Bogotá, 24 marzo de 2023.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia aceptó el sometimiento de cuatro exmilitares del Gaula Militar del departamento del Tolima (centro), supuestamente involucrados en, al menos, 14 casos de «falsos positivos».
Estas presuntas ejecuciones extrajudiciales, según informó la JEP en un comunicado, tuvieron lugar entre noviembre de 2006 y mayo de 2008 cuando los exagentes hacían parte de este organismo encargado de enfrentar los secuestros y extorsiones.
Dichas «operaciones ilegítimas» las cometieron supuestamente el teniente William Eduardo López, el sargento primero Carlos Arturo Malte y el soldado profesional Duberney Lugo, que estuvieron involucrados en, al menos, 14 «falsos positivos».
Estos tres exmilitares contaron «con el apoyo de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército Nacional (Rime)» a la cual pertenecía el cuarto sometido: el mayor José Wilson Camargo.
«También habrían contado con el apoyo de funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre los que se encontraba el detective Giovanny Calderón Salazar», agregó el comunicado.
La JEP, por otra parte, tuvo en cuenta en el sometimiento de Camargo los hechos «en los que integrantes del Batallón de Infantería 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’, que operaban bajo su mando, habrían asesinado y presentado como bajas en combate» a dos hombres en la vereda Cristalinas del municipio de Lejanías, ubicado en el departamento del Meta (centro).
A petición de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, los sometidos deberán «reajustar» sus propuestas de aporte de verdad y reparación ya que «las presentadas no satisfacen los derechos de las víctimas».
MODUS OPERANDI
Para dar apariencia de legalidad a estos operativos, según detalló el comunicado, los exmilitares ponían armas y material de intendencia en los cuerpos de las víctimas para reportarlas como integrantes de grupos armados ilegales.
Del mismo modo, estos antiguos agentes «habrían ocultado o destruido sus documentos de identificación» y dado «declaraciones falsas ante la Justicia Penal Militar» para «desviar las investigaciones».
Las investigaciones evidenciaron que «integrantes del Gaula Militar Tolima habrían usado información de inteligencia aportada por la Rime y el DAS para capturar civiles» que posteriormente fueron asesinados y presentados como «resultados de operaciones antiextorsión».
El comunicado agregó que las víctimas supuestamente fueron asesinadas en zonas rurales tras ser contactadas «bajo engaños o en el medio de presuntas entregas controladas de dinero en cobros de extorsiones».
El estudio conjunto de estos casos permitirá el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de las víctimas, patrones de macrocriminalidad y la articulación entre unidades operativas y de inteligencia del Ejército, el DAS y terceros reclutadores, precisó la JEP.
Por esto, la sala dispuso que las actuaciones de estos exagentes sometidos a la JEP continuarán en un mismo expediente dados los «nexos estrechos» en sus conductas.
EFE
