Gabriel Jaimes Durán, el hombre escogido para ocupar la tercera posición más importante dentro de la Fiscalía, ha pasado sus últimos días en reuniones a puerta cerrada con su nuevo jefe para determinar líneas de trabajo. Lo que se viene no es poco: Jaimes Durán tendrá a su cargo la coordinación de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, que son quienes manejan las investigaciones de más alto perfil. Ante la relevancia que tiene su cargo, más de uno quedó sorprendido al verlo hace unos días a la izquierda del fiscal Francisco Barbosa, de traje y corbata azul, mientras este anunciaba a su nuevo equipo desde la sede principal del organismo investigativo.
Quien reapareció ese día fue un funcionario público de vieja data que, así como ha estado en la cumbre del poder, también ha estado en el fondo. Jaimes Durán ingresó a la Fiscalía en 1994, según se lee en la página de Función Pública, y en ese organismo forjó la mayor parte de su carrera como uno más de los miles de funcionarios que allí laboran. Comenzó en Barrancabermeja, de acuerdo con la hoja de vida que él mismo entregó a la Fiscalía; en 1999 llegó a Bucaramanga y, en 2007, se fue para la Dirección Seccional de Fiscalías de Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá. Luego, aseguró él, trabajó en “casos connotados en Colombia” desde la Unidad Anticorrupción.
Era entonces la Fiscalía de Mario Iguarán, en la cual Jaimes Durán fue un fiscal como cualquier otro. Jaimes Durán no deja saber en la hoja de vida que colgó la Fiscalía en su página web cuáles eran esos procesos de connotación nacional, ni fue un hombre clave de la administración Iguarán. En abril de 2008, sin embargo, cerró la puerta de la Fiscalía temporalmente para abrirse una ventana en el Consejo de Estado como magistrado auxiliar. “Proyecté para el magistrado titular fallos en procesos contencioso-administrativos”, dice su hoja de vida. Aunque no hace explícito quién era, este diario confirmó que era Alejandro Ordóñez Maldonado.
Del alto tribunal, Jaimes Durán saltó a la Procuraduría de la mano de Ordóñez, con quien comparte su región de origen (Santander), su alma mater (la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga) y sus posturas políticas y religiosas. Ordóñez se posesionó ante el presidente Álvaro Uribe como procurador el 14 de enero de 2009 y, dos semanas más tarde, se posesionó Jaimes Durán como procurador delegado del Ministerio Público en asuntos penales. Hoy, Uribe es el jefe natural del partido del presidente Iván Duque; Ordóñez, el embajador de Duque ante la OEA, y Jaimes Durán promete ser la mano derecha de quien era el más duquista de los ternados a fiscal.
La hoja de vida que Jaimes Durán entregó a la Fiscalía de Barbosa contiene algunas inexactitudes sobre las fechas en que estuvo en ciertos cargos. Una de ellas indica que fue director nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría de enero a febrero de 2010: o sea, en la era Ordóñez. Pero, curiosamente, en la página web de esa entidad hay una publicación de enero de 2009 en la que se anuncia la llegada de Jaimes Durán como procurador delegado en asuntos penales. Ahí se lee que él ya había sido director de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Y él solo trabajó en el Ministerio Público con Alejandro Ordóñez.
Lo que sí está más que claro es que Jaimes Durán fue un hombre de toda la confianza de Ordóñez y, en el tiempo en que fue así, le hizo una particular encomienda. La misma que le encargó el presidente Duque al nuevo fiscal general, Francisco Barbosa, el pasado 13 de febrero, cuando se posesionó en el cargo: esclarecer el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Jaimes Durán, al igual que el fiscal Barbosa y el presidente Duque, estudió en la Universidad Sergio Arboleda —en su caso, el posgrado—, universidad de la que salía el político conservador —y de la cual fue uno de los fundadores— el 2 de noviembre de 1995, cuando las balas lo alcanzaron. Murió en cuestión de minutos.
“Quiero pedirle, en nombre de muchos colombianos, una tarea especial, como símbolo de lucha contra la impunidad”, dijo el presidente poco antes de terminar su discurso. “Usted y yo vimos las metrallas asesinas que apagaron la voz vigorosa de Álvaro Gómez Hurtado”, expresó Duque mientras Barbosa asentía con la cabeza, recordando de paso que cursaron juntos la carrera de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y que allí fue donde se conocieron, en los años 90. “Crímenes de lesa humanidad no pueden quedar en la impunidad y esperamos que, durante su Fiscalía, podamos llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales (de este asesinato)”.
Las palabras de Duque generaron algo de confusión entre quienes conocen el expediente de Gómez Hurtado. Al pedir que se descubran “los verdaderos autores intelectuales y materiales” del magnicidio, ¿en qué plano queda el trabajo que la propia Fiscalía ha hecho hasta el momento? En diciembre de 2017, este crimen fue declarado de lesa humanidad bajo la tesis del organismo investigativo de que, en los años 90, el cartel del norte del Valle replicó los métodos violentos del cartel de Medellín para evitar la extradición de sus jefes y que, en ese marco, personas como el narcotraficante Orlando Henao y el coronel (r) Danilo González fraguaron el homicidio del líder conservador.
