Ginebra, 6 de septiembre de 2024.- La misión de expertos de la ONU para la investigación de abusos en la guerra civil en Sudán acusó este viernes al ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de crímenes de guerra, y a estos últimos también de crímenes contra la humanidad por sus ataques en Darfur contra pueblos no árabes.
En su primer informe desde su nombramiento por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en octubre de 2024, la misión de tres expertos presidida por el tanzano Mohamed Chande Othman pide que el embargo de armas declarado desde 2004 a grupos armados en Darfur se extienda a todo el país.
También recomienda el despliegue de fuerzas independientes para proteger a los civiles, que se extienda a todo Sudán la investigación que la Corte Penal Internacional inició en 2005 sobre violaciones de derechos humanos en Darfur, y la creación de un mecanismo judicial internacional para complementar el trabajo de dicho tribunal.
«Dada la falta de voluntad de las partes en conflicto en evitar los ataques a civiles, es imperativo que una fuerza independiente e imparcial sea desplegada lo antes posible para salvaguardar sus vidas», señaló en la presentación del informe Othman.
Más de 18.000 muertos y 10 millones lejos de su hogar
El documento señala que en el conflicto iniciado en abril de 2023, que ha causado más de 18.800 muertos, 33.000 heridos, 7,9 millones de desplazados internos y 2,1 millones de refugiados en otros países, ejército y paramilitares han cometido crímenes de guerra tales como ataques indiscriminados a civiles, torturas y asesinatos.
En el caso específico de las FAR y sus milicias asociadas, los expertos también les acusan de violaciones a niñas y mujeres «en rangos comprendidos entre los 8 y los 75 años», especialmente en Darfur y la capital Jartum, así como de reclutar a niños, provocar desplazamiento forzado y saquear numerosas localidades.
En lugares como El Geneina, la capital del Estado de Darfur del Oeste, el informe concluye que las FAR y sus milicias lanzaron ataques a gran escala contra masalit y otras etnias no árabes, asesinando a los hombres en determinadas comunidades y violando a mujeres y niñas, algo que podría constituir un crimen contra la humanidad.
Se acusa también a ambos bandos de ataques con armas explosivas de largo alcance en zonas civiles, entre ellos los de las FAR que causaron la muerte de 11 niños y dos profesores en una escuela del Estado de Kordofán del Sur y otro similar que mató a 34 personas, en su mayoría menores, en un colegio religioso en Darfur del Norte.
Las FAR y sus milicias asociadas también son señaladas por haber atacado y saqueado hospitales, y de pillajes en zonas como Jartum o Darfur donde se obligó a familias enteras a abandonar sus casas y se les confiscaron todas sus propiedades.
Los dos bandos han cometido, según el informe, torturas también contra niños que incluirían palizas, latigazos, arrancado de uñas y, al menos en el caso del ejército sudanés, el «waterboarding» o «submarino» (ahogar con agua a un prisionero hasta el límite).
Llamada a la acción internacional
«Estas revelaciones deben servir como una llamada de atención a la comunidad internacional para que tome acciones decisivas para apoyar a los supervivientes, a sus familias y a las comunidades afectadas, haciendo que los perpetradores rindan cuentas», destacó la suiza-jordana Mona Rishmawi, quien junto a Othman y a la nigeriana Joy Ngozi Ezeilo completa la misión tripartita.
El conflicto estalló el 15 de abril de 2023 por el desacuerdo entre el ejército y los paramilitares respecto a la inclusión de los segundos en el poder surgido tras el golpe de Estado de 2021, que acabó con el efímero intento de democratización del país tras el derrocamiento en 2019 del dictador Omar Al-Bashir.
El bando del ejército está liderado por Abdelfatah al Burhan, y los paramilitares, evolución de las milicias árabes «Yanyauid» que fueron armadas hace 20 años en Darfur para hacer frente a la insurrección de aquella región, son dirigidos actualmente por Mohamed Hamdan Dagalo, alias «Hemedti».
El informe fue elaborado con entrevistas a 182 víctimas, supervivientes y testigos de las violaciones denunciadas en el vecino Chad (que acoge a más de 600.000 refugiados sudaneses), Uganda y Kenia.
Los expertos indicaron que mientras sí mantuvieron contactos con el bando de las FAR, que se mostró dispuesto a colaborar en las investigaciones, no han logrado respuesta a las cuatro peticiones que enviaron al Gobierno sudanés con el fin de poder visitar el país para completar sus pesquisas.
El informe se presentará y será debatido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que la próxima semana iniciará su 57ª sesión, programada hasta el 9 de octubre.
Antonio Broto
EFE