Madrid, 2 de marzo de 2022.- La Fiscalía del Tribunal Supremo de España archivó las diligencias de investigación abiertas al rey emérito Juan Carlos I desde 2020, al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.
Esas dos circunstancias, unidas a la «insuficiencia de indicios incriminatorios» en otros casos y a las regularizaciones fiscales efectuadas por el rey emérito, condujeron al cierre de las investigaciones en dos decretos firmados este martes por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
La Fiscalía destaca que pese a no haber podido dirigirse penalmente contra Juan Carlos I, su actuación «ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas» correspondientes a «las cuotas tributarias adeudadas» por el rey emérito.
El ministerio público llegó a abrir tres diligencias de investigación a Juan Carlos I, de las que una acabó siendo absorbida por otra.
En el año 2020 el rey emérito trasladó su residencia a Emiratos Árabes, donde permanece en la actualidad, aunque este archivo podría motivar su regreso.
Las investigaciones giraron en torno al presunto cobro de 65 millones de euros (unos 72 millones de dólares) por intermediar en la construcción del tren de alta velocidad Medina-La Meca en Arabia Saudí, sobre si recibió donaciones no declaradas y sobre si ocultó fondos en paraísos fiscales.
FRAUDE A HACIENDA PRESCRITO
Pese al archivo, la Fiscalía identificó cuotas defraudadas a la Hacienda española en 2008 y 2012, pero no existiría responsabilidad penal hasta 2011 al estar prescrito el delito y en 2012 Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad.
Según la Fiscalía, la investigación no pudo esclarecer «vinculación alguna» entre el ingreso de casi 65 millones de euros y la adjudicación del tren, ni que ese pago esté relacionado con comisiones, sino que «se trataría» de un «regalo» como jefe de Estado, lo que podría integrar un delito de cohecho, pero estaría «prescrito».
El posible blanqueo a través de las operaciones financieras entre 2008 y 2012 por orden de Juan Carlos I tras recibir esos millones en una cuenta en Suiza estaría también cubierto por la inviolabilidad.
La Fiscalía no tiene constancia de que hubiese contraprestación en las transferencias por 516.606 euros que entre 2016 y 2019 hizo el empresario mexicano Allen Jesús Sanginés Krause al coronel del Ejército de Aire y antiguo ayudante del rey emérito Nicolás Murga Mendoza, de las que Juan Carlos I se habría beneficiado.
Serían, según el fiscal, donaciones, y en 2020 Juan Carlos de Borbón, en su primera regularización, declaró más de 556.412 euros del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
GASTOS DE VIAJES PRIVADOS
Pese a que la Fiscalía no ha podido establecer con precisión «la procedencia y cuantía» de los fondos de las cuentas de la Fundación Zagatka, constituida por su primo, Álvaro de Orleans, ni los gastos y pagos que realizó, la información bancaria recibida de Suiza «permiten establecer» que entre 2014 y 2018 esta entidad abonó «cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamiento» del rey emérito, sus familiares y allegados.
De nuevo, menciona las regularizaciones realizadas en febrero de 2021, sin requerimiento de la Hacienda española, que derivaron en un ingreso de 4,4 millones de euros.
La última investigación se abrió en 2020 a raíz del hallazgo de un «trust» constituido en Jersey en 2004 con indicios de que el propietario último de los fondos podría ser el rey emérito.
La Fiscalía concluyó que entre 2004 y 2021 no existe indicio que permita vincular el «trust» con Juan Carlos de Borbón.
El pasado diciembre la Fiscalía en Suiza archivó una investigación que abrió en 2018 para determinar si hubo alguna ilegalidad en la donación de esos 65 millones de euros que el rey emérito recibió de Arabia Saudí por intermediar en la concesión de las obras del tren, que posteriormente regaló a su antigua amiga íntima Corinna Larsen.
Juan Carlos de Borbón tiene pendiente una demanda que Corinna Larsen presentó contra él por supuesto acoso desde 2012 ante el Tribunal Superior de Londres, que debe dictaminar si la admite o la rechaza.
Juan Carlos I, de 84 años, abdicó en 2014 en su hijo Felipe VI.
EFE
