Quito, 31 de enero de 2023.– La «narcopolítica», término que advierte la supuesta relación entre el negocio de la droga y la actividad política, se ha acuñado en la campaña proselitista del plebiscito y las elecciones locales que se celebrarán el próximo domingo en Ecuador.
El propio presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, anticipó la existencia de «narcopolítica» y su ministro del Interior, Juan Zapata, presentó a la Fiscalía una lista de 28 candidatos sospechosos de presuntas vinculaciones con el narcotráfico, la minería ilegal u otros delitos conexos.
Dicha lista no se ha hecho pública en resguardo de la investigación de la Fiscalía, única autorizada a revelar eventualmente los nombres, según reconoció Zapata tras entregar su denuncia en el Ministerio Público, una noticia que generó gran expectación entre los votantes.
Y, pese a guardar en reserva los nombres de los sospechosos , Zapata anticipó que se trataría de 21 candidatos a alcaldes, tres postulantes a prefecturas provinciales y cuatro personas que aspiran a ser concejales.
En las elecciones locales, unos 13 millones de ecuatorianos están facultados para elegir a 5.660 nuevas dignidades entre alcaldes (221), prefectos (23), concejales municipales urbanos y rurales (1.307) y vocales de juntas parroquiales (4.109).
También a 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), además de acoger o rechazar (Sí o No) las ocho preguntas de un referéndum impulsado por el Gobierno sobre temas de seguridad, democracia y ambiente, entre otros.
El propio presidente Lasso, al defender su consulta popular, adujo que quienes se oponen a los proyectos de enmiendas legales y constitucionales podrían ubicarse del lado de la narcopolítica.
Quienes se oponen a la consulta «son aquellos que instauraron la narcopolítica» en el país, así como «los que se alimentan de la corrupción», los «narcodelincuentes» y «los cabecillas de bandas delictivas y sus aliados del crimen organizado», afirmó recientemente el gobernante.
Y aunque no ha identificado a nadie en específico, Lasso ha insistido en que su consulta, en el campo de la seguridad ciudadana, intenta dar una respuesta al auge de la delincuencia y del crimen en las calles, especialmente en ciertas ciudades como la portuaria Guayaquil.
ASUNTO «RIESGOSO»
Para Carolina Andrade, una experta en temas de seguridad, «es muy riesgoso politizar» el tema de seguridad, con generalidades que pueden caber en estrategias de publicidad, pero que no contribuyen a encontrar soluciones a un problema que se ha exacerbado en los últimos dos años.
«Politizar la seguridad evita que se tomen decisiones técnicas, basadas en datos e información mientras se pierden vidas y aumentan las violencias», consideró Andrade en una entrevista con EFE.
Se lamentó de que el Gobierno ecuatoriano insista en «una narrativa que politiza las causas y posibles respuestas ante la histórica crisis de seguridad que enfrenta el país».
Además, este tipo de discursos podrían «estigmatizar» e «intentar eliminar a adversarios políticos del Gobierno con calificativos relacionados a la narcopolitica sin que se prueben relaciones reales», agregó la experta.
Según ella, este tipo de estrategia ya se usaron durante las movilizaciones sociales de octubre de 2019, cuando altos colaboradores del entonces mandatario Lenín Moreno culparon al movimiento indígena de haber recibido financiación ilegal para organizar las protestas antigubernamentales.
También algunos representantes del Gobierno de Lasso agarraron el argumento de supuesta financiación del narcotráfico a las movilizaciones sociales de junio de 2022, aunque en ambos casos nunca se probaron las denuncias.
ACUSACIONES REACTIVADAS
Estas acusaciones «nuevamente se han reactivado» en el contexto de la consulta popular promovida por el Gobierno, opinó Andrade tras considerar que este tipo de campañas buscarían «darle un respiro electoral a un oficialismo bastante desgastado».
El hecho de calificar sin mayor sustento de «narcopolítica» o de «antipatrias» a los actores de la oposición al Gobierno, también podría privar al Estado «de la capacidad de unir voluntades políticas y sociales» para buscar soluciones a los problemas del país.
Este es un «mal momento» para este tipo de estrategias políticas, «en medio de una grave crisis de violencia que sigue cobrando vidas» en el país, apostilló Andrade.
Fernando Arroyo León
EFE
