Madrid, 6 junio de 2021.- La Audiencia Nacional española estudia el próximo jueves la extradición a Colombia del exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Luis Jhon Castro Ramírez, «El Zarco», sospechoso de haber engañado y entregado a 14 jóvenes al Ejército colombiano para ser asesinados, en lo que se conoce en el país suramericano como «falsos positivos».
La sección tercera de lo Penal celebra el próximo jueves la vista de extradición, que será apoyada por la Fiscalía, al entender que se cumplen los requisitos para la entrega a su país, según el informe elevado la Sala, al que ha tenido acceso Efe.
El conocido como «El Zarco», «Mono» o «Antoni» se encuentra en prisión provisional y fue detenido el pasado 13 de febrero en su domicilio en Benissa, Alicante, tras haber quedado en libertad unos meses antes al no haber tramitado a tiempo Colombia los papeles para la extradición.
Según la reclamación, se trata de un «desmovilizado» del ELN al que se investiga por cuatro casos de entrega de jóvenes en Cali y en las poblaciones de Coyaima, el Guamo y Potrerito, en el departamento del Tolima.
La demanda de extradición hace referencia a dos procedimientos diferentes por 4 hechos similares en distintas fechas. Tres de ellos son investigados en uno de los procedimientos mientras que el cuarto lo es en el segundo.
Los hechos objeto de la primera reclamación, por delitos de Homicidio en Persona Protegida y Concierto para Delinquir por los que podría ser condenado con hasta 60 años de prisión, tuvieron lugar los días 28 de febrero, 30 de marzo y 23 de junio de 2008.
En el primero de ellos, «en la finca los Mangos, Vereda Potrerito de la ciudad de lbagué (Tolima), miembros de la compañía bolívar adscrita al batallón Jaime Rooke, de lbagué», compuesta por 12 soldados, «con fundamento en una orden de operaciones militar fraudulenta» mataron a seis personas.
Las seis fueron reclutadas en la ciudad de Cali por Luis Jhon Castro, «quien conociendo a la víctimas y con promesa de obtener dinero fácil las convenció para que se desplazaran» a esa finca.
Éste, «junto con miembros de la sección de inteligencia del Batallón Jaime Rooke se dedicaba a ubicar personas para que engañadas fueran muertos por parte del ejército sin que mediara combate o resistencia, y sin que las víctimas pertenecieran a un grupo al margen de la ley o participaran de las hostilidades».
«Estos hechos -prosigue la reclamación- contaron con la apariencia de legalidad que le dio la orden de operaciones fragmentaria 090 FIRMEZA del 26 de febrero de 2008».
El 30 de marzo, y bajo «el mismo modo de actuar», el grupo especial Depredador, adscrito al Batallón Jaime Rooke, se apostó en la Finca Montana de la Vereda Pringamos al del Municipio del Guamo (Tolima) «con fundamento aparente en la orden de operaciones 116 MALASIA».
El propietario de la Finca «les informa sobre la presencia extraña de individuos que, al parecer, lo estaban extorsionando y como consecuencia de esto se da muerte a dos personas sin que mediara ataque por parte de estas, (…) presentándolos como bajas en combate, lo que a criterio de esta investigación se trató de una puesta en escena para asegurar un resultado operacional».
«Bajo el misma esquema criminal», el 23 de junio de 2008, «en la vereda Doyares Recristo cerca de la vereda el Palmar jurisdicción del municipio de Coyaima», miembros del ELN mataron a 6 personas «en aparente combate».
Al igual que en los otros casos, «las víctimas fueron llevadas al lugar de los hechos con engaños de promesas económicas» por parte del reclamado.
El segundo procedimiento por el que se pide su entrega se refiere a unos hechos similares ocurridos el 6 de noviembre de 2007 «en el corregimiento de Villa Carmelo, aproximadamente a siete kilómetros de Cali, dónde miembros del grupo especial Cascabel 3 adscritos al Batallón de Alta Montaña No.3 de Compañía C Rodrigo Llorada Caicedo, de la Tercera Brigada del Ejército Nacional de Cali», dieron muerte a tres personas «en un presunto combate, haciéndolos pasar por subversivos que iban vestidos de policías y armados» y que supuestamente fueron llevados al lugar de los hechos con engaños.
Con la macabra práctica de los «falsos positivos», que comenzó en los años 90, miembros del Ejército reclutaban a campesinos y jóvenes pobres con promesas de empleo y, una vez los convencían, los trasladaban a distintos lugares del país donde los ejecutaban a sangre fría y luego los presentaban como guerrilleros muertos en combate.
