La Fiscalía de Ecuador investiga al ministro de Salud tras denuncias por vacunas

Quito, 29 enero.- La Fiscalía General del Estado ecuatoriano abrió una investigación sobre la actuación del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, tras las denuncias de su participación en un presunto delito de tráfico de influencias en el reparto de vacunas contra la covid-19 para beneficiar a familiares.

La entidad informó en redes que «con base en varias denuncias presentadas, la Fiscalía abrió una investigación previa contra el ministro de Salud, Juan Carlos Z., por un presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas para la covid-19».

La fiscal general, Diana Salazar, recibió una denuncia por parte de la agrupación Acción Jurídica Popular, que detalla que las 8.000 vacunas que llegaron al país pasado 21 de enero, estaban destinadas principalmente para personal médico de primera línea de combate a la pandemia.

El Gobierno había anunciado que en una «fase cero» o «piloto» iban a vacunarse tanto el personal sanitario en primera línea como personas mayores y asistentes en geriátricos, tanto públicos como privados.

La polémica se originó a raíz de la publicación de informaciones que apuntaban a que familiares del ministro, residentes en un centro privado para personas mayores denominado Centro Geriátrico del Hospital de los Valles de Quito, fueron vacunadas el fin de semana con dosis procedentes del hospital Pablo Arturo Suárez de la capital.

El domingo, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, anunció que las delegaciones provinciales de la entidad que dirige efectuarán un seguimiento exhaustivo del plan de vacunación ante las sospechas.

Tanto la Defensoría, como candidatos políticos a las elecciones del 7 de febrero y asociaciones gremiales de médicos y más de un centenar de asambleístas, han pedido la remoción del ministro y aclaraciones sobre su actuación.

La fiscal ha pedido a la cartera sanitaria la entrega del protocolo establecido para determinar el orden y forma de vacunación, además de la cantidad de vacunas que se colocaron en el geriátrico donde se encuentran los familiares de Zevallos.

Ante el requerimiento, el Ministerio de Salud Pública dispone de un plazo de 48 horas para enviar toda la información requerida.

También se ha solicitado la comparecencia del propio ministro, que tendrá que declarar ante la Fiscalía General en la mañana del próximo lunes.

El pasado miércoles, en un video institucional de su ministerio, Zevallos justificó su actuación al señalar que los «adultos mayores fueron escogidos para esta fase inicial en Ecuador, y en el resto del mundo».

«El día sábado, dentro de mis actividades visité el Hospital de los Valles, donde nuestro equipo se encontraba vacunando dentro de lo que ya estaba planificado», refirió antes de proseguir: «Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo».

«(Lamento) muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de una manera negativa. Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé, no soy político, no entiendo de política», mencionó en el mensaje.

Y añadió: «Si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirle que difiero con todo respeto con ese criterio sobre este histórico proceso que se ha realizado».

El pasado 21 de enero, el país andino inició su plan nacional de vacunación con una «fase piloto» para la administración de 8.000 vacunas dirigidas al personal sanitario de primera línea contra la covid-19, así como personas mayores y personal de geriátricos.

El Gobierno ecuatoriano ha anunciado que invertirá unos 200 millones de dólares en la adquisición de vacunas contra la covid-19, que serán despachadas hasta septiembre u octubre, para inmunizar a unos 9 millones de habitantes, el 60 % de la población.