En versiones libres ante los jueces de Justicia y Paz los paramilitares del Bloque Catatumbo, desmovilizados en el proceso de paz de 2006, reconocieron haber cometido, entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en el departamento de Norte de Santander, los siguientes crímenes: 12.427 homicidios, 375 desapariciones forzadas, 22 abusos sexuales, 38 torturas y miles de desplazamientos contra campesinos, acusados de ser integrantes o simples aliados de la insurgencia. Estas cifras, que hacen parte del informe que presentarán organizaciones de derechos humanos este viernes ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), son apenas una puntada del relato cronológico que detalla cómo fue la incursión paramilitar en esta región.
Justamente, pretenden que esta justicia evalúe detalladamente el periodo de 1999 hasta 2001 cuando se inició la incursión y se cometieron una docena de masacres en el municipio de Tibú (Norte de Santander). Según la Asociación Minga, una de las organizaciones autoras del informe titulado “Fuerza pública y paramilitares: responsabilidades encubiertas”, un documento de 170 páginas, existen nombres de militares y policías, y otros actores posiblemente responsables por acción y omisión, en la cadena de mando, que no han sido investigados en la justicia ordinaria.
A mediados de mayo de 1999, desde una base del municipio de Tierralta (Córdoba), la dirigencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) envió por vía terrestre una tropa de 200 paramilitares, quienes viajaron en camiones que atravesaron los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar, este último, la puerta de entrada al Catatumbo. Según el documento, los paramilitares inicialmente llegaron a varias fincas del sur del Cesar, la primera ubicada en el corregimiento de San Bernardo, municipio de Tamalameque; de allí pasaron a otra en el municipio de Pelaya, y posteriormente, a una finca en Aguachica desde donde hicieron el ingreso el 27 de mayo de 1999.
En la madrugada del 27 de mayo, en seis camiones ganaderos, conducidos por transportadores que fueron forzados a prestarles sus servicios, los paramilitares, armados y uniformados en su gran mayoría, al mando del capitán retirado del Ejército Armando Pérez Betancourt, conocido con el alias de “Camilo”, emprendieron el último trayecto del largo recorrido que los llevaría a Tibú (Norte de Santander). En un sitio conocido como la Ye de Astilleros, donde la carretera se trifurca hacia los municipios de Cúcuta, Sardinata y Tibú, los paramilitares fueron contenidos durante media hora en un retén del Ejército Nacional y luego de conversaciones continuaron el recorrido.
A las 5 de la tarde de ese día, los conductores y los vehículos salieron por la misma vía que del corregimiento de La Gabarra conduce a la cabecera de Tibú. A pesar de que uno de los vehículos resultó afectado por la detonación de explosivos y descargas de armas de fuego, resalta el documento, ninguno de los conductores fue requerido por los militares en diferentes retenes.
Dos días después fue la primera masacre. Según el informe entregado a la JEP, a las afueras de la cabecera de La Gabarra instalaron una base y un retén, en la vereda Mata de Coco, donde fueron obligadas a descender de los vehículos 20 personas que terminaron asesinadas: Alfredo Muralla Hernández, Gerardo Méndez, Jorge Camilo González Prada, José Rafael Claro Ortiz, Omar Osorio, Jhon Jairo Ojeda Garay, Diovar Antonio Quintero, Víctor Julio Contreras Rangel, Mariano Contreras Peña, Jhonys Emilio Trujillo Días, Salvador Hoyos Durango, Francisco León Cuartas Gil, José Trinidad Benítez, Álvaro Conde Cáceres, Solón Aparicio Gómez, Víctor Manuel Rueda Acevedo, Jesús Felipe Contreras Gélvez y tres jóvenes N.N.
El 2 de junio salieron desplazadas de la zona cerca de 2.200 personas, cuyo destino fue el Estado del Zulia en el vecino país de Venezuela. En días posteriores, estas familias regresaron hasta la población fronteriza de Puerto Santander (Norte de Santander), donde fueron recibidas por las autoridades colombianas. Además del desplazamiento colectivo de habitantes de La Gabarra hacia Venezuela, se presentó con posterioridad el desplazamiento forzado de centenares de personas hacia otros lugares de Colombia; quienes salieron individualmente o por núcleos familiares.
