Por Juan Camilo Gallego Castro.
La mujer anda en un mutismo, ¿qué puede pensar ahora que cruza el surco? ¿Qué piensa mientras el hombre de brazos largos le sonríe y le da la mano? Mírela, con su jean y la camisa blanca, la bolsa de agua en su mano izquierda, los lunares diminutos bajo sus ojos. El cabello negro, la boca apenas abierta, un rostro que no da muestras de felicidad.
Se llama Marta Cecilia Julio Sierra y con ella está un abogado de camiseta azul, un reclamante de tierras que viste de rojo, gente con chaleco, tres policías armados a más no poder. Ella vivía ahí donde solo se ve una plantación de banano. Porque todo alrededor es banano, solo banano, porque ese lugar que acaba de dejar antes de cruzar el surco fue su tierra, se la arrebataron y solo ahora, hace unos minutos, antes de que esta foto existiera, la recorrió de nuevo. No está su esposo para vivir este momento, murió hace más de diez años, pero entró con él a este lugar el 11 de julio de 1985, ahí tenían su plátano y su maíz. Después de que haya cruzado el surco se tocará el pecho con el puño cerrado, apretará los labios y esa será su respuesta sin palabras a la pregunta “¿cómo se siente?”
Hay micrófonos de noticieros, de medios de comunicación, sobre Marta Cecilia. ¿Saben por qué sonríe? Porque acaba de decir “Sí, acepto”. El juez promiscuo de Apartadó, el hombre de camisa naranja y lentos oscuros, le dijo que desde ese momento era propietaria y dueña del predio que recorrió antes, y le preguntó si aceptaba recibirlo como estaba.
Le sigue un aplauso sobre una carretera amarilla y polvorienta rodeada de banano, en la vereda California, en Turbo.
-¿Qué siento? Siento felicidad, alegría, y a la vez, pues…- ella se detiene, pasa su mano derecha por su cara, la voz quebrada, ahora tristeza-. Las cosas nunca van a ser como antes, porque no voy a ser capaz de entrar a vivirla por muchas cosas que uno lleva por dentro: una, que mi esposo no está. Tocará ponerme de acuerdo con los hijos míos, pero para vivirla realmente le digo que no.
-¿Siente miedo?- le pregunta una periodista.
-Siento miedo –y asiente- miedo y tristeza. Miedo de cualquier represalia contra mis hijos y contra mí.
El 12 de junio de 2018 el Juzgado civil del circuito especializado de restitución de tierras itinerante de Apartadó dijo en la sentencia 059-02 lo que ustedes leen ahí, que le restituían la tierra a Marta Cecilia y a otras dos personas, también de California, también despojadas. La historia es así. En 1984 campesinos y colonos entraron a estas tierras que hoy solo son banano y se dedicaron a cultivar maíz, yuca, plátano. Pero en el 2001, un empresario bananero de nombre Felipe Echeverri Zapata citó a los habitantes de la vereda, a nombre de Raúl Emilio Hasbún, un paramilitar de la época y a quien le dicen ‘Pedro Bonito’, para decirles a ellos que estaban en la tierra de Hasbún y que debían pagar por ello.
A esa reunión también asistieron Rafael García, conocido como ‘El viejo’, y Antonio Arboleda, paramilitares del Bloque Bananero de las AUC. García fue antes guerrillero del EPL y Arboleda, administrador de la Convivir Papagayo en Urabá, por donde bananeros y empresarios de la región financiaban los grupos paramilitares.
Lo que no sabían los campesinos era que el 22 de junio de 1999 se declaró la extinción de dominio de las tierras en las que vivían, decisión que fue confirmada el 24 de septiembre de 2001. ¿Qué decía? Que esas tierras quedaban a nombre de la Nación y no en propiedad de la sociedad Emilio Hasbún y Cia.
Es decir, los predios por los que les estaban cobrando no eran del paramilitar y lo que estaba sucediendo era una estafa. Pero, ¿cómo podían saberlo? Entre 2001 y 2003 los campesinos fueron presionados por los paramilitares, comandados por Raúl Emilio Hasbún y el empresario Felipe Echeveri, quienes en el 2003 “se aprovecharían de la situación económica en que se encontraban los parceleros, para quedarse con las tierras, a través de algunas personas que habían incluso hecho parte de la comunidad de la vereda California”, dice la sentencia.
