inicio se ha impedido que sea un proceso transparente, basado en los méritos, la trayectoria y la idoneidad de quienes se pudieran postular”, aseveró Wer.

El activista recordó que el proceso prohibió la participación de jueces con cierta experiencia y también hubo amenazas a uno de los miembros de la Comisión de Postulación, el decano de la universidad privada Da Vinci, quien tuvo que renunciar a su cargo.

“Y lo vemos en el final del proceso también, cuando la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país) obliga a los comisionados a incluir a Consuelo Porras en la lista. Entonces, el proceso en sí, está lleno de vicios y pierde cualquier legitimidad”, añadió Wer.

La imposición de la Corte de Constitucionalidad fue decretada por dicho tribunal el 22 de abril tras un amparo (recurso legal), después de que la Comisión de Postulación evitara inscribir a Porras en el listado final pese a tener la mejor puntuación de 15 aspirantes.

De acuerdo con el líder del Instituto 25-A, detrás del apoyo a Porras están “el mismo presidente Giammattei, redes de políticos, empresarios y militares, que ven en Porras garantías de cuatro años más en los que se continúa desbaratando la lucha anticorrupción”.

EN MANOS DE GIAMMATTEI

Los seis abogados elegidos en el listado final son Consuelo Porras, Néctor de León Ramírez, Darleene Monge Pinelo, Gabriel García Luna, Henry Elías Wilson y Jorge Luis Donado Aguilar, este último el actual Procurador General de la Nación (PGN).

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, tendrá que elegir a uno de ellos para ocupar el puesto como fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026, como establece la ley del país centroamericano.

“La reelección de Consuelo Porras me parece el peor escenario. El listado de seis ya es cuestionado”, destaca Wer.

La Comisión de Postulación empezó a revisar perfiles en enero de este año y eligió inicialmente a 15 candidatos para finalmente quedarse con el listado de seis aspirantes al puesto, oficializado el 22 de abril.

Consuelo Porras, quien busca la reelección fue sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos con la remoción de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio por supuestamente obstruir casos de alto impacto en Guatemala.

La decisión del Departamento de Estados de EE.UU. llegó dos meses después de que en julio de 2021 Porras removiera de su cargo al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado en el país norteamericano y quien investigaba un presunto caso de sobornos a Giammattei.

Sandoval llevó a cabo una histórica lucha anticorrupción en Guatemala entre 2014 y 2020 que imputó a más de 200 funcionarios y miembros de la élite empresarial.

El pasado 13 de abril, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) aseguró que el mandato de Porras ha sido “una desgracia para el Estado de Derecho” en el país centroamericano.

“El gran problema de tener a Consuelo Porras cuatro años más es que va a continuar la persecución y criminalización contra operadores de Justicia, periodistas, activistas, organizaciones sociales, movimientos sociales y muy probablemente contra partidos políticos de oposición, ya que el otro año tenemos elecciones generales”, concluyó Wer, en referencia a los más de 16 exfiscales, jueces y periodistas que ya están en el exilio.

José Carlos Móvil

EFE

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