San Juan, 14 de marzo de 2024.- La Fiscalía General de Surinam solicitó una investigación preliminar sobre un posible caso de corrupción contra el presidente Chandrikapersad Santokhi y dos de sus ministros, incluido el titular de Finanzas Stanley Raghoebarsing.
Este paso sigue a informes de que el Gobierno supuestamente pagó un estimado de 7,5 millones de dólares a la empresa local Pan-American Real Estate, utilizando documentos falsos.
«Es importante destacar que todavía no se ha identificado a nadie como sospechoso», precisó en un comunicado este jueves el Ministerio Público.
El problema salió a la luz por primera vez en noviembre pasado, cuando un anónimo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General, sustentada con varios documentos.
En enero, el denunciante entregó aún más pruebas potencialmente incriminatorias a la Fiscalía General y, posteriormente, se asignó a la Unidad Anticorrupción de la Policía la tarea de investigar el asunto.
Durante la investigación, la Policía interrogó a varias personas, entre ellas el vicepresidente Ronnie Brunswijk y los dos ministros implicados en el caso: Raghoebarsing y el titular de Obras Públicas, Riad Nurmohamed.
«Después de analizar los resultados de la investigación policial y teniendo en cuenta la naturaleza del caso, se ha solicitado una investigación judicial preliminar», indicó el Ministerio Público.
El presidente Santokhi y los dos ministros dijeron a los periodistas que no son culpables de ningún delito penal y que todo se desarrolló de acuerdo con las normas legales vigentes.
Según el denunciante, el ministro de Obras Públicas presentó documentos falsos en la reunión del Consejo de Ministros para facilitar el pago a Pan-American Real Estate.
El pago habría sido bloqueado dos veces por el vicepresidente Brunswijk, que preside las reuniones.
Sin embargo, el denunciante afirma que el ministro pasó por alto esa sesión ministerial y presentó los documentos supuestamente falsos en otra reunión presidida por Santokhi, en la que se aprobó el pago de aproximadamente 7,5 millones de dólares a la empresa.
Las dudas de algunos miembros del Gobierno respecto al pago a la empresa se debían a que los acuerdos procedían de la Administración anterior de Desi Bouterse y supuestamente no se cumplieron.
Pan-American Real Estate se comprometió a construir viviendas para grupos de bajos ingresos, mientras que el anterior Gobierno iba a pavimentar las calles en un proyecto de desarrollo inmobiliario de la empresa.
Nurmohamed dijo que estos acuerdos supuestamente no se cumplieron, lo que provocó que la empresa tuviera que pavimentar las carreteras y ahora buscar recuperar los fondos de la actual Administración.
Los miembros del Gobierno sólo pueden ser procesados por ley si son acusados por el Parlamento a petición del Fiscal General y, en la Cámara, la coalición del presidente Santokhi goza de mayoría.
EFE
