Bogotá, 25 agosto de 2021.- La Fiscalía colombiana defendió este miércoles su competencia para imputar al excomandante Mario Montoya, quien dirigió el Ejército de 2006 a 2008, por su presunta responsabilidad en 104 casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles para presentarlas como bajas en combate, en el caso conocido en el país como «falsos positivos».
El ente acusador basó su alegato citando decisiones de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Sin embargo, el abogado defensor Andrés Garzón le pidió al magistrado Fabio David Bernal Suárez, de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, rechazar la solicitud de imputación de cargos porque Montoya se sometió voluntariamente a la JEP, que lo deberá juzgar.
El jurista recalcó que la competencia de la JEP es exclusiva, por lo cual el compareciente no puede ser citado a diligencias judiciales fuera de ese tribunal de justicia transicional creado en el acuerdo de paz de 2016 firmado entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC.
La Fiscalía busca imputar a Montoya por los presuntos delitos de «homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en 104 ocasiones, en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio».
En febrero, la JEP elevó a 6.402 la cifra de personas que «fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008», que corresponde con el Gobierno del derechista Álvaro Uribe, del que Montoya fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008.
Mientras tanto, Martha Reyes, procuradora delegada para el caso, dijo que la Fiscalía no es competente para imputar al general retirado.
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Recordó que Montoya ha asistido a todas las diligencias a las que ha sido citado en la JEP por uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en el que militares ofrecían trabajo a jóvenes, sobre todo de clases bajas, para llevarlos a otros sitios del país y asesinarlos y presentarlos como bajas de guerrilleros.
Por su lado, abogados de las víctimas también pidieron, igual que la Fiscalía, que se permita la imputación de cargos y consideraron que de no ser así se estarían violando los derechos de las víctimas.
La decisión de si la Fiscalía es competente para imputar los cargos contra Montoya será definida este jueves por el magistrado Bernal.
LOS CARGOS
De acuerdo con la Fiscalía, el general retirado desconoció cuando era comandante del Ejército una directiva de las Fuerzas Militares que ordenaba «privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y estas sobre las muertes en combate, es decir, ordenó cambiar las prioridades operacionales».
Según lo investigado por ese organismo «el general Montoya comunicó las directrices del Ministerio de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares a las unidades del Ejército, pero no las aplicó», por lo que siguió evaluando a los comandantes por el número de muertes reportadas en combate.
En esa línea, el incumplimiento de la directiva de las Fuerzas Militares derivó en 104 homicidios reportados por unidades del Ejército como muertos en combate, aunque ninguna lo hiciese y «fueron colocadas en situación de indefensión o inferioridad».
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Mientras en el Tribunal se daban los alegatos de las partes un grupo de personas, de varias asociaciones de víctimas, se congregó en las escaleras de los tribunales de Bogotá y Cundinamarca con carteles que piden justicia.
Entre ellas, la asociación Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO) llevaron carteles en los que se leía: «Ejecuciones extrajudiciales. Los 6.402 ¡sin olvido!» o pancartas escritas con letras rojas y negras y en un fondo amarillo decían: «¿Quién dio la orden?.