El lío es que Barbosa nombró como aliado suyo a alguien que tendrá que declararse impedido en todo lo que relativo al proceso de Álvaro Gómez Hurtado, pues, cuando ejercía como procurador delegado, Jaimes Durán hizo solicitudes y emitió conceptos relacionados con este caso. En enero de 2010, por ejemplo, acaparó titulares de prensa al pedir que ciertas personas —cuya identidad no reveló— fueran llamadas a indagatoria e, incluso, le pidió al fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago crear un grupo especial de fiscales y de policía judicial con el fin de que las investigaciones avanzaran. Para entonces, Jaimes Durán también había estado presente en la declaración que dio alias Rasguño.
Hernando Gómez Bustamante, un poderoso narcotraficante del cartel del norte del Valle conocido como Rasguño, fue detenido en 2004 en Cuba con un pasaporte mexicano falso en la mano. Tres años después fue deportado a Colombia y, ese mismo año, fue extraditado a los Estados Unidos, que llevaba años tras su pista. Antes de ser trasladado ante una corte federal de Nueva York, Rasguño prometió que diría lo que sabía del caso Gómez Hurtado. Y así fue. A principios de enero de 2010, viajaron hacia Estados Unidos para realizar esta diligencia un fiscal, el representante de la familia Enrique Gómez Martínez y Gabriel Jaimes Durán.
Con la declaración de Rasguño, el expediente del inmolado político del conservatismo recibió una bocanada de aire, pues las indagaciones parecían estancadas. Años atrás la justicia había puesto sus ojos sobre miembros del Ejército como el coronel (r) Bernardo Ruiz Silva, excomandante de la Brigada XX (que el gobierno Samper clausuró en 1998 por las múltiples acusaciones en su contra de graves delitos como asesinatos y desapariciones). En 2000, la Procuraduría lo exoneró de cargos disciplinarios por el crimen de Gómez Hurtado, aunque, a la vez, pidió que un juez lo condenara por lo mismo. Al final, resultó absuelto de todo.
Desde que Rasguño habló, las indagaciones de la Fiscalía tomaron el rumbo de las palabras del narcotraficante, al punto de que en la declaratoria de lesa humanidad se sostiene que el cartel del norte del Valle mató a Gómez Hurtado porque, si llegaba al poder, podría restablecer la extradición, suspendida desde la promulgación de la carta política del 91. En 2010 la revista Semana dijo: “Llama la atención que el procurador Ordóñez se haya mostrado tan interesado en este caso. Ordóñez es gran amigo del exsenador Pablo Victoria, quien supuestamente participó, con Álvaro Gómez, en una de las reuniones en las que se estaba fraguando el golpe de Estado contra Samper”.
Pero el supuesto golpe de Estado, o la presunta participación de militares en la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, salieron de la baraja de hipótesis de la Fiscalía hace un buen tiempo, al menos sobre el papel. Fuentes le contaron a este diario que, además, esa declaración de Rasguño resultó siendo una cruz para Gabriel Jaimes Durán. La versión que contó el capo se filtró rápido en medios de comunicación. Coincidencialmente, después de ese episodio, el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa. Tras año y medio de ser el consentido de Ordóñez, Jaimes Durán fue expulsado del Olimpo y enviado de regreso con los mortales.
La razón por la que cayó en desgracia fue un secreto que Ordóñez nunca compartió en público, pero el hecho es que pasó de ser su mano derecha a ser de nuevo un fiscal de rango medio en Fusagasugá (Cundinamarca). Si Jaimes Durán terminó en malos términos con EE. UU. —lo que derivó en que en ese momento se le revocara la visa, una medida discrecional de ese gobierno, pero muy excepcional—, esto podría ser una piedra en el camino del fiscal general Barbosa, pues durante la administración de Néstor Humberto Martínez, la relación de la Fiscalía con las agencias estadounidenses brilló. Por esa vía se pudieron trabajar investigaciones tan complejas como el caso Odebrecht, el cartel de la toga, el escándalo de la FIFA (que involucró a dirigentes de fútbol colombianos) y el caso Cemex, entre otros.
¿Qué pasará con expedientes tan delicados en la Fiscalía de Barbosa cuando su jefe de fiscales ante la Corte no tiene visa? El éxito de esas investigaciones, muchas de las cuales siguen en pie, radicó, dicen fuentes del ente investigador, en la fluida relación entre la cúpula de la Fiscalía, especialmente con Fabio Espitia, a quien reemplazará Jaimes Durán. ¿Qué pasará con esos casos, si el tercero al mando de la Fiscalía no puede entrar a EE. UU? Desde el martes pasado, El Espectador se comunicó con la oficina de prensa de la Fiscalía para hablar él, pero hasta el cierre de este artículo no fue posible.
Tomado de El Espectador
