Santiago de Chile, 18 de octubre del 2023 – El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, reconoció este miércoles, en el marco del cuarto aniversario del estallido social, la mayor ola de protestas desde el retorno de la democracia en Chile, que se cometieron violaciones a los derechos humanos, aunque descartó que fueran «sistemáticas».
«Hemos detectado, y es de público conocimiento, hechos que revestirían carácter o que se pueden calificar como violaciones de derechos humanos, pero no hemos reunido antecedentes en esas investigaciones que puedan atribuirle el carácter ‘sistemático’, sin perjuicio que las investigaciones siguen abiertas», sostuvo.
Las revueltas, que empezaron en octubre de 2019 como una protesta contra el alza en el precio del ticket de metro y derivaron en un clamor por un modelo económico más justo y derechos sociales, ocasionaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos muchos con traumas oculares.
La crisis también dejó episodios de violencia extrema, con saqueos, incendios y señalamientos por parte de la ONU y Amnistía Internacional contra el cuerpo policial de Carabineros por violaciones a los derechos humanos.
Según un informe entregado por el Ministerio Público, entre el 18 de octubre de 2018 y julio de este año, se registraron 8.508 casos de violencia institucional, de las cuales casi 7.000 han sido terminadas, ya sea porque se dictó una condena, porque se declaró la absolución o se tomó la decisión de no preservar, entre otros motivos.
Además, 147 carabineros, militares y efectivos de la PDI fueron formalizados, de los cuales 45 fueron condenados.
Valencia aseguró que a su llegada al cargo, en enero de este año, instruyó investigar «con mayor celeridad» las causas relacionadas al estallido social y «concentrar en un sólo fiscal regional» los delitos graves cometidos en contra de Carabineros.
También explicó que solicitó a la Unidad Especializada de Derechos Humanos «verificar que las investigaciones estén bien cerradas», es decir, que se hayan realizado según las instrucciones generales y obligaciones internacionales.
Durante la mañana, la senadora independiente Fabiola Campillai, reconocida víctima de la represión policial del estallido, instó al Gobierno del izquierdista Gabriel Boric a «esclarecer la verdad» sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las movilizaciones a través de «una comisión de verdad y justicia» y llamó a concretar «de una vez por todas» la reforma a Carabineros y la ley del uso de la fuerza.
Campillai, que quedó ciega por el golpe de una bomba lacrimógena arrojada por un policía mientras se dirigía a su trabajo en 2019, pidió que se garantice «la reparación integral de las víctimas» tanto a través de políticas de estado, como de una ley de reparación y que se adopten las medidas necesarias para la «no repetición».
«Si la justicia no se imparte en el sistema nacional, conforme al nivel que demanda la comunidad internacional cuando se trata de violaciones de derechos humanos por agentes del Estado, recurriremos a las instancias internacionales correspondientes», agregó la parlamentaria.
Las protestas fueron canalizadas por la vía política con la apertura de un proceso constituyente en el que el país aún sigue inmerso. Tras un primer intento de redactar una nueva Constitución fallido en septiembre de 2022, el país decidirá en diciembre si avala una segunda propuesta de carta magna elaborada por un órgano controlado por la extrema derecha.
EFE
