Brasilia, 30 junio.- Once partidos progresistas brasileños y hasta grupos de derechas presentaron este miércoles al Congreso otro pedido de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien acusan de 23 delitos que pudieran llevar a su destitución.
La mayor parte de los cargos formulados contra el líder de la ultraderecha brasileña están relacionados con la errática gestión de su Gobierno frente a la pandemia de coronavirus, que ya deja en el país casi 516.000 muertos y 18,5 millones de contagios.
Además de los once partidos progresistas, el pedido entregado a la Cámara de Diputados es apoyado por movimientos sociales y hasta algunos legisladores de partidos de derecha y grupos de la sociedad civil de esa misma tendencia, inscritos en la oposición al Gobierno.
Uno de ellos es el Movimiento Brasil Libre (MBL), que en 2016 llevó a millones de personas a la calle en favor de la destitución de la entonces presidenta Dilma Russeff, que cayó ese mismo año por irregularidades en el manejo de los presupuestos.
«Estamos en una escalada para que este Gobierno caiga», declaró Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), uno de los que promueve la iniciativa.
Tras la entrega del documento también se pronunció la diputada derechista Joice Hasselmann, quien firmó el pedido y recordó que en 2019, antes de romper con Bolsonaro, fue jefe del grupo oficialista en la Cámara baja.
«Fui líder de ese ogro, de ese monstruo, del peor presidente que ha tenido el país» y «hoy digo que lo tenemos que apear del poder lo más rápido posible», declaró.
El documento reúne el contenido de un centenar de solicitudes ya presentadas para la apertura de un juicio político contra Bolsonaro, a los cuales sólo le podría dar curso el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, un parlamentario de la base oficialista que hasta ahora ha dicho que no ha identificado causas para un proceso.
Sin embargo, el pedido entregado este miércoles acusa a Bolsonaro de «presionar a los otros poderes», «intentar disolver o impedir el funcionamiento del Congreso», «amenazas a otras autoridades», entre las que se citan parlamentarios y jueces del Supremo, o «incitar a los militares a una rebelión», entre muchos otros cargos.
En el caso específico de la pandemia, se habla de «fraudes» con la compra de vacunas, que están siendo investigados por una comisión del Senado, así como de falta de planes para proteger a los pueblos indígenas o de «violar derechos sociales constitucionales» con su permanente negativa de la gravedad de la crisis sanitaria.
Bolsonaro ya ha rechazado todas esas acusaciones y afirmado que se trata de «inventos» de la oposición para intentar desalojarlo del poder.
Este mismo miércoles, en medio de críticas a la comisión del Senado sobre la pandemia, tildó de «bandidos» a algunos miembros de ese grupo, afirmó que «Dios» le dio «la misión de conducir al país» y agregó: «No es con mentiras que me van a sacar de aquí».
