Chocó, Colombia, 16 mayo de 2022.- La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en un informe emitido el pasado 10 de mayo, aseguran de que, luego de haberse decretado el paro armado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que afectó a 11 departamentos del país, este mismo grupo, con alta presencia en el Litoral de San Juan Chocó, ordenó que se suspendiera el transporte de alimentos y pasajeros, afectando las condiciones de las comunidades que están bajo confinamiento. Se reporta que algunos pasajeros han sido retenidos en la ruta entre Docordó y Buenaventura.
EN CONTEXTO
En contexto, desde enero del 2022, cerca de 14.655 personas correspondientes a 3.726 familias y pertenecientes a 29 comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario ACADESAN y 32 comunidades indígenas Wounaan de 12 resguardos, permanecen confinadas por combates y disputas entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y las AGC. A este factor de riesgo se le suman las acciones de Fuerza Pública que en algunos casos afectan de manera directa e indirecta a personas protegidas por el derecho internacional humanitario.
La crisis producida por las permanentes restricciones a la movilidad y en el acceso a servicios básicos impactó las dinámicas normales de estas comunidades. Así mismo, se evidencia el aumento de las amenazas contra la población, los toques de queda, el reclutamiento de niños y niñas, los combates y enfrentamientos que ponen en riesgo a la población, especialmente a las comunidades de Río Grande.
Los enfrentamientos ocurridos entre el 21 de abril y 3 de mayo pasado dejaron un saldo de 111 personas (37 familias) desplazadas forzadas, todas pertenecientes a las comunidades afrodescendientes de Cacagual, Isla Mono y García Gómez que llegaron a la cabecera municipal Docordó y a Buenaventura (Valle del Cauca) para salvar sus vidas y la de sus familias .
El informe de alerta humanitaria también menciona el alto riesgo que corren las comunidades afrodescendiente del Choncho y la comunidad indígena de Tiocidilio porque también se encuentra en confinamiento desde el pasado mes de enero.
Pese a haberse realizado un Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición (SPPGNR) en Buenaventura (Valle del Cauca) el 29 de abril, el 5 de mayo se realizó otro Comité Municipal de Justicia Transicional (CMJT) para analizar la situación del Litoral del San Juan. Las condiciones humanitarias se siguen agudizando.
Mientras el abandono es total y el poder lo tienen los grupos armados, se nos desangra el departamento del Chocó y sus municipios.
En lo que va del año 2022 se han presentado 125 acciones violentas en las que ha sido expuesta la población. La oficina de asuntos humanitarios de Naciones Unidas tiene entre sus registros 35 casos de amenazas (individuales/colectivas), 16 enfrentamientos entre actores no estatales, 15 casos de confinamiento, 14 eventos sobre restricciones a la movilidad y sobre obstrucción de acceso a servicios y asistencia por parte de las poblaciones, 12 homicidios intencionales en persona protegida, 9 operaciones militares y hostilidades continuas impidiendo a las operaciones humanitarias, 8 combates, 7 interferencia en la implementación de actividades/acción humanitaria, 7 secuestros, 6 atentados, 6 accidente de Mina antipersonal – MAP, 4 hostigamientos, 4 desplazamientos masivos intramunicipales, 4 desplazamiento masivos interveredales, 3 casos de reclutamiento forzado o desvinculación de menores de edad y otros que han afectado a cerca de 200.000 personas.
La Defensoría del Pueblo ha informado tempranamente sobre la sistemática omisión del Estado en cuanto a las garantías de seguridad y no repetición de estas comunidades sobre las que se han emitido las alertas AT_034_19, AT_020_21 y AT_024_21, AT_031_19, AT_027_21 y AT_029_21 sobre las condiciones permanentes de riesgo que padecen estas comunidades.
Como si esto fuera poco, el pasado 14 de febrero del 2022, el obispo de Quibdó, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, hizo graves acusaciones contra el Ejército Nacional por posibles nexos y alianzas con las AGC en el departamento del Chocó y los límites con Antioquia.
El panorama es completamente desalentador, un departamento con comunidades marginadas, completamente empobrecidas, excluidas y sometidas porque no hay un gobierno interesado en ejercer la soberanía territorial.
El Chocó, cualquiera de sus municipios, está en riesgo desde hace décadas. Esta tierra no le importa al Estado ni ha existido un Gobierno que quiera atender esta crisis, la esperanza que tienen es una comunidad internacional que haga un fuerte llamado al Gobierno para que sin más dilaciones atienda a estas comunidades.
Por el momento, la suerte que le espera a estas comunidades es la continuidad de una guerra que no les pertenece y que deja víctimas que no le duelen al país. Los hechos se repiten y la impotencia se adueña de la esperanza.
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