A las 9:00 p. m., paramilitares que partieron de las bases instaladas en la vía Tibú-La Gabarra, incursionaron en la cabecera municipal de Tibú y sin encontrar resistencia del Batallón de Contraguerrillas No. 25 “Héroes de Saraguro”, retuvieron y asesinaron a Henry Soto Suárez, Juan de Dios Mendoza Galván, Luis Alfredo Guerrero García, Atiliano Rodríguez Romero, Hender Leonardo Avendaño Pineda, Nelson Rodríguez Mogollón y Francisco Franky Pérez. De ahí en adelante, entre julio y agosto, entraron nuevos paramilitares a Tibú y cometieron varias masacres. Una de ella fue la del 11 de agosto cuando secuestraron a Néstor Alfonso Campo Sánchez, Éder Alonso Álvarez Lara, Diomar Barrios Vega y un joven NN en la vereda Vetas, del corregimiento La Gabarra (Tibú), a quienes obligaron a vestirse con prendas militares y luego asesinaron y los hicieron pasar como integrantes de los paramilitares muertos en combates.
Tras estos hechos, como lo relata el informe, el Gobierno decidió retirar del servicio activo al general Alberto Bravo Silva, quien se desempeñaba como comandante de la V Brigada del Ejército; al comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Roque Julio Sánchez Holguín y al director seccional del extinto DAS de ese departamento, Aimer Muñoz Muñoz.
A finales de 1999, cuando los paramilitares ya habían ejercido control sobre la zona rural del Catatumbo (que la integran los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú), otra estructura de las AUC empezó a ejecutar asesinatos selectivos, con previos secuestros y torturas, en el área metropolitana de Cúcuta. Entre el 19 de junio de 1999 y el 13 de septiembre de 2002 asesinaron a cerca de 240 personas, entre jóvenes, adultos y hasta mujeres embarazadas, documentó el informe con nombres propios y lugares donde se perpetraron los homicidios.
El 20 de septiembre de 2001, por ejemplo, en plena zona céntrica de Cúcuta los paramilitares asesinaron, en retaliación por las actividades que había cumplido como funcionario de policía judicial, al exagente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Jesús David Corzo Mendoza, hecho en el que resultó gravemente lesionada su madre. El primero de noviembre de ese año, el turno fue para el fiscal especializado Carlos Arturo Pinto Bohórquez. Por esos días, también se dio el asesinato de las hermanas Rosa Alexandra y Nelly Johanna Carrillo Díaz, quienes fueron trasladas vivas hasta el hospital, sitio hasta donde llegaron los paramilitares para volver a dispararles y asesinarlas.
Los implicados
En el informe participaron más de 15 organizaciones, entre ellas, Asociación Minga; el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca); la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); el Movimiento Comunal del Catatumbo; la Asociación de Víctimas de la Comuna 7 de Cúcuta; la Fundación Progresar, entre otras. Su pretensión principal, dice el documento, es que la JEP dé curso a la acción penal contra los agentes del Estado posiblemente comprometidos en la incursión paramilitar a la región del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta; particularmente, por los hechos ocurridos en 1999, 2000 y parte del 2001, los cuales incluyen la incursión paramilitar y las más notorias masacres ocurridas en esa región antes descritas.
Y sobre este asunto, el informe adjunta la declaración que hizo el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso ante los jueces de Justicia y Paz: “el testimonio de Mancuso es de referencia solo en el aparte del relato que afirmó haberle escuchado a Carlos Castaño (uno de los fundadores de las AUC) la narración sobre la reunión sostenida con altos representantes del Estado colombiano para organizar y coordinar la expansión paramilitar en el norte del país, pero no lo es en los señalamientos que formula contra el general (r) Iván Ramírez Quintero, con quien aseveró se reunió personalmente para coordinar la expansión de las “autodefensas”, circunstancia que por sí sola amerita que la JEP ordene escuchar en versión al mencionado exoficial”, menciona el documento.
Finalmente, las víctimas expresaron en dicho informe que aún no pueden entender cómo fue posible que los paramilitares pudieran recorrer cerca de 800 kilómetros, desde sus bases en el Nudo del Paramillo, hasta Tibú, por vías primarias nacionales de seis departamentos, de decenas de municipios, sin que fueran contenidos por la Fuerza Pública de aquella época.
Tomado de El Espectador
