Asunción, 19 febrero.-La Iglesia católica expresó este viernes su preocupación por las pésimas condiciones de vida en las cárceles del país e hizo énfasis en el hacinamiento, la corrupción del sistema penitenciario y una violencia por parte de grupos criminales como la que este martes dejó siete muertes en el penal de Tacumbú, en Asunción.
Los presos fallecidos fueron víctimas de un guerra interna entre 2 clanes por el control de esa prisión, la mayor del país, en medio de un motín organizado en protesta por el traslado ese día a otro centro de uno de los líderes de esos grupos.
Ante esos acontecimientos, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), manifestó en un comunicado que ello muestra el estado en el «que se encuentran nuestros reclusorios y todo el sistema penitenciario paraguayo»
«Los hechos evidencian que de nada sirve una superestructura para recluir a las personas que tienen cuenta pendiente con la Justicia si sigue imperando la alta corrupción en las cárceles y si no se realiza una profunda reforma penitenciaria», según la nota.
En ese sentido, los obispos lamentan «la falta de una acción – gestión eficaz y acertada para disminuir la población penal sin condena y evitar el hacinamiento que va en detrimento de los derechos básicos de toda persona humana».
Asimismo, la CEP manifestó su preocupación por «la extrema violencia con las que actúan grupos criminales que condicionan con chantajes a las autoridades nacionales y tienen control sobre la población carcelaria».
«Exhortamos al Gobierno nacional, el poder Judicial y al Legislativo a redoblar esfuerzos y desafiarnos a una mirada mucho más humana y humanizante a favor de las personas privadas de libertad», concluyó el comunicado.
Durante el motín, protagonizado por alrededor de un centenar de presos, los internos causaron destrozos, quemaron colchones y tomaron como rehenes a 18 guardianes que fueron liberados tras la llegada de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.
Después de hablar con los líderes de la revuelta, la ministra dijo a los medios que sus exigencias fueron que no se iniciaran represalias por el motín, antes de conocerse que había fallecidos, e igualdad procesal para la población penitenciaria.
Pérez aseguró que el motín fue una reacción contra el traslado de un recluso luego de detectarse un supuesto plan de fuga que hubiera permitido escapar a varios reclusos.
Los cadáveres presentaban heridas de arma blanca y tres ellos estaba decapitados.
Las muertes fueron atribuidas a un conflicto entre 2 grupos criminales de ese penal, uno de los más superpoblados del país, con presos instalados en los pasillos, y donde se ha denunciado un connivencia entre parte del funcionariado y esas bandas.
Organizaciones de derechos humanos señalan al abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces como causa de la superpoblación de las cárceles paraguayas.
Las autoridades penitenciarias reconocen que muchos presos sin condena terminan reclutados como miembros de organizaciones criminales que operan en las cárceles, como la brasileña Primer Comando de la Capital.
