Álvaro Uribe, fundador del partido Centro Democrático, es un líder de naturaleza rural, típica de Antioquia, un departamento en el noroccidente de Colombia, cuya capital es Medellín. Católico, conservador, regionalista. Su carrera se define por los cargos públicos que ha ocupado, pero también por las acusaciones que pesan sobre él: alcalde de Medellín (1982), gobernador de Antioquia (1995-1997), presidente (2002-2010) y senador (1986 -1994 y desde 2014).
El expresidente tiene más de doscientas investigaciones, sin embargo, hasta este 4 de agosto, ninguna había logrado prosperar.
¿Por qué el senador Uribe está hoy a punto de ser acusado?
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema determinó este 4 de agosto que el senador Uribe, investigado por soborno y fraude procesal, deberá quedar bajo detención domiciliaria mientras la investigación continúa. El senador participa en sesiones virtuales del Congreso desde su finca «El Ubérrimo” (Córdoba), a 469 kilómetros al norte de Medellín.
En 2012, en un debate de control político sobre el paramilitarismo, el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) acusó a Álvaro y a su hermano Santiago Uribe de haber estado involucrados en acciones de paramilitarismo, como la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de miles de asesinatos de campesinos, líderes sociales y miembros del extinto Partido Unión Patriótica. Una vez terminado el debate, Cepeda, abogado y vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), presentó denuncia formal contra Uribe.
Álvaro Uribe se defendió atacando a Cepeda. Acudió a la Corte Suprema y denunció al congresista Cepeda por querer, supuestamente, «orquestar un cartel de falsos testigos ofreciéndoles beneficios jurídicos, económicos, medidas cautelares y ubicación fuera del país, a cambio de que lo sindicaran a él de cometer delitos en asociación con paramilitares”.
En febrero de 2018, la Corte concluyó que «no había evidencias” para investigar al defensor de derechos humanos Iván Cepeda, pero sí razones para investigar a Uribe. El acusador, pasó a ser el acusado por el mismo motivo que este había presentado demanda: la Corte Suprema abrió entonces otra investigación, esta vez contra los demandantes, Uribe, y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, por «soborno en actuación y fraude procesal”. La Justicia investiga si presuntos pagos de sobornos a testigos se hicieron con la participación o el conocimiento de Uribe. La Corte parte de que el senador es capaz de interferir en la investigación. Ésta es la razón por la cual Álvaro Uribe Vélez tiene ahora su finca por cárcel.
La Corte Suprema deberá tomar ahora otra decisión que marcará el rumbo político y jurídico de Uribe: llamarlo o no a juicio. Si no lo hace, el caso se archiva. Si el caso continúa, Uribe tendrá que ir al banquillo de los acusados ante la Sala de Primera Instancia de la Corte. El posible delito se habría cometido en su condición de legislador y no durante su gestión de jefe de Estado.
¿Cómo podría defenderse? Presentando un recurso de reposición. Esto significa pedirle a los magistrados que reconsideren la decisión ya tomada.
Alcalde de Medellín, 1982
Regresando a los inicios de la carrera política de Álvaro Uribe, justo en esta ciudad asume el primer cargo público. Nombrado por el gobernador como alcalde de Medellín en 1982, tuvo que renunciar cinco meses después, ante acusaciones de presuntos vínculos con el Cartel de Medellín.
Gobernador de Antioquia, (1995 -1997)
Eran los tiempos de la expansión de las Farc en su región. También perseguidas por el grupo paramilitar AUC. Los campesinos se vieron en medio de la guerra: entre las numerosas masacres, la cometida en El Aro (Ituango) el 22 de octubre de 1997 ha sido clave en las acusaciones contra el expresidente.
En 2015, un fallo del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrir un proceso en contra de Álvaro Uribe por dicha masacre, en la que fueron torturados y asesinados 15 campesinos. Como elemento de juicio, el tribunal tomó el testimonio de varias víctimas que aseguran que un helicóptero amarillo, de propiedad de la Gobernación, y en el que iría el mismo Uribe, sobrevolaba el caserío mientras los paramilitares asesinaban a los civiles.
En 2018, otro fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, pidió abrir otro proceso a Uribe, por la masacre de La Granja, cometida por los grupos paramilitares llamados «Convivir” que presuntamente Uribe licenció y apoyó durante su gobernación. Testimonios del narcotraficante Carlos Castaño lo comprometen.
Presidente, 2002 – 2010
La promesa de Álvaro Uribe Vélez de «vencer a la guerrilla sin hacerle ninguna concesión” lo llevó a la presidencia en 2002, con abrumadora mayoría. Eran los años en los que el Estado y la población estaban prácticamente sitiados por los criminales. Con su estrategia de «Seguridad Democrática”, Uribe recuperó para los ciudadanos la libertad de viajar por una carretera sin terminar secuestrado por las Farc.
Además, la presencia militar sacó a las guerrillas de cientos de pueblos, así como el bombardeo de jefes como Raúl Reyes, Mono Jojoy, Martín Caballero y otros. Al mando de esas operaciones tenía a un ministro de Defensa que luego lo sucedería: Juan Manuel Santos. Uribe no logró vencer a la guerrilla por la vía militar. Pero su debilitación fue definitiva para que Santos la convenciera de sentarse una mesa de negociación.
Por hechos que ocurrieron durante los dos períodos de la presidencia de Álvaro Uribe, las violaciones a los derechos humanos alcanzaron dimensiones sin precedentes en Colombia. Unos 5.000 jóvenes fueron llevados por militares y paramilitares con promesas de trabajo a otros lugares, en donde los mataban y los vestían de guerrilleros. El objetivo: ganar primas y vacaciones por cada «baja” de guerrilleros. La acusación: ejecuciones extrajudiciales como política de Estado. Los crímenes se conocen como «Falsos positivos” y podrían llegar hasta la Corte Penal Internacional.
Álvaro Uribe ha sido igualmente acusado de haber usado el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la desmantelada agencia estatal de inteligencia, para perseguir a políticos de oposición, periodistas, defensores de Derechos Humanos y hasta magistrados de altas cortes.
Álvaro Uribe cuenta con unos 29 procesos en la Corte Suprema, además de más de 200 en otras instancias, incluida la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por delitos que van desde injuria hasta su presunta vinculación con masacres, apoyo o creación de grupos paramilitares y falsos positivos.
Senador, desde 2018
Según el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, tras la orden de detención domiciliaria, su cargo de senador debe quedar suspendido, y solo puede ser restituido si hay un fallo absolutorio.
Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia como disidente del Partido Liberal y ha migrado hasta la ultraderecha. Algunos hablan de una verdadera «mutación», con cada cargo público que ha ocupado. Otrora, Uribe unió a Colombia para ganar el poder, pero luego no parecía tener límites para expandirlo y mantenerlo. Hasta este 4 de agosto.
Tomado de Deutsche Welle
