Bogotá, 13 de abril de 2023.- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó para los próximos 10, 11, 15 y 16 de mayo las audiencias públicas en las que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso podrá hacer aportes a la verdad sobre el conflicto armado colombiano para que ese tribunal valore si puede acceder a la justicia transicional.
«Esta diligencia será definitiva para determinar si se acepta o no el sometimiento de Mancuso a la JEP en calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública», indicó ese tribunal en un comunicado difundido este jueves.
Mancuso, que paga una condena por narcotráfico en Estados Unidos, deberá conectarse virtualmente a la audiencia ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP y ante representantes de víctimas del departamento caribeño de Córdoba, que asistirán a la diligencia en Montería, la capital regional, en calidad de escuchas.
La JEP espera que el exjefe paramilitar haga aportes «presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena», que superen lo ya conocido por la justicia ordinaria y por la Ley de Justicia y Paz, base de la desmovilización en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Todo lo que niegue o afirme Mancuso será contrastado por los magistrados de la sala para determinar si es aceptado en la JEP para acceder a los beneficios de la Justicia transicional, agregó la información.
Montería, la ciudad donde se llevará a cabo la audiencia, fue escogida por ser una de las regiones sobre las que se espera que Mancuso presente aportes de verdad sobre «graves crímenes y violaciones a los derechos humanos».
Mancuso, que fue el último jefe de las AUC, fue extraditado en 2008 a EE.UU., donde fue condenado por delitos relacionados con narcotráfico y espera volver a Colombia, donde debe responder por numerosos crímenes pero la orden de retorno está parada por el coronavirus.
Para eludir esa responsabilidad, además de pedir ser devuelto a Italia, país del cual también tiene nacionalidad, Mancuso ha solicitado en varias ocasiones someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que contempla penas no privativas de libertad si los acusados dan suficiente verdad y reconocimiento de los crímenes cometidos.
Pese que la JEP lo inadmitió por su rol de paramilitar, pues su jurisdicción es la de juzgar a la guerrilla de las FARC y a agentes del Estado, en febrero pasado ese tribunal le abrió la puerta para que declare como una oportunidad para contribuir la verdad sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano.
EFE
