La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP convocó a una audiencia pública, en Medellín, los próximos 8 y 9 de octubre. Esta diligencia busca avanzar en la recolección de información que permita tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en algunas zonas donde podrían encontrarse restos de personas desaparecidas, en los municipios de Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Valdivia y Briceño (Antioquia), ubicados en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
A la audiencia están convocados Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Fundación SOCYA, Hidroituango S.A. E.SP., la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y las alcaldías de los municipios de Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Valdivia y Briceño. También asistirán los representantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y del Movimiento Ríos Vivos.
En esta diligencia las instituciones públicas y privadas, nacionales, regionales y locales, deben explicar qué acciones realizaron para proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada, en especial frente a la búsqueda y ubicación de lugares de inhumación y la protección de estos. A su vez, las víctimas y los habitantes de Ituango, Toledo, Sabanalarga, Peque, Valdivia y Briceño podrán formular preguntas para saber qué pasó, y en qué circunstancias, con los desaparecidos y cuáles serán las necesidades de respuesta institucional.
Con esta audiencia, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP pretende precisar el universo de víctimas de desaparición forzada, de lugares formales e informales de inhumación y de cuerpos exhumados, identificados o no, en esos municipios.
Así evaluará si existen riesgos naturales o por acción humana y determinará cuáles serían las medidas de protección necesarias para protegerlos.
Antecedentes
El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». Uno de estos lugares se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
Para la zona de influencia del proyecto Hidroituango los peticionarios solicitaron, entre otros aspectos, gestiones para que se suspendan los procesos de explotación minero energéticas y otras que ponen en riesgo la conservación de los restos de las personas dadas por desaparecidas. Además, solicitaron que se protejan los cementerios municipales y se promueva la protección adecuada de los restos humanos no identificados depositados en tales lugares.
Frente a esto, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP avocó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares y corrió traslado de la solicitud a varias las instituciones públicas y privadas de los ámbitos nacional, regional y local. Así mismo, le solicitó al Movice ampliar la información suministrada con el fin de “poder determinar, con la mayor certeza posible, los lugares de efectiva inhumación, los niveles de riesgo naturales o por acción humana, y avanzar hacia la toma de las decisiones más convenientes que tengan en cuenta con leit motiv los derechos de las víctimas».
A partir de las respuestas allegadas con ocasión de las órdenes, requerimientos y solicitudes que se han hecho en el presente trámite, la JEP consideró necesario convocar a la audiencia que se celebrará en Medellín los días 8 y 9 de octubre.
En el marco del mismo trámite, el pasado 17 y 18 de julio se realizó, también en Medellín, una audiencia pública que recogió información e insumos para determinar si se dictan medidas cautelares en la Comuna 13 de esa ciudad.
Los otros lugares sobre los que se estudia tomar medidas cautelares están ubicados en otros municipios de Antioquia y en los departamentos de Caldas, Cesar, Santander y Sucre.
