Buenos Aires, 29 octubre.- La tensión en Argentina por la creciente toma de propiedades privadas, en medio de la crisis económica, aumenta tras el desalojo policial este jueves de un terreno ocupado por cientos de familias desde hace más de tres meses y a la decisión judicial de que cese la ocupación de otro campo propiedad de un exministro.
El primer hecho destacado de la jornada tuvo lugar en el terreno bonaerense de Guernica, ubicado a unos 30 kilómetros de la capital, donde la policía desalojó una ocupación de tierras iniciada a finales de julio pasado, donde llegaron a vivir unas 3.000 personas.
Tras el diálogo en las últimas semanas con el Gobierno provincial, una buena cantidad de ellas se marchó, pero aún quedaban unas 200, que seguían en el terreno en el momento del desalojo.
UN DESALOJO POSTERGADO DURANTE MESES
El caso de Guernica fue uno de los más mediáticos en los últimos meses, en los que el Gobierno provincial solicitó hasta en cuatro ocasiones la prórroga de un desalojo que la Justicia determinó en primera instancia para el pasado 7 de agosto.
«El Gobierno de la provincia de Buenos Aires hace más de 30 días que está trabajando en el lugar, por esa razón se logró que el 80 % del las personas que estaban allí accediera a retirarse pacíficamente de la toma, con las alternativas que le planteo el Gobierno», señaló la ministra de Gobierno de la provincia, Teresa García, en diálogo con El Destape radio.
En medio de la polémica, el Ejecutivo provincial, liderado por el oficialista Axel Kicillof, creó el Fondo Especial de Subsidio para la Asistencia Crítica y Habitacional para «atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires que necesite asistencia para acceder a una vida digna», y que otorgará subsidios de hasta 50.000 pesos (unos 600 dólares según el tipo de cambio oficial).
Una decisión que fue criticada por miembros de la oposición al considerar que se premia a los usurpadores.
El desalojo de este jueves se llevó a cabo con incidentes y enfrentamientos entre los ocupantes y las fuerzas de seguridad, con lanzamientos de piedras y gases lacrimógenos, aunque tras unas primeras horas de tensión la policía se hizo con el control del lugar y en él permanecerán más de 500 efectivos para evitar nuevas ocupaciones.
A los que ocupaban las tierras se les ofreció acudir a albergues públicos mientras se resuelve su situación, y algunos actores políticos criticaron esta medida, como hizo la legisladora por el oficialista Frente de Todos en la capital Ofelia Fernández.
«Desalojo y represión en Guernica, aparentemente ninguna otra respuesta del estado para las 1.500 familias. La decepción y el repudio es total. Sacaron los palos con niños ahí, detuvieron a militantes secundarias, quemaron casitas de palos y nylon… me explico?», publicó en su perfil de Twitter.
El fiscal que lleva el caso, Juan Cruz Condomi, declaró a la prensa que por «las familias debería velar el Estado para procurar lo que sea necesario para que esas familias tengan lo que tienen que tener, no la Justicia. La Justicia representa a las víctimas, y las victimas son a quienes se les usurpó su terreno».
EL FALLO DE ENTRE RÍOS
De manera casi simultánea, en la céntrica provincia de Entre Ríos la jueza María Carolina Castagno pronunciaba el fallo para poner fin a otra de las ocupaciones mediáticas del país, el de los terrenos de la familia Etchevehere, donde en los últimos días se produjo una disputa por la herencia de esta tradicional familia argentina de terratenientes.
La familia se encuentra enfrentada después de que una de las hermanas, Dolores Etchevehere, participó en la toma de las tierras, que considera son suyas y no de sus hermanos, entre los que está el exministro de Agricultura de Mauricio Macri, Luis Etchevehere.
Los campos fueron ocupados por miembros del movimiento social que dirige Juan Grabois, referente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
La jueza decretó este jueves el fin de la ocupación «de manera inmediata, con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y los bienes que allí se hallan, pudiendo acudir al uso de la fuerza solo en caso de que resulte indispensable y en la menor medida posible».
«PRECEDENTE PARA FRENAR OTRAS USURPACIONES»
La decisión de la Justicia fue celebrada por los involucrados y por otras personalidades políticas, como la líder de Propuesta Republicana y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se desplazó a Entre Ríos para escuchar el fallo junto a la familia y lo calificó como un «precedente para frenar otras usurpaciones».
«¡Un verdadero acto de Justicia! El fallo «Etchevehere» es un precedente para frenar otras usurpaciones en el país. Sobre este tema no puede haber grises: yo estoy del lado de la ley, siempre. Es importante que el Gobierno se ponga del lado de las víctimas y no del delito», publicó Bullrich en su perfil de Twitter.
El exministro de Agricultura empleó la misma red social para celebrar el fallo y afirmar que «la ley se impuso a la barbarie».
«Muchas gracias a todos los que nos expresaron su apoyo durante la toma. Con verdad y justicia vamos a tener un país mejor. La ley se impuso a la barbarie», publicó.
LA POSTURA DE LA IGLESIA CATÓLICA
La Conferencia Episcopal de Argentina emitió un comunicado en el que afirma que «las distintas ocupaciones de tierras evidenciaron la precaria situación de tantas familias, que han debido procurarse un lugar para vivir», aunque «nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás».
«La Iglesia no avala las tomas. Son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas», resalta el comunicado.
En el texto la Iglesia afirma que «hoy más que nunca se hace necesario un Estado presente que se haga responsable de políticas proactivas en materia de acceso a la vivienda y al trabajo digno».
Por su parte, el dirigente social Juan Grabois, quien guarda una buena relación con el papa Francisco, afirmó a través de su Twitter que a lo largo del día expresará su postura «sobre el fallo adverso y los pasos a seguir».
Aitor Pereira
