Rangún (Birmania), 6 mar – La junta militar birmana trata de limpiar su imagen con una campaña de desinformación mientras continuó este sábado la represión con gases lacrimógenos de las manifestaciones prodemocráticas, en las que han muerto al menos una cincuentena de personas desde el golpe de Estado.
En la prensa oficialista, las autoridades describen las manifestaciones pacíficas como disturbios y acusa a los manifestantes de violentos, al tiempo que niega la represión de los soldados y policías, a pesar de numerosos vídeos que lo demuestran y la propia ONU.
Medios como el «Global New Light of Myanmar» insisten en la teoría del fraude electoral en las elecciones del pasado noviembre, que fueron validadas por los observadores internacionales, y afirman que las protestas tratan de «desestabilizar» el país.
Para lavar su imagen internacional, la junta militar ha contratado los servicios como relaciones públicas del exespía israelí y antiguo traficante de armas actualmente residente en Canadá Ari Ben-Menashe, según el portal especializado «Foreign Lobby».
En ciudades como Rangún y Mandalay, las fuerzas de seguridad lanzaron hoy gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para tratar de dispersar las protestas, pero los manifestantes, ataviados con cascos y escudos metálicos, vuelven una y otra vez a las calles.
En Naipyidó, la capital, los manifestantes sostenían carteles en los que se leía «No aceptamos el golpe militar» con una imagen de armas rotas y pisaban las fotos tiradas al suelo del jefe golpista de la junta, Min Aung Hlaing.
LLAMAMIENTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Los manifestantes pacíficos se han marcado el objetivo de no permitir al Ejército controlar el país y desalojarlo del poder, mientras que en las redes sociales se ha convertido en viral la etiqueta #R2P, siglas de «responsabilidad de proteger».
Este principio de Naciones Unidas es un compromiso político global para evitar serias violaciones de los derechos humanos, como crímenes de guerra y lesa humanidad, mediante la aplicación de medidas como sanciones.
El uso de la fuerza en este marco es prerrogativa del Consejo de Seguridad de la ONU, que ayer se reunió en Nueva York sin tomar ninguna decisión y que ha evitado condenar el golpe militar, principalmente por el poder de veto de China y Rusia.
La enviada especial de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, compareció ante el Consejo y solicitó fortaleza y rapidez para «detener la violencia y restaurar las instituciones democráticas en Birmania».
La enviada de la ONU, quien aseguró que hasta el momento han muerto unos 50 «inocentes y manifestantes pacíficos», insistió en que hay informes confirmados de que muchas de estas muertes se han producido por armamento real, lo que se considera una violación de los derechos humanos.
«El uso de fuerza letal contra los manifestantes pacíficos contraviene claramente la ley internacional de los derechos humanos», dijo la enviada, cuyo discurso escrito fue difundido por la ONU.
En este sentido, agregó que hay vídeos grabados de francotiradores militares en sus posiciones apuntando a manifestantes desarmados, así como otros en los que se muestra cómo militares y policías disparan de manera indiscriminada a grupos de personas en distintas partes del país.
MÁS DE 1.500 DETENIDOS
Desde el golpe militar del pasado 1 de febrero, al menos 1522 personas han sido detenidas, de las que 1215 continúan bajo arresto, incluidos políticos, activistas, periodistas y monjes, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
Entre los detenidos se encuentra la líder de facto depuesta, Aung San Suu Kyi, y varios miembros de su gabinete, quienes se encuentran en su mayoría incomunicados.
Los manifestantes exigen al Ejército, que gobernó el país con puño de hierro de manera ininterrumpida entre 1962 y 2011, que permita la vuelta a la democracia y reconozca los resultados de las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi, que ya ganó con amplia mayoría en 2015.
