Bogotá, 7 enero.- Al menos 73 excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC han sido asesinados en 2020 en Colombia, según alertó este jueves la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en el país, que manifestó su preocupación por la desprotección de los exguerrilleros.
De ese modo, ya son 249 los exguerrilleros asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Gobierno y las FARC, en una situación por la que la ONU insta a implementar medidas más efectivas para la protección y una respuesta más rápida a las alertas por riesgos y amenazas.
«Dada la creciente vulnerabilidad de los excombatientes y las excombatientes fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, es fundamental fortalecer las medidas de protección y seguridad», señaló el organismo en su último informe sobre el Acuerdo de Paz, publicado hoy.
Las condiciones de seguridad de los exguerrilleros se han deteriorado en los últimos meses en las zonas fronterizas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, donde disidentes de las FARC han aprovechado la limitada presencia del Estado para atacar a los exguerrilleros, limitar sus proyectos económicos y sabotear sus iniciativas políticas y sociales.
El documento de la ONU es tajante en señalar que la principal amenaza para la implementación de lo pactado «sigue siendo la persistencia de la violencia contra los miles de hombres y mujeres que dejaron las armas voluntariamente y de buena fe y siguen comprometidos con la paz».
Además de la violencia de la que siguen siendo víctimas comunidades que han sufrido el conflicto armado durante décadas, así como contra los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos.
PARAR LOS ASESINATOS
Para evitar los crímenes de más excombatientes es necesario asegurar más personal para la unidad de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, explicó la ONU.
La Misión de Verificación encontró que las amenazas de grupos armados ilegales obligan a los excombatientes a huir de los espacios habilitados para su capacitación y reincorporación, y que hasta ahora 191 de ellos han tenido que ser reubicados a otras zonas.
Según el documento, 25 de las víctimas de homicidios fueron asesinadas mientras esperaban la respuesta a las solicitudes de protección presentadas ante la Unidad Nacional de Protección, mientras que más de 1.000 solicitudes están pendientes de evaluación.
«Lograr el acceso equitativo de las excombatientes a esquemas de seguridad y protección sigue siendo un desafío», advirtió la ONU.
DESAFÍOS DE LA REINCORPORACIÓN
Cuatro años después de su desarme, el mayor desafío de la reincorporación de más de 13.000 excombatientes es el acceso a tierras, que según la Misión de Verificación, es esencial para la sostenibilidad del proceso, pese a los esfuerzos del Gobierno y entidades del Estado para otorgar subsidios familiares de vivienda y proyectos de predios rurales.
Para la ONU, es necesaria una mayor «atención institucional» a los excombatientes, pues «el deterioro de las condiciones de seguridad sigue repercutiendo negativamente en la reincorporación colectiva».
LA VIOLENCIA ACECHA A LOS LÍDERES
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó en 2020 el asesinato de 53 líderes sociales, mientras que 74 casos continúan en proceso de verificación, una violencia que desde la firma del Acuerdo de Paz se ha cobrado la vida de 378 defensores de derechos humanos.
De acuerdo con el informe, los ataques contra las lideresas siguen limitando su participación en la implementación de lo pactado, así como en la construcción de la paz en general.