Por eso Marta Cecilia y su esposo empezaron a pagar por una tierra que les pertenecía y luego vendieron la finca Niña Luz al empresario José Gentil Silva Holguín, quien se aprovechó de la situación y compró las casi tres hectáreas como si fueran una ganga, como si les hiciera un favor a los campesinos.
Marta Cecilia firma un documento y sabe que la tierra es suya. Ahora sí. En la sentencia en la que le devuelven la finca Niña luz hay un párrafo en el que dice que el despojo en la vereda California se dio por una alianza entre grupos paramilitares y bananeros, quienes se apropiaron de un predio de nombre “La niña”, una tierra mucho más grande dentro de la cual estaba la de Marta Cecilia y su esposo, porque sabían que eran muy productivas.
Ella escribe su nombre, apoya el documento sobre una de sus rodillas y todavía se le ven infladas las mejillas, ahora vueltas sonrisa. Es que pasa de la sonrisa al llanto a cada momento, ¿qué pensará? ¿Qué querrá hacer con esa tierra que es suya porque este papel así lo certifica? Hace casi dos décadas, dice la sentencia, su esposo firmó un documento en blanco que le entregó el empresario Felipe Echeverri. Hablo de la reunión en la que los citaron, cuando todo era una estafa y no sabían, y luego de los siguientes encuentros con sus negociaciones. Digo: el esposo de Marta Cecilia firma un documento, temeroso, sin otra opción, porque a su alrededor están los paramilitares que los intimidan con sus armas.
Antes de su muerte, el esposo de Marta Cecilia compró una parcela de poco más de una hectárea en Los Coquitos, también en Turbo, no muy lejos de allí, a donde fue a parar con sus cinco hijos.
Allá en Los Coquitos asesinaron un hermano de Marta Cecilia el 11 de abril de 1988, una masacre en la que murieron 27 personas, trabajadores bananeros todos, los llevaron a la playa, asesinaron nueve, y luego se fueron con los demás en una panga. Los mataron uno a uno y luego los arrojaron al mar. A los tres días, el mar los había devuelto a las orillas.
Un mes antes, el 4 de marzo de 1988, los paramilitares asesinaron a 17 trabajadores bananeros en la finca Honduras, en el corregimiento Currulao, en Turbo, luego siguieron hasta la finca La Negra y mataron tres hombres más.
En Punta Coquitos, Currulao y Nueva Colonia, todos corregimientos de Turbo, la guerra convive con las plantaciones de banano, convive con los campesinos. Solo en Urabá, asesinaron 25 reclamantes de tierras desde 2008. De vez en cuando, alguien recupera su tierra, pero no sabe qué hacer: vender, volver a empezar, huir, esconderse. ¿Qué haría usted?
Usted mira a la izquierda y lee una columna en la que se asegura que lo que dice la sentencia 059-02 es falso. A la derecha, el empresario bananero Felipe Echeverri escribe la “realidad”, lo que dice que sucedió. Por ejemplo, dice que los campesinos lo citaron, lo buscaron para que fuera a una reunión. ¿Cuál reunión? Los campesinos fueron citados en 2001 a una reunión en la que les dijeron que la tierra era del paramilitar Hasbún. Según los campesinos, quien los citó fue Felipe Echeverri, pero él dice en este documento que no engañó a nadie, que fue una negociación transparente. Eso dice la acción de tutela de Echeverri una vez conoció la sentencia que les devolvía la tierra a los campesinos.
En la tutela hay varios apartes en los que dice: “Felipe A. Echeverri Zapata es profesional”, “ha sido directivo de importantes empresas”, como Bananeras de Urabá, Unibán y Augura, “es un empresario exitoso”, “es empresario altruista”, “es ejemplo de transparencia”, “proviene de una familia de tradición de trabajo y pujanza”.
