Bogotá, 19 octubre.- La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia cuestionó este lunes la actuación de la Fiscalía General en una investigación contra la periodista Diana Díaz, quien denunció el año pasado un caso de censura en el sistema de medios públicos del país.
A través de una carta dirigida al fiscal general, Francisco Barbosa, la Fundación manifestó su preocupación frente «al ambiente de miedo y autocensura que puede generar el inicio o avance de investigaciones» contra periodistas que hacen uso de su libertad de expresión para informar sobre asuntos de interés público.
«La FLIP publica esta carta dirigida al fiscal general de la Nación para manifestar su preocupación frente al uso de mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados en la investigación de la Fiscalía en contra de Diana Díaz», señaló la fundación.
LA CENSURA
La FLIP denunció en enero de 2019 que el gerente de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Juan Pablo Bieri, ordenó censurar el programa «Los puros criollos» por las opiniones de su presentador, Santiago Rivas, sobre un proyecto de ley de modernización del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) impulsado por el Gobierno.
Como prueba de ello, la fundación divulgó un audio de casi 14 minutos, grabado el 6 de diciembre de 2018, en el que se escucha a Bieri ordenar retirar la emisión del programa y alterar los planes de lanzamiento de la quinta temporada del mismo.
«Si se vuelve a hacer ‘Los Puros Criollos’, se hace con otra persona. No hay posibilidad de que él lo vuelva a hacer. Mejor dicho, no hay posibilidad de que en esta gerencia Santiago vuelva a trabajar con esta empresa. En ninguna coproducción y producción. No hay posibilidad», se escuchó a Bieri decir en una reunión.
Tras esa denuncia, Bieri renunció al cargo y se defendió asegurando que con la grabación, que calificó de «ilegal», se le vulneró el derecho a la privacidad, razón por la cual denunció en marzo de 2019 a la periodista Diana Díaz ante la Fiscalía acusándola de ser quien habría grabado y divulgado dicha reunión.
INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA
La Fiscalía General anunció este lunes que imputará a Díaz por el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva porque al parecer esta «habría incurrido en un tipo penal relacionado con la violación de la cláusula de confidencialidad suscrito como servidora del Estado».
Sobre esa información, la FLIP advirtió que «es de extrema gravedad que en la investigación» contra Díaz «se valga de mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados», así como calificó el proceso penal como «un despropósito en sí mismo».
«Desde un inicio, debió ser archivada porque no se divulgó información reservada; se actuó de buena fe para dar a conocer irregularidades; y se trató de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión sobre una irregularidad que no es menor, porque la prohibición de la censura es una garantía central para la democracia», subrayó la fundación.
INSPECCIÓN A LA FLIP
La fundación aseguró que «el 8 de octubre la Fiscalía requirió a la FLIP informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus instalaciones así como ‘los documentos de control de ingreso y salida de visitantes, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2018 al 23 de enero de 2019, con el fin de establecer el ingreso de Diana Marcela Díaz'».
Ante la solicitud, la FLIP manifestó que no existe un precedente «donde de manera tan flagrante una institución del Estado» les solicitara «violar la reserva de la fuente y facilitar información» que les confían sus benefactores.
Sobre esta diligencia, la Fiscalía confirmó que sí pidió la inspección a la FLIP, pero aclaró que esta no se hizo «porque no hubo necesidad, ya que en la respuesta de la entidad a la fiscal que adelanta el caso se dijo que no tenían registros ni videos».
