San Salvador, 25 enero.- La Iglesia católica de El Salvador abrió este lunes sus archivos históricos a Jorge Guzmán, juez instructor del proceso penal por la masacre de unos mil campesinos en El Mozote (1981), para recabar pruebas sobre la vida civil de las víctimas.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, se mostró inicialmente en contra de la diligencia judicial, pero cambió su postura tras hablar con el juez y aclarar que los archivos no serían incautados, sino que únicamente se requerirían copias certificadas.
Esta es la primera vez en la historia reciente del país que la iglesia salvadoreña permite el ingreso a estos archivos recabados por su oficina de auxilio jurídico para una inspección relacionada con una crimen de lesa humanidad perpetrado durante la guerra civil.
«Nuestro problema era que nos los quisieran quitar» y «lo que queremos es que haya Justicia y este es un archivo para una justicia transicional», dijo Escobar en una rueda de prensa.
En la diligencia, además del juez Guzmán, participan una experta documental, representantes de las víctimas, de los procesados, delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y representantes de la Fiscalía.
David Morales, de la organización humanitaria Cristosal y abogado de las víctimas en el proceso penal, señaló que «el procedimiento está claro y la inspección ha iniciado».
Agregó que en estos archivos se encuentran actas de nacimiento, documentos de identidad, boletas de vacunación y otros documentos que «muestran la vida civil de esa comunidad».
«No era un campamento guerrillero, era población civil la que fue masacrada en esta operación en 1981», añadió en rueda de prensa.
Por su parte, Wilfredo Medrano, de Tutela Legal María Julia Hernández y también abogado de las víctimas, indicó que los documentos ayudarían a aclarar la identidad de varias de las personas asesinadas por un batallón élite del Ejército.
Medrano, quien trabajó en la oficina de socorro legal del Arzobispado durante la época de la guerra, señaló que el archivo es «especializado» y en él se encuentran documentadas desapariciones forzadas, masacres y bombardeos a poblaciones civiles.
La diligencia continúa por un tiempo indefinido, ya que los involucrados no especificaron cuánto se tardarán en inspeccionar los documentos.
De acuerdo con el Arzobispado de San Salvador, este archivo ha dado respuesta a 114 solicitudes de información, entre ellas 30 de la Fiscalía, 6 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y 3 de la Policía.
El proceso penal por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra más de una docena de mandos militares retirados se encuentra en la etapa de instrucción y, a juicio de los abogados, se cuenta con elementos suficientes para que el juez Guzmán lo pase a juicio.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