En otro lugar asegura que los habitantes de la vereda California no han sido escuchados y que por ello exige que se les escuche. Pero no dice los nombres de los campesinos ni el número de personas. Sí dice que los campesinos aseguran que “nunca ha habido violencia en la vereda California”, que “al vender predios o terrenos, lo han hecho a buen precio y a personas convenientes para la comunidad”, “que ninguno de sus vecinos han acudido a las armas para influir en las relaciones ni en los negocios de la comunidad”, que “no es cierto que alguno de nuestros vecinos sea desplazado por la violencia” y que “no es cierto que las autodefensas atemorizaran a su comunidad para controlar el territorio ni apropiarse las tierras”. En el 2011, Felipe Echeverri le dijo al periódico El Tiempo que solo en el momento de la desmovilización supo que Raúl Emilio Hasbún era paramilitar.
También dice Echeverri en la tutela, que mintieron los campesinos, los reclamantes de tierras y que la justicia está equivocada. Pero miren esta otra foto.
El 5 de julio de 2019, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Civil Especializada en Restitución de tierras, dijo que al empresario bananero Felipe Echeverri no se le había vulnerado ningún derecho: ni el debido proceso ni el buen nombre ni a la honra ni al trabajo. La sentencia a esa tutela la firmaron tres magistrados, de manera que ratificaron la sentencia en la que se restituían las tierras de Marta Cecilia y dos reclamantes más.
El hombre de la izquierda está enojado. El de la derecha es el juez, que hace unos minutos le entregó a Marta Cecilia su tierra. El juez espera entregar dos predios más a Roberto Vásquez Ruiz y a Rodrigo Segundo Ogaza Rivero, pero este hombre gorra negra y camiseta azul está enojado. Miren la vena en su cuello. Le está diciendo al juez que se opone a la restitución de los dos predios, porque estos son suyos y porque se los compró a los dos reclamantes.
Su nombre es Francisco Javier Lozano, vive en la vereda California y la mayoría de vecinos están de acuerdo con él. Por lo siguiente: Roberto y Rodrigo fueron obligados a pagar por sus tierras al paramilitar Raúl Hasbún, pero luego, cuando la presencia paramilitar y la violencia no daba tregua, vendieron para irse de allí. Roberto, por ejemplo, recibió 30 millones por sus casi tres hectáreas de tierra, un precio bajo para una zona en donde hoy una hectárea puede costar alrededor de 500 millones de pesos.
Dice que le están quitando su tierra sin la posibilidad de defenderse, pero los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras le dirán lo contrario, que él no es un despojador, sino que es un segundo ocupante. Mejor dicho: llegó después a la vereda California y le compró a Roberto y a Rodrigo por un precio muy bajo, ante la violencia que se vivía en la región.
El juez lo escucha. Al final le dirá que la próxima vez regresará con una orden de desalojo, por lo que no podrá oponerse a que se les entregue la tierra a los reclamantes.
El 12 de febrero de 2019, el juzgado que les entregó la tierra a los campesinos Roberto y Rodrigo, reconoció a Francisco Javier Lozano como segundo ocupante de los predios, que él no obtuvo la tierra por amenazas ni violencia y que se pagó un precio razonable, que no ha colaborado o participado de acciones de desplazamiento o que hubiera integrado un grupo armado ilegal. Lo que dice la orden es que a Francisco tendrán que darle otra tierra con la misma extensión.
En el suelo están las hojas secas del platanal. De pie está Marta Cecilia, con las uñas recién pintadas y las sandalias negras cubiertas de polvo. Desde que la Ley de Víctimas existe en 2011, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 123.128 solicitudes, 6.385 son de Urabá, en donde rechazaron el 65% y solo se han resuelto 318 casos. Algunos de los últimos resueltos son los de Roberto, Rodrigo y Marta. Ella está de pie, llorando y sonriendo. Pudo estar preparada para caminar su tierra con unas botas, pero llegó al lugar con otro calzado, como si al salir de su casa en la mañana, no estuviera segura de que pisaría de nuevo la tierra que le parece ajena, hoy solo llena de bananos para exportar. Volverá a su casa, pensativa, y solo en un tiempo sabremos si vende o si hace su vida de nuevo en este lugar en donde once familias esperan que les devuelvan sus tierras, las que hoy continúan en manos de empresarios bananeros, los nuevos vecinos de Marta.
Tomado de IPC Prensa
