Madrid, 1 de febrero de 2022.- La lucha de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en España vio como este martes el Parlamento del país daba un primer paso para afrontar un asunto pendiente durante décadas.
Un paso aún no definitivo, pero que abre la posibilidad de que se investiguen cientos de casos en sede parlamentaria y que llega en un momento en que también la Justicia ha tomado la iniciativa para que no queden sin juzgar.
La Iglesia española cuenta con oficinas de atención a víctimas, pero hasta ahora ha rechazado una comisión independiente, tras reconocer más de doscientas denuncias contra religiosos en los últimos veinte años.
UN PRIMER PASO
Lo que ha aprobado el Congreso de los Diputados, Cámara baja del Parlamento, es la admisión a trámite de una solicitud para crear una comisión parlamentaria que investigue estos abusos, promovida entre otros por la formación de izquierda Unidas Podemos, que integra el Gobierno de coalición en España junto con los socialistas del PSOE.
La última palabra la tiene la Junta de Portavoces, un órgano integrado por los grupos parlamentarios, para decidir si finalmente el Parlamento debate la solicitud, algo muy probable dado el apoyo obtenido en su admisión a trámite.
No obstante, la iniciativa se enfrenta al rechazo del principal grupo de oposición, el conservador Partido Popular, que pide que se investiguen estos abusos no solo en la Iglesia, y el ultraderechista Vox, tercera fuerza en la Cámara.
Poco después de conocerse la decisión del Congreso, el Gobierno español anunció que su presidente, el socialista Pedro Sánchez, recibirá el próximo jueves a víctimas de estos abusos.
«Queremos que se investiguen estos abusos para reparar el dolor de las víctimas y que no vuelvan a ocurrir», aseveró la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
ESCUCHAR A LAS VÍCTIMAS
Al contrario que otros países de su entorno, España no cuenta con investigaciones independientes o con un comité parlamentario que investigue la pederastia dentro de la Iglesia católica.
La Conferencia Episcopal Española difundió el año pasado un informe propio, con 220 clérigos denunciados entre 2001 y 2021, pero rechaza «de momento» una comisión independiente y opta por abrir oficinas de atención a víctimas en cada diócesis española.
El resto son algunas investigaciones puntuales por parte de congregaciones religiosas como la Compañía de Jesús o el Monasterio de Monserrat.
Este martes asociaciones y colectivos de cristianos de base reclamaron a la Conferencia Episcopal «que pase de las tinieblas a la luz» y cree una «comisión de la verdad», que investigue la «verdadera magnitud» de los abusos sexuales dentro de la Iglesia.
La negación de la pederastia «ha supuesto una nueva victimización que se prolonga en el tiempo y que no hace sino aumentar su sufrimiento y multiplicar el horror», advirtieron en una carta a los obispos españoles.
«Un gravísimo pecado de omisión», denunciaron, pues esas indagaciones dentro de la propia Iglesia «son tremendamente insuficientes» comparado con países como Alemania o Francia.
TAMBIÉN LA JUSTICIA
Ya en 2019 la Fiscalía General del Estado había advertido de que esta problemática se está tratado de una forma «deficiente» en España.
Ahora, a la vez que da sus primeros pasos el Parlamento, ha trascendido que la Fiscalía estatal ha pedido a cada una de sus delegaciones en las distintas regiones del país que le envíen todas las denuncias en tramitación sobre estos casos, según ha avanzado el diario español El País.
Las denuncias comenzaron a salir a la luz en la década de 1990 en distintas partes del mundo y varios países decidieron indagarlas.
La Conferencia Episcopal de Bélgica fue una de las primeras en dar el paso en 2010 y un año después un comisión en Holanda reveló los casos de miles de víctimas desde 1945.
Australia en 2012, la Justicia en Estados Unidos en 2018, Polonia en 2020m, Portugal y Francia, donde el año pasado una comisión independiente reveló 330.000 casos de abusos sobre menores o personas vulnerables desde 1950 e identificó a entre 2.900 y 3.200 religiosos pederastas, son otros países donde este asunto sí se ha investigado.
Luis Ángel Reglero
EFE
