Naciones Unidas, 21 enero.- El secretario general de la ONU, António Guterres, anunció este jueves la creación de un grupo de expertos que va a preparar propuestas para mejorar el sistema con el que se notifica a las partes del conflicto sirio de la localización de operaciones humanitarias y civiles para evitar que sean atacados.
La iniciativa llega a raíz de una serie de ataques registrados en 2019 contra hospitales y al menos una escuela en el noroeste del país, de los que una investigación de Naciones Unidas señaló el pasado abril al Gobierno sirio y sus aliados como probables responsables.
Tras ese incidente, Guterres ya planteó la necesidad de mejoras en el sistema y, ahora, tras consultar con los países, ha decidido poner en marcha un grupo que está encabezado por Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados y antiguo responsable en la ONU del acceso humanitario en Siria.
Según un comunicado, los expertos trabajarán de manera independiente y presentarán un informe final con sus propuestas antes del 10 de mayo de este año.
Naciones Unidas, a través de su oficina de Asuntos Humanitarios, se encarga de operar el mecanismo para tratar de garantizar que no se atacan objetivos civiles, compartiendo coordenadas facilitadas por organismos humanitarios a las fuerzas de Estados Unidos, Rusia y Turquía que operan en Siria.
Pese a ello, a lo largo de los años se han producido varios ataques contra puntos cubiertos bajo este sistema, incluidas instalaciones apoyadas por Naciones Unidas.
La investigación del año pasado consideró «altamente probable» que fuerzas sirias o sus aliados estuvieron detrás de los bombardeos en 2019 a tres instalaciones sanitarias, una escuela y un centro de protección para niños en las provincias de Hama e Idlib y ven «plausible» su responsabilidad en otro ataque a un centro de salud.
Mientras, señaló a fuerzas rebeldes o al grupo Tahrir al Sham (una antigua filial de Al Qaeda) por un ataque registrado en la misma época contra un campamento de refugiados palestinos en la provincia siria de Alepo.
Tanto Damasco como Moscú rechazaron las pesquisas, por lo que los expertos de la organización no recibieron autorización para visitar los lugares de los hechos, algo que complicó su tarea, según admitió Guterres en una carta remitida al Consejo de Seguridad.
