Lima, 9 julio.- La Corte Suprema de Justicia de Perú remarcó que las decisiones judiciales «son de obligatorio cumplimiento» en su país, en medio de una polémica que se ha desatado por la decisión del Congreso de no acatar una orden judicial de suspender la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
«Los altos funcionarios tienen en esto una doble responsabilidad constitucional, pues corresponde a ellos el respeto al estado constitucional de derecho, así como al ordenamiento jurídico vigente. La discrepancia debe ser canalizadas por los cauces democráticos y constitucionales», subrayó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en un comunicado.
El Poder Judicial se pronunció de esa manera luego de que el pleno del Congreso continuó desde este miércoles el debate para la elección de seis nuevos magistrados del TC en medio de un enfrentamiento con la Judicatura y organismos de la sociedad civil.
RESPETO A DERECHOS FUNDAMENTALES
En su pronunciamiento, la Corte Suprema agregó que en un estado constitucional de derecho, la resolución de conflictos recae en el Poder Judicial y los jueces garantizan los derechos fundamentales de las personas y sus decisiones «son motivadas, bajo responsabilidad».
«Cualquier decisión judicial que pueda involucrar una inconducta funcional en su ejercicio corresponde ser investigada por el órgano de control correspondiente, quien ejerce su función con autonomía e independencia», sostuvo.
Enfatizó que las críticas a las decisiones judiciales no pueden implicar «una falta de respeto a la investidura del juez o jueza», por lo que exhortó «a las instituciones y a la ciudadanía al respeto de los mandatos emanados de la administración de justicia».
EL CONGRESO SIGUE ADELANTE
El Congreso, que culminará su última legislatura el próximo 16 de julio, mantuvo su intención de elegir a los magistrados a pesar de que el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima admitió una medida cautelar que pidió la nulidad de la selección y ordenó al Parlamento que disponga la suspensión provisional de la elección.
En medio de acusaciones de «prevaricación», la mayoría de los congresistas ratificó una decisión de la Junta de Portavoces, que acordó que la elección de los magistrados es una potestad que les otorga la Constitución peruana y «no están sujetos a mandato imperativo».
De esa manera, intentaron avanzar el miércoles y jueves con la fase final del proceso, aunque sin llegar al consenso para ir nombrando a los nuevos magistrados y en medio de discrepancias con legisladores que remarcaron que las decisiones judiciales se deben acatar.
Posteriormente, el presidente de la Comisión Especial para elegir a los miembros del TC, Rolando Ruiz, pidió suspender el pleno para sostener una nueva reunión de la Junta de Portavoces antes de poner en agenda la votación de los magistrados, lo que podría realizarse el próximo martes.
CRÍTICAS DE OTRAS BANCADAS
Mientras este proceso es impulsado por las bancadas fujimorista y de partidos de derecha, ha sido rechazada por los izquierdistas del Frente Amplio, la liberal del Partido Morado y la conservadora del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap).
Al respecto, el congresista Richard Rubio, del Frepap, advirtió en la emisora RPP que los parlamentarios «tendrán que asumir las consecuencias» si insisten en continuar con la elección de los miembros del TC en desacatado a una decisión judicial.
El legislador cuestionó el «apuro» que tiene los legisladores que promueven la elección y aseguró que existe el temor de que «muchos de los actuales congresistas podrían ser procesados» en el futuro.
El congresista Yván Quispe, portavoz del Frente Amplio, agregó que hay bancadas «que quieren elegir a toda costa» a los magistrados y confirmó que, por ese motivo, su agrupación envió una carta a los 15 candidatos a ocupar las 6 plazas en el TC para informales que el procedimiento «no ha sido transparente» y ha tenido «una serie de vicios».
