La Audiencia Nacional española accedió a entregar a EE.UU. al exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar de su país, al considerar acreditada su dedicación al narcotráfico durante 20 años, según documentos desvelados este lunes por este tribunal.
Carvajal, que está en paradero desconocido, habría mantenido una conducta continuada y organizada vinculada al tráfico de drogas durante 20 años, así como a la venta de armas a la guerrilla colombiana de las FARC a cambio de drogas y de protección armada a los cargamentos de cocaína, indican los argumentos que basan el apoyo a la extradición a EE.UU. que hoy divulgó la Audiencia Nacional.
El pleno de la Sala Penal de este tribunal dio luz verde el pasado 8 de noviembre a la extradición, que no pudo cumplirse porque Carvajal desapareció de su residencia en España aprovechando que estaba en libertad después de que en septiembre una decisión inicial rechazó su entrega a las autoridades de Washington.
Carvajal, de 59 años, fue jefe de la contrainteligencia militar con los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y aseguró en la vista de extradición que la solicitud estadounidense tenía una motivación política porque las autoridades de ese país querían obtener de él información sobre el Gobierno venezolano.
La Sección Tercera de la Audiencia Nacional rechazó en septiembre la extradición, al coincidir con Carvajal en que la administración de Estados Unidos la había solicitado por motivos políticos.
Sin embargo, el pleno de la Sala Penal, formada por 18 magistrados, recordó en los documentos divulgados hoy que, según el convenio bilateral entre EE.UU. y España, esta causa de denegación solo puede considerarla el Gobierno español.
La decisión tuvo el voto discrepante de cuatro jueces, los tres que acordaron inicialmente no extraditar a Carvajal y un cuarto, José Ricardo de la Prada, quien manifiesta en su escrito su «profundo malestar y desacuerdo» por que un diplomático de la embajada española en Washington «haya accedido al menos a un magistrado» para defender una posición «determinada» en este caso.
Los jueces entienden que, al cumplirse el principio de doble incriminación, equivalente en España a los delitos de pertenencia a organización criminal o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas agravado, es necesario entregar a Carvajal.
También consideran que los hechos describen «la participación concreta del reclamado y otros miembros del cártel de los Soles en actividades de narcotráfico a gran escala en coordinación con las FARC durante un periodo de tiempo amplio de 20 años».
Carvajal, señala el auto, «se involucró en esos delitos mientras ejercía en los niveles más altos del gobierno al haber ostentado entre 2004 y 2011, y después entre 2013 y 2014», la dirección de los servicios de inteligencia de Venezuela. Posteriormente fue cónsul general de Venezuela en Aruba y en 2016 fue miembro de la Asamblea Nacional venezolana.
La petición de extradición relata cómo desde su posición, Carvajal y sus colaboradores ayudaron al Gobierno de Venezuela a tomar «medidas oficiales para facilitar el narcotráfico», como la expulsión de la DEA (Administración para el Control de Drogas estadounidense) del país en 2005.
Destaca que proporcionaron «información confidencial de inteligencia y de aplicación de la ley a los narcotraficantes para facilitar los cargamentos de cocaína», adquirida a las FARC, e introducirla en EE.UU..
Esa introducción era, además de un medio de enriquecimiento personal, «un arma contra los EE.UU.», según declararon numerosos testigos en una investigación de la DEA. Estos testigos aseguraron que Carvajal coordinaba estas operaciones en reuniones con los cabecillas de las FARC en Venezuela.
En la documentación aportada, dice el auto, «están perfectamente identificadas las armas (ametralladoras y misiles tierra-aire) que se entregaban a las FARC a cambio de drogas y protección armada» a los cargamentos.
EFE
