Los días 17 y 18 de julio se realizó la audiencia de medidas cautelares para la comuna 13 de Medellín, presidida por la Jurisdicción Especial para la Paz y en la que participaron organizaciones de derechos humanos, víctimas y representantes del Estado colombiano desde instancias locales, regionales y nacionales. Con motivo de esta audiencia buscamos a Bayron Ricardo Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad para que nos explicara la importancia del llamado de la JEP a la institucionalidad y la postura de esta frente a víctimas y organizaciones sociales y de derechos humanos.

Bayron Góngora dilucida los antecedentes de la audiencia pública: «El Movimiento Nacional de Crímenes de Estado solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz que se impusieran medidas cautelares en 17 lugares ubicados en todo el territorio nacional —4 de ellos en Antioquia— con la intención de preservar, proteger y conservar lugares de posible inhumación de cuerpos de personas desaparecidas, lógicamente, pues, esta petición parte por la desatención y el incumplimiento por parte del Estado de compromisos internacionales que han dado lugar a que durante toda la época del conflicto armado, a pesar de las peticiones que se le han hecho por parte organizaciones de derechos humanos y, lógicamente las víctimas, las ha desatendido. Entonces, el Movimiento Nacional de Víctimas (Movice) toma la iniciativa de solicitarle a la JEP, partiendo de las facultades que la ley y el Acuerdo de Paz le han otorgado. En el desarrollo de la solicitud la Sala de Justicia y Paz toma la determinación de que para poder determinar la imposición de estas medidas cautelares era necesario adelantar una audiencia pública buscando que las autoridades dieran cuenta de las labores que han realizado, precisamente, en el cumplimiento de su obligación internacional de buscar a las personas desaparecidas».

17 lugares podrían tener medidas cautelares otorgadas por la JEP

Frente a esto, Góngora plantea: «Sí, es decir, de las 17 que se solicitaron, la Jurisdicción tomo la determinación de iniciar con la comuna 13. Ustedes saben que son hechos ocurridos desde el 2002, llevamos ya 17 años con las víctimas buscando sus seres queridos sin que el Estado les dé una respuesta; pero, además, en lo que siempre hemos denunciado que ha sido la falta de voluntad política, la JEP tomó la determinación de iniciar esta solicitud avanzando en lo que tiene que ver con la comuna 13. La audiencia que se realizó tenía como propósito que las autoridades dieran cuentas de qué han hecho durante estos 17 años para buscar a las personas que están desaparecidas y que existe información de testigos, víctimas, incluso los mismos paramilitares, que dan cuenta de que el lugar de inhumación de estos cuerpos fueron precisamente las montañas que rodean la comuna 13. Hay un elemento muy importante y es que siempre se habla de la arenera y la escombrera, pero las víctimas, desde mucho tiempo atrás, y así se dijo en la audiencia, han sido claras en que no son solo estos dos lugares de posibles enterramientos, sino que hay muchos más lugares como el cerro de los Doce Apóstoles, La Loma, El Cebollal y otros lugares que fueron advertidos en el desarrollo de la audiencia y que también hemos advertido que es necesario proteger, porque si en estos lugares también existe información de posibles cuerpos que han sido inhumados, pues esos cuerpos también necesitan la preservación y la conservación porque igual son lugares que, mientras no estén protegidos, corren el riesgo de que los cuerpos que se encuentran allí enterrados se puedan perder o puedan ser extraídos».

A continuación la entrevista completa: