Los familiares de las víctimas de la matanza de Bojayá, uno de los capítulos más atroces del conflicto armado colombiano, comenzaron este lunes la despedida final al cerca de centenar de personas que perdieron la vida el fatídico 2 de mayo de 2002, una herida que sigue abierta en Colombia.
La sepultura definitiva de las víctimas, muchas de las cuales pasaron casi dos décadas en fosas comunes sin identificar, supone un paso más en la lucha por justicia y garantía de no repetición que desde hace 17 años libra esa comunidad de afrodescendientes del departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.
La masacre de Bojayá ocurrió cuando un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las FARC durante un combate con paramilitares cayó en la iglesia de San Pablo Apóstol donde más de 400 habitantes del pueblo habían buscado refugio.
La cifra oficial fue de 74 personas muertas y numerosas heridas, pero otras fuentes hablan de 119 fallecidos y varios desaparecidos.
NÚMERO INDETERMINADO DE MUERTOS
«Es complejo a veces mencionar un número porque nosotros hemos dicho que no compartimos cifras, en Bojayá no se puede estar hablando de cifras sino de personas, seres humanos», dijo a periodistas Yuber Palacios Córdoba, miembro del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.
Palacios subraya que en algunas familias de Bojayá el duelo será a «medias» porque si bien es cierto que hay cuerpos plenamente identificados que serán entregados a sus familias para su sepultura final el 18 de noviembre, «hay otros en los que no fue posible su identificación, y eso significa que va a ser complejo para las familias hacer ese duelo completo».
De igual forma recordó que aunque la mayoría de los restos de fallecidos regresaron hoy a Bojayá, «todavía hay personas dadas por desaparecidas», por lo que pidió al Estado «seguir buscándolas» para «poder darle una explicación a las familias y hacer una entrega» de los restos.
UN CAPÍTULO QUE NO SE CIERRA
Pese al avance que suponen actos como el que se inició hoy, que se prolongará por nueve días, los habitantes de Bojayá manifiestan que todavía no pueden dar por cerrado ese capítulo de sus vidas.
«Es una gran medida de alivio a tanto dolor que hemos tenido porque creemos que las almas de nuestros familiares van a descansar en paz», aseguró a Efe José de la Cruz Valencia, quien perdió en la matanza a cuatro sobrinos y un primo.
Valencia, que hace parte del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, explica que actos como el que se inició hoy son «la acción más reparadora que una familia puede recibir» pero «lamentablemente todavía no se puede cerrar (la historia) porque tenemos personas aún en condición de desaparecidos».
«Hay 100 víctimas, de esas hay diez desaparecidos, nueve bebés fallecieron en los vientres de sus madres, hay otros 74 plenamente identificados y de otros siete se logró por diferentes pruebas saber a qué familias pertenecen», afirma al intentar dar una luz sobre el costo humano de la matanza.
COMPROMISO DEL ESTADO
Valencia reconoce que también se han logrado avances en otros aspectos y que los actos de esta semana se «convierten en una esperanza de vida para los sobrevivientes de la masacre» por lo que pidió al Gobierno que «asuma acciones concretas para salvaguardar la vida de las personas que residimos en Bojayá».
Recalcó que en la actualidad en el Chocó hay constantes enfrentamientos entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos herederos de los paramilitares que ponen bajo el fuego cruzado a las comunidades negras e indígenas de ese departamento.
«Lo que Bojayá necesita es la presencia del Estado, no solo con militares sino un Estado con educación, con interconexión eléctrica y con estabilización económica que nos permita enfocar nuestros proyectos de vida tanto individual como en lo colectivo», reclama.
JUSTICIA Y NO REPETICIÓN
El sacerdote Jesús Albeiro Parra Solís, que en la época de la matanza era el director de la Pastoral Social, coincidió en que el capítulo de la masacre no se cierra con la sepultura y reclamó acciones efectivas de «verdad y garantías de no repetición», así como que se vincule a otros responsables de esa matanza, entre ellos al Estado.
«Con este acto del duelo, de darle cristiana sepultura a los cadáveres, no se cierra el capítulo de la masacre de Bojayá porque quedan otros temas pendientes como el de garantía de no repetición», explicó el sacerdote.
En su opinión, todavía no se ha dicho toda la verdad porque aunque las FARC, después de la firma de la paz pidieron perdón por la matanza, «faltó el tema de los paramilitares, porque ellos también fueron responsables de este crimen de guerra porque tomaron la población de escudo y estuvieron antes de la masacre, durante la masacre».
Añadió que ocho días antes de la matanza se dio la alerta a las autoridades de lo que podía suceder a través de la Diócesis de Quibdó, la Defensoría del Pueblo y la ONU.
Por eso, asegura que el Estado tiene que asumir su responsabilidad porque se «comprobó que la fuerza pública dejó pasar a los paramilitares ocho días antes de la masacre».
EFE
