Managua, 26 mayo.- Al menos nueve periodistas críticos con el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, incluyendo la aspirante a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios, han sido citados por la Fiscalía de Nicaragua hasta este miércoles para declarar en un caso de supuesto lavado de dinero por el que se investiga a la extinta ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
El último en acudir a la cita fue el periodista de la radioemisora ABC Stereo Roberto Mora, quien, al igual que los anteriores, consideró que el trasfondo del caso es afectar a Chamorro Barrios, que es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup.
«Siempre mantengo mi opinión de que se trata de un caso político. Está en contra de una persona que tiene interés de ser candidata», dijo Mora, quien no negó ante la Fiscalía haber recibido fondos de la ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, e insistió en que no ha cometido «ningún tipo de delito».
La Fiscalía, que dirige la expolicía Ana Julia Guido, a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga a la aspirante presidencial opositora en su calidad de directora ejecutiva y representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado.
Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG «incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero», por lo que se «ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente».
La Fiscalía ha entrevistado a Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, representante, administrador financiero y contador general de la Fundación, respectivamente, «para responder por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros período 2015-2019».
También a los periodistas Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, excolaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Adicionalmente ha llamado a otros seis periodistas, incluyendo al dueño de la popular emisora La Corporación y excandidato a la Presidencia, el nonagenario Fabio Gadea, como testigos, así como a un comentarista político, también para dar testimonio.
Parte del trabajo de la ONG, que cerró sus puertas en febrero pasado, era promover la democracia y el periodismo de calidad, principalmente por medio de capacitaciones y becas por concurso público.
«NADA QUE ESCONDER»
«Como uno no tiene nada que esconder, simplemente puede entrevistar todo lo que quieran, soy transparente. Nosotros hacemos propuesta de trabajo para ver si se consigue algún recurso o no. Esos concursos para optar a fondos siempre son públicos, y las publicaciones estaban ahí y siguen estando, no hay nada que ocultar», explicó Mora.
En la víspera fueron interrogados, además de Gadea, la también periodista y copropietaria del canal 100 % Noticias Verónica Chávez, y la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado.
Para jornadas posteriores está previsto que acudan a la Fiscalía los periodistas José Adán Silva, director del portal digital Literal, y Anibal Toruño, dueño de Radio Darío.
También han sido citados los representantes de las radioemisoras La Costeñísima y Radio Vos, así como el comentarista político Jaime Arellano.
Diversas voces, incluyendo organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, han señalado el caso como una «redada» contra el periodismo crítico.
Las actuaciones policiales también incluyeron un segundo allanamiento contra el grupo de medios que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, galardonado con el premio Ortega y Gasset 2021.
Los hermanos Chamorro son hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las elecciones generales de 1990.
Para Ortega, quien volvió al poder en 2007, las elecciones del 7 de noviembre serán determinantes, ya que definirán si extiende o ve el fin de sus 42 años de dominio casi total sobre la política de Nicaragua.
