Bogotá, 25 feb – La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del exsenador colombiano Álvaro Alfonso García Romero, condenado por la justicia ordinaria a una pena de 40 años de prisión por su participación en una masacre paramilitar en el norte del país en el 2000.
García Romero, quien cumple su sentencia en la cárcel La Picota de Bogotá, recibió una de las sanciones más altas contra los congresistas que tuvieron nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y participaron de sus crímenes.
El exsenador fue aceptado en la Jurisdicción como «Agente de Estado no integrante de la Fuerza Pública» y se ofreció a aportar verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria sobre crímenes perpetrados por los paramilitares principalmente en el norte del país.
«La JEP busca esclarecer y conocer a fondo en qué consistió la promoción, auspicio y colaboración de dirigentes políticos con grupos paramilitares», consideró la Jurisdicción al estimar que los aportes del exsenador permitirán «desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo».
El exsenador, oriundo del departamento de Sucre (norte), fue condenado en 2010 por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado entre 1997 a 2000.
La JEP tuvo en cuenta que según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, García Romero se valió de su condición de senador para consolidar el proyecto de las AUC en el ámbito nacional y aunque como paramilitar no participó en las hostilidades de ese grupo, «desde su condición de Agente de Estado desempeñó el rol de promoción, sustento y auspicio de la organización criminal».
VERDAD SOBRE LA «PARAPOLÍTICA»
Específicamente, García se comprometió a aportar en la JEP verdad sobre las «reuniones en donde se creó el bloque Montes de María de las AUC y de las reuniones de Ralito y Chibolo», un pacto secreto entre grupos paramilitares y políticos colombianos, así como «sobre su participación en la masacre de Macayepo», perpetrada en el 2000 en el departamento caribeño de Bolívar (norte).
El exsenador, que permanecerá en prisión, además entregará su versión sobre el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez, una testigo electoral asesinada en 1997, y su vínculo con el paramilitar Salvador Arana, quien como gobernador de Sucre entre 2001 y 2003 impulsó a las Autodefensas.
«García Romero está en condición de entregar verdad sobre los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular, el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública, la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos», detalló la JEP.
